Habitualmente consideramos que la corrupción que erosiona las economías internas de los países del Tercer Mundo se asocia con la explotación de éstos por las grandes potencias capitalistas, porque abre grietas en las economías nacionales que propician fraudes y sobornos que agudizan los efectos del intercambio desigual, entre otros perjuicios éticos y morales.

Pero hay otro aspecto que raramente comentan las páginas de los periódicos: cuando los intereses de los explotadores extranjeros, se ven obstruidos por leyes o medidas anti-corrupción (nacionales o internacionales) que perjudican los mecanismos tradicionales de explotación extranjera, ocurre lo que acabamos de ver en la crisis política de Guatemala que provocó la renuncia del presidente Otto Pérez Molina  y la vicepresidenta de esa nación centroamericana, Roxana Baldetti.

 Ocurrió en el contexto de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), órgano “independiente” creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuya finalidad es apoyar las labores de la Fiscalía y la Policía Nacional Civil guatemaltecas en la investigación de los delitos cometidos por funcionarios y fuerzas irregulares de seguridad.

Pérez Molina se convirtió en el primer presidente en la historia de Guatemala que pierde la inmunidad y su cargo bajo acusación de corrupción. Y ello sucedió como resultado del trabajo de la citada comisión investigadora internacional, en cuyo seno se cuestiona el papel que ejercen las presiones de Estados Unidos.

Pérez Molina renunció a su alta magistratura el 3 de septiembre cuando estaba siendo investigado por el caso “La Línea”, un diseño de defraudación aduanera que consistía en el cobro de comisiones a empresarios por permitirles evadir impuestos, transgresión por la que antes fue obligada a renunciar la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien ya se encuentra en prisión.

El propio comisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez, en entrevista concedida a la cadena multinacional TELESUR, admitió el financiamiento de la entidad por Estados Unidos, aunque indicó que la CICIG no responde a ninguna embajada. “Washington es sólo uno de los contribuyentes financieros a la Cicig, al igual que la Unión Europea, Suecia y otros países”, argumentó Velásquez.

En enero de 2015 el ex presidente Pérez Molina dio por concluidas las labores de la Cicig en Guatemala, cuyo mandato expiraba el 15 de septiembre. "La fase de trabajo de la Cicig ya terminó y lo que no pudo hacer en ocho años seguramente no lo va a poder hacer en uno o dos años más", declaró el mandatario recién depuesto.

En marzo último, el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, viajó a Guatemala para reunirse con los presidentes de los países que integran el llamado Triángulo Norte Centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador) para “negociar” acerca de la aplicación de la Alianza para la Prosperidad, una iniciativa del presidente estadounidense para “ayudar a la región”.

Biden usó la ocasión para manifestar el interés estadounidense por que se extendiera el período de vigencia de la Cicig, lo que se convirtió en tema central de debate en el encuentro regional.

"La Cicig debe ser prorrogada; claro está que es una decisión soberana pero debe prorrogarse si alguien espera que el congreso estadounidense se sume a la iniciativa comprometiendo miles de millones de dólares (…). La continuidad de Cicig es muy, muy, muy importante", insistió Biden.

Las presiones alcanzaron al Congreso estadounidense cuando el 24 de marzo el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del órgano legislativo, el republicano Edward Royce, y el líder de los demócratas en esa instancia, Eliot Engel, enviaron un mensaje a Pérez Molina pidiéndole la extensión del mandato de la Cicig, recordándole el papel de Washington en su financiamiento.

A Estados Unidos le corresponde aportar 7,16 millones de dólares de los 14 millones de que dispone la Cicig para 2015; la parte restante proviene de otras fuentes occidentales como Canadá, Noruega, Suecia y la Comisión Europea.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala ha sido una de las máximas defensoras de la comisión investigadora. El embajador Todd Robinson ha defendido públicamente las labores que realiza la Cicig en ese país.  Según el acreditado analista indígena en temas de la región Ollantay Itzamná, “al sacrificar al Presidente Otto Pérez Molina, cuyo gobierno era promovido, financiado y copado por empresarios y militares, se intenta exonerar a los truhanes que robaron y saquearon al Estado y los bienes del pueblo por casi dos siglos”.

Los guatemaltecos jamás olvidarán que, en 1954, Estados Unidos lideró el golpe de Estado que derrocó a su presidente legítimo, Jacobo Árbenz, y a partir de entonces mantuvo en el poder a todas las sangrientas dictaduras que se sucedieron hasta 1986 con su sostén y ayuda financiera, política y militar.

- Manuel E. Yepe,  http://manuelyepe.wordpress.com/