Si en un par de artículos recientes nos preguntábamos por el nivel de democraticidad de las arquitecturas institucionales en general y de algunos ejemplos uruguayos en particular, ¿cómo eludir la inquietud ante los aciagos acontecimientos represivos suscitados el último martes con el desalojo de estudiantes secundarios? ¿Cómo excluirlos de una secuencia de agrietamientos en la compleja juntura del movimiento social, la dirección política frentista y el curso del gobierno? Las protestas y las luchas ¿no están entre las herramientas de las que pueden servirse los afectados por alguna decisión, para incidir sobre ella? Desde hace algo más de un mes, es en la educación donde se sitúa el epicentro de la sismicidad política y sindical, alentada por el compromiso programático del Frente Amplio (FA) de alcanzar el 6% del PBI en el presupuesto quinquenal. Si en algún punto se sospechara, con o sin fundamentos, de algún giro en la consecución del programa u otras demandas previstas aunque insatisfechas, será inevitable algún tipo de conflictividad. Luego de las huelgas de profesores, la semana pasada los estudiantes secundarios tomaron -en su doble acepción- una audaz iniciativa.

Muy resumidamente, la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Secundaria (CEEM) tomó durante el fin de semana las oficinas del Consejo Directivo Central (Codicen) afectando también a otros organismos públicos que tienen oficinas en el mismo edificio. Ante esto, el Ministerio de Trabajo envió en la tarde del martes a “tres mediadores de muy alto nivel: dos abogados y una funcionaria administrativa”, según el propio ministro Murro ante la prensa. Les proponían instalar una mesa de diálogo a cambio del desalojo. Al fracasar, Murro solicitó al Ministerio del Interior que “tome cartas en el asunto” aunque, como ahora sabemos, finalmente consideró conveniente sustituir las cartas por palos en tal asunto. ¿Los malos modales de un grupo de adolescentes es parte de los fundamentos para solicitar el uso de la fuerza? No deja de ser curioso que el ministro haya referido a la forma del rechazo al sostener que los ocupantes “les tiran los papeles en la cara”.

Si en cualquier protesta o práctica de lucha de cualquier actor civil todo progresismo debe armarse –sólo- de paciencia aguzando la escucha y la capacidad negociadora y persuasiva, ¿qué otra precaución sino la multiplicación de estos cuidados debe tenerse cuando esos actores son adolescentes? Si en cualquier conflicto el uso de la fuerza debe ser el ultimísimo recurso, sólo para cuando la integridad física de algún o algunos ciudadanos pueda estar en riesgo (y con toda clase de controles públicos, tecnologías de registro y garantías políticas y judiciales), cuánto más en este caso con estos protagonistas. A la sociedad uruguaya le resulta casi imposible reconstruir la trama precisa y la secuencia de los graves acontecimientos de violencia, ante las contradicciones irreconciliables de los comunicados y conclusiones de las partes involucradas. Más aún lo es para mí a la distancia, lo que no quita que la sola desembocadura de heridos y destrozos me invite a reflexionar sobre el grado de democraticidad progresista exhibida en este lamentable suceso. Fue a iniciativa del FA que se despenalizó la ocupación aunque un decreto excluye a los edificios públicos. ¿No implica acaso reconocer su legitimidad como método de protesta?

El Ministerio del Interior responsabiliza en un comunicado a fuerzas ajenas como el sindicato del taxi o la agrupación “Plenaria Memoria y Justicia” que habrían atacado a la policía en el exterior, mientras el de la CEEM lo desmiente sosteniendo que “no hubo palo nada más a los que se enfrentaban” a la policía “ya que fuimos agredidos tanto fuera como dentro del edificio”. Por su parte, los universitarios (FEUU) subrayan que el Ministro del Interior Bonomi miente “en sus declaraciones cuando dice que no hubo violencia en el interior del edificio. Miente cuando dice que no se violentó a los menores de edad que se encontraban ocupando, cuando se dice que la desocupación fue voluntaria. No hay auto evacuación con la Republicana dentro del edificio, y también miente cuando dice que la represión se desató como consecuencia del Suatt y de Plenaria Memoria y Justicia”. A la vez, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) aceptó la propuesta del Codicen de observar el procedimiento de desalojo de su sede, cosa que hizo el propio presidente de la INDDHH, Juan Faroppa, quién luego elaboró un informe. Profundizando aún más las contradicciones y la ambigüedad, el informe sostiene que “no se utilizó la fuerza contra los jóvenes ocupantes” y que “en el exterior del edificio (…) la Guardia Republicana no se dirigió al grupo de estudiantes ocupantes (sino que) se centró en el grupo de manifestantes, muchos adultos y con rostros cubiertos, que enfrentaron con extrema violencia al personal policial”. Que en ese marco “no existió, por parte de las fuerzas policiales, un uso sistemático, masivo e intencional de la fuerza abusivo y/o excesivo (aunque) lo anterior no significa que no se hayan observado casos puntuales por parte de algunos efectivos policiales que mostraron, en forma innecesaria, un uso abusivo de la fuerza”. ¿Y entonces? ¿Habrá advertido Faroppa que ya no es más subsecretario del Ministerio del Interior como lo fue en el primer gobierno del FA, sino que ahora está al frente de la institución que debe resguardar el respeto por los derechos humanos de toda la ciudadanía? ¿Palazos en la cabeza por parte de uniformados, no son una violación flagrante de los derechos que está llamado a preservar aunque no haya sido un plan “sistemático” y “masivo”?

Si bien mi relación con la academia es estrecha, no lo es con ese nivel educativo, además de no ser psicólogo. Mi asistemática y epidérmica percepción de la situación de esa etapa me la proveen desde familiares adolescentes hasta hijos de amigos que tienden a confirmarme la pervivencia -respecto a mi ya lejana época- de abulia y desinterés, de opresión y absurda obediencia que la institución produce en los receptores. Desde entonces, la secundaria pareciera incólume ante su propia crisis. Frente a ello, recuerdo como una inmensa liberación y empoderamiento la experiencia de mis propias prácticas de lucha de estudiante, tanto como percibo actualmente los riesgos que conllevó. Participar a los 14 años en procesos de movilizaciones pero también de tomas del colegio del que dominábamos, techos, oficinas y recovecos, tiempos de guardia autoadministrados, discusiones apasionadas, confrontando todo aquello con la monótona apatía de receptor pasivo de contenidos alejados del más mínimo interés, explica mi entusiasmo y dedicación estudiantil de entonces. Probablemente algo de esta comparación valga en la actualidad. De la lucha de una de esas ocupaciones surgió la primera revista que fundé y dirigí, “Nuestra voz”, que conquistó además una oficina enorme para funcionar en horas extraescolares. También fuimos apaleados pero en movilizaciones