Con un llamado a la financiación sustentable por parte de los gobiernos para los servicios públicos vitales y la eliminación de la evasión fiscal empresarial, integrantes de las mayores organizaciones sindicales, de ONGs y religiosas del mundo se unieron, por primera vez, desde sus respectivos países, en la Semana Global de Acción por la #JusticiaFiscal, del 16 al 23 de junio de 2015. En el terreno local, se realizaron acciones en medios públicos y sociales en más de 43 países.

Esta Semana de Acción Global por la #JusticiaFiscal fue liderada por la Alianza Global para la Justicia Fiscal y sus redes regionales, incluyendo la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (coordinado por Latindadd), en colaboración con Oxfam, Action Aid, Christian Aid, la Internacional de Servicios Públicos, la Red de Justicia Fiscal, el Centro de Derechos Económicos y Sociales y muchos aliados más.

La Semana de Acción Global por la #JusticiaFiscal inició con una movilización, el martes 16 de junio, en las Naciones Unidas en Nueva York, justo cuando comenzaba la ronda final de las negociaciones de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo. De Nicaragua a Nepal, de Camerún a Canadá, las acciones nacionales se construyeron hacia una serie de acciones coordinadas con los sindicatos y entidades de la sociedad civil en todas las regiones, para conmemorar el Día Mundial de los Servicios Públicos, el martes 23 de junio.

Durante esa semana, más de 100 de las principales organizaciones[1], incluyendo sindicatos mundiales, organizaciones religiosas, de mujeres, de justicia fiscal y de derechos humanos, que en conjunto representan a más de 200 millones de miembros alrededor del mundo[2], se adhirieron a la Declaración de Lima sobre Justicia Fiscal y Derechos Humanos. Los adherentes han compartido esta declaración con sus líderes gubernamentales, representantes de la ONU y las comunidades.

La Declaración de Lima sobre Justicia Fiscal y Derechos Humanos explicita las razones fundamentales que atraen a personas en tantos países a levantar la bandera de la justicia fiscal. La declaración destaca que: "Los ingresos tributarios son el instrumento más importante, fiable y sostenible para que los Estados destinen recursos dirigidos al cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos de manera suficiente, equitativa y responsable.  Del mismo modo, la realización de todos los derechos humanos es una razón de ser fundamental de los gobiernos.  Es a través del respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que el Estado adquiere legitimidad para recaudar impuestos.

“La tributación también juega un papel fundamental en la redistribución de los recursos en formas que pueden prevenir y corregir las desigualdades de género, económicas u otras desigualdades y reducir las disparidades en el disfrute de los derechos humanos que se derivan de ellas. Por otra parte, un sistema tributario justo puede cimentar los lazos de rendición de cuentas entre el Estado y la gente, estimulando a los gobiernos a ser más sensibles a los derechos y a las reivindicaciones de aquellos y aquellas ante quienes deben responder. Las políticas fiscales pueden igualmente contrarrestar las flagrantes deficiencias del mercado y proteger los bienes comunes globales, en particular un medio ambiente sano en el planeta.

“Sin embargo, muchos países tienen dificultades para recaudar suficientes ingresos fiscales que les permita financiar adecuadamente la realización de los derechos humanos, todos los cuales tienen cierto costo financiero. Al mismo tiempo, los sistemas fiscales injustos a nivel nacional y mundial siguen alimentando la creciente desigualdad y la ampliación de las inequidades en el disfrute de los derechos humanos, desplazando la carga del financiamiento de los servicios públicos sobre los menos favorecidos de la sociedad, debilitando la prestación de los servicios existentes y concentrando la riqueza en manos de unos pocos privilegiados. Las políticas fiscales regresivas que se aplican en muchos países de todo el mundo del Norte al Sur, plantean una grave amenaza a los derechos económicos y sociales de los grupos ya desfavorecidos. Esta injusticia primaria está alimentando profundas desigualdades económicas, de género y políticas, erosionando la confianza en las instituciones gubernamentales, que parecen ser más responsables ante las elites económicas transnacionales que ante su propia población.

“La política tributaria es una política pública, y por lo tanto ya no puede ser tratada como una cuestión de mera ingeniería técnica ni puede dejarse enteramente a la libre discreción de los gobiernos, a menudo sin rendición de cuentas. En lugar de ello, hacemos un llamamiento a los gobiernos para cultivar pactos sociales y fiscales transformadores y fortalecer a las instituciones ciudadanas de vigilancia, cuyo objetivo es someter la política fiscal a los más rigurosos estándares de transparencia, eficiencia, participación pública y efectiva rendición de cuentas en consonancia con los principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos”.

Durante la semana de acción global en América Latina, miembros de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe se empeñaron en hacer oír claramente este mensaje de justicia fiscal, mediante el envío de cartas, videos y peticiones con fotos y reuniones en persona con líderes de los gobiernos.

En África, defensores de la justicia tributaria y sindicalistas se unieron para exigir la eliminación de los flujos financieros ilícitos, y apelar por la justicia fiscal y la inversión en los servicios públicos en lugar de la privatización.  En la región de Asia-Pacífico, se celebraron mítines y conferencias de prensa en las que se pidió justicia tributaria para financiar transporte, agua y otros servicios públicos de forma asequible. En América del Norte y Europa, los grupos locales organizaron reuniones con representantes gubernamentales, y realizaron proyecciones de películas, mítines en bicicleta por la justicia fiscal y otras actividades creativas.

