Las organizaciones ciudadanas, académicas, gremio periodístico y medios comunitarios que integran la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) presentaron este día, en la Asamblea Legislativa, varias propuestas de reformas a la Ley de Telecomunicaciones.

Las reformas buscan cumplir con la sentencia de la Sala Constitucional, emitida el pasado 29 de julio, que manda a la Asamblea Legislativa a establecer mecanismos de asignación de frecuencias radioeléctricas alternos a la subasta.

Por tanto, la principal reforma plantea la creación de un mecanismo incluyente y democrático para los medios comunitarios. Se trata de un concurso público, abierto y transparente que valore una serie de criterios relacionados con el proyecto comunicacional, la participación ciudadana, la sostenibilidad, entre otros.

La reforma también establece la asignación directa para medios públicos y mantiene la subasta para los medios comerciales.  La subasta será verificada por la Superintendencia de Competencia para garantizar transparencia y evitar mayor concentración.

Esta manera diferenciada de asignar frecuencias a medios públicos, privados y comunitarios reconoce automáticamente a estos tres sectores de la comunicación. La reforma, además, reserva parte del espectro disponible para medios comunitarios, como establecen los estándares de libertad de expresión de la OEA y de la ONU.

Y otras reformas plantean nuevos requisitos para renovar concesiones y la facultad de la SIGET para autorizar cualquier fragmentación o traspaso (alquiler, venta) de frecuencias otorgadas. Para esto siempre habrá dictamen de la Superintendencia de Competencia.

Para administrar el espectro radioeléctrico la SIGET creará una “Dirección de Medios Audiovisuales” que será la responsable de dirigir los procesos de subasta para medios comerciales y de concurso público para los comunitarios, renovar las concesiones y autorizar fragmentaciones o traslados de frecuencias.

Las reformas propuestas deben ser el inicio de una reforma integral al marco normativo de las comunicaciones. El país debe proponerse una nueva ley acorde a las actuales realidades tecnológicas y a los parámetros internacionales sobre medios de comunicación.

Todos los sectores democráticos deben asumir este desafío porque, para ampliar la democracia, hay que democratizar la comunicación y construir un modelo de medios más plural que garantice diversidad de voces. El actual esquema mediático, como dice la Relatoría de la OEA, “conspira contra la democracia”.