El 15 de julio de 2015 se llegó a un acuerdo en la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. En el texto no quedó recogida una propuesta clave apoyada por las organizaciones de la sociedad civil que demandaba la creación de un organismo incluyente en materia fiscal en el seno de las Naciones Unidas, en el que cada país tendría un asiento en la mesa, con igualdad a la hora de tomar decisiones en la reforma de las políticas fiscales globales. Esta medida había sido defendida por muchos países del G77 y fuertemente respaldada por los miembros de la Alianza Global para la Justicia Fiscal. El establecimiento de ese órgano político sobre fiscalidad dentro de la ONU sería una forma efectiva de asegurar que los países en desarrollo podrían aumentar la movilización de recursos internos a través de políticas fiscales internacionales más justas.

En su lugar, en la Conferencia se han hecho unos pocos ajustes menores al comité de expertos de la ONU ya existente. Los Estados Unidos y el Reino Unido estuvieron entre los países desarrollados que presionaron para asegurar que el “club de los países ricos” de la OCDE sigue siendo el único órgano intergubernamental que establece normas fiscales globales para todos.

En el documento final no se recogen iniciativas específicas de alivio de la deuda, mientras que la privatización y la financiación privada han quedado significativamente resaltadas como “soluciones” para la financiación para el desarrollo. El problema de los flujos financieros ilícitos se debatió, pero el lenguaje final acerca de este punto sigue siendo débil, sin medidas claras para su aplicación. Los Estados miembros simplemente instaron a “redoblar los esfuerzos para reducir sustancialmente los flujos financieros ilícitos en 2030, con miras a eliminarlos finalmente, mediante la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción a través de la regulación nacional, fortaleciendo una mayor cooperación internacional.”

El director de la Alianza Global para la Justicia Fiscal, Dereje Alemayehu dijo: “Esto se redujo a una cuestión de poder entre países ricos y pobres, entre los países desarrollados y el resto del mundo, entre los intereses corporativos privados frente al bien común. Los países más poderosos se han asegurado de que el status quo continúa a su favor – aunque sólo por el momento. Los activistas por la justicia fiscal llevan años impulsando estas demandas; la movilización para el cambio progresivo real sobre estas cuestiones sólo seguirá creciendo en los niveles nacional, regional y mundial”.

Durante varios eventos celebrados durante la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo, los miembros de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional, José Antonio Ocampo, Joseph Stiglitz y Eva Joly, junto a Alicia Bárcena, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Carlos Lopes, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para África, Thabo Mbeki, ex presidente de Sudáfrica, y el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim, elogiaron a los activistas de la sociedad civil, incluyendo su propuesta de crear un órgano intergubernamental inclusivo en materia de Fiscalidad, e instaron a continuar los esfuerzos en este frente.

RJF - Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.

(Fuente: Alianza Global para la Justicia Fiscal)