Ayer terminó en el país una asamblea de la Asociación Interamericana de Radiodifusores (AIR), gremial continental de televisoras y radios privadas que conspira contra la democratización de la comunicación y califica de “atentado contra la libertad de expresión” cualquier iniciativa que afecte directa o indirectamente los intereses de las grandes empresas mediáticas.

Por eso, en su diagnóstico sobre El Salvador, identifica “cuatro amenazas para la libre expresión”. La primer “amenaza” es el proyecto de ley de radiodifusión comunitaria que plantea un mecanismo para que organizaciones sociales sin fines de lucro accedan a frecuencias radioeléctricas y creen sus propios medios.

La segunda “amenaza” es la propuesta de ley de medios públicos que busca crear un sistema de medios públicos que promueva el debate plural de los temas de país, la cultura nacional, la memoria histórica y la participación ciudadana.

La tercera “amenaza” es un proyecto de ley de soberanía alimentaria, que incluye en su contenido regulaciones a la publicidad de alimentos poco nutritivos. Dichas disposiciones buscan reducir el consumo de la comida chatarra y promover la alimentación para una salud preventiva.

La cuarta “amenaza” es un proyecto de ley de cultura que establece, como medida para promover las expresiones culturales nacionales, porcentajes de programación musical y de contenidos audiovisuales en los medios de comunicación. La propuesta fue elaborada por asociaciones de artistas salvadoreños.

Se constata, pues, que todas las propuestas orientadas a promover la libertad de expresión, el pluralismo informativo, la cultura nacional, la diversidad mediática y la democracia deliberativa, son catalogadas por AIR como amenazas para la libertad de expresión.

Y ahora, seguramente, AIR registró ya una quinta “amenaza” contra su libertad de expresión. Se trata de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones derivadas de la sentencia de la Sala Constitucional que manda a la Asamblea Legislativa a crear mecanismos de asignación de frecuencias alternos a la subasta.

La reforma propone mecanismos diferenciados para la asignación de frecuencias a medios privados, públicos y comunitarios; nuevos requisitos para renovar las concesiones y crea una Dirección de Medios Audiovisuales en la SIGET.

Estas cinco iniciativas que AIR –desde los intereses corporativos que defiende– señala como “amenazas” a la libre expresión, son –en realidad– propuestas para garantizar la verdadera libertad de expresión, democratizar las comunicaciones y profundizar la democracia.