Como parte de la Semana de Acción Mundial por #JusticiaFiscal, la exposición sobre el paraíso fiscal ‘los miércoles de Walmart’ atrajo la atención del público y de los medios de comunicación en todo el mundo, con la publicación del informe Walmart Web: How the World’s Biggest Corporation Secretly Uses Tax Havens to Dodge Taxes[3] (Web Walmart: ¿Cómo la mayor corporación mundial usa secretamente los paraísos fiscales para evadir impuestos?)

Y el nuevo informe An Extractive Affair[4] (Un asunto extractivo) ha mostrado cómo los manejos fiscales de la compañía minera australiana Paladin están costando a Malawi, el país más pobre del mundo, millones de los ingresos que se podrían poner en función del financiamiento de profesores y trabajadores de la salud.

Los negociadores de la Financiación para el Desarrollo en Naciones Unidas fueron informados sobre 10 razones por las que un Organismo Fiscal Intergubernamental de la ONU beneficiaría a todos[5]. Y muchas personas se inscribieron al medio de comunicación social 'Thunderclap', para el envío de más de 600 mensajes simultáneos pidiendo al Ministro de Hacienda de España que apoye las medidas de justicia fiscal en las negociaciones de las Naciones Unidas para la Financiación al Desarrollo.  Keyti, estrella de rap de Senegal, el economista estadounidense Robert Reich y cientos de otros campeones de la justicia fiscal protagonizaron la petición con fotos #TaxJustice (#JusticiaFiscal). Una sesión de formación internacional en línea estimuló animados debates sobre los vínculos entre la justicia de género y la justicia fiscal.

A nivel nacional, los ciudadanos siguen pidiendo a sus gobiernos que se comprometan a construir y apoyar sistemas tributarios nacionales eficaces y progresivos para financiar los programas sociales redistributivos que terminarán con la desigualdad.

A nivel internacional, a través del proceso de Financiamiento para el Desarrollo de las Naciones Unidas, grupos de la sociedad civil están presionando por la creación de un organismo intergubernamental sobre impuestos que incluya a todos los países como miembros iguales y que tenga el poder y los recursos para reformar la tributación internacional a las empresas, para evitar la evasión fiscal y la competencia tributaria perniciosa, y asegurar la cooperación fiscal entre los gobiernos. A mediados del mes de julio, en la cumbre de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo, en Addis Abeba, Etiopía, representantes de la Alianza Global para la Justicia Fiscal están hablando acerca de la importancia de que las empresas multinacionales paguen debidamente los impuestos que les corresponden, con el fin de financiar los servicios públicos de calidad accesible para todos.

El lema de la Alianza Mundial de la campaña por la Justicia Fiscal es: “¡Multinacionales, Paguen lo justo!".  Esta campaña también se basa en las conclusiones de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), que es apoyada por una coalición amplia.

Esta Comisión, que incluye a José Antonio Ocampo, Joseph Stiglitz, Magdalena Sepúlveda y Eva Joly, emitió una declaración importante a principios de junio, que apela a una amplia reforma del obsoleto sistema tributario corporativo internacional.

"Este debate se centra en la equidad: la equidad entre los buenos y los malos contribuyentes, entre el capital y el trabajo, entre los ricos y los que viven en la pobreza, así como la equidad entre los países, e incluso entre los países desarrollados y los países en desarrollo", dice el presidente del ICRICT, José Antonio Ocampo, ex Subsecretario General de las Naciones Unidas y el ex Ministro de Finanzas de Colombia. "Las reformas del impuesto a las sociedades a nivel internacional deberían ser consideradas desde la perspectiva del interés público mundial en lugar del interés nacional o empresarial."

"Las empresas multinacionales actúan y, por lo tanto, deberían tributar como empresas unificadas.  Es hora de que nuestros dirigentes sean audaces y reconozcan la ficción jurídica del principio de la entidad independiente", dice Joseph Stiglitz, profesor y Premio Nobel de Economía. "Durante la transición, los principales países desarrollados deberían imponer una tasa mínima de tributación a las empresas a nivel mundial para detener la carrera hacia el abismo".

La Comisión considera que el sistema actual es obsoleto e ineficaz para prevenir el abuso tributario por las corporaciones multinacionales e insta a todos los líderes del mundo a ser audaces en su reforma, pues sino corren el riesgo de una escalada del descontento público, que ya es feroz por motivo de los escándalos en torno a los impuestos corporativos.

Además, que el abuso fiscal por parte las corporaciones multinacionales aumenta la presión fiscal sobre los demás contribuyentes, viola las obligaciones cívicas de las corporaciones, priva a los países en desarrollo y desarrollados de recursos indispensables para la lucha contra la pobreza y para financiar los servicios públicos, agrava la desigualdad de ingresos e incrementa la dependencia de los países en desarrollo frente a la asistencia extranjera.

Los actuales esfuerzos de reforma del G20 / OCDE, con la iniciativa sobre Erosión de la Base Imponible y Transferencia de Ganancias, es un paso en la dirección correcta; pero resulta fundamentalmente inadecuada debido a que en este contexto el poder de toma de decisiones no es representativo a nivel mundial. Los desafíos del abuso fiscal exigen soluciones fiscales globales que no se pueden generar fuera de un organismo fiscal global que incluya a todas las naciones en la mesa. (Traducción ALAI).

Para mayor información, consulte www.globaltaxjustice.org

- Teresa Marshall se especializa en conectar a las problemáticas de las bases sociales con los movimientos internacionales por el cambio social. Actualmente trabaja como Coordinadora de Campañas y Comunicaciones con la Alianza Global por la Justicia Tributaria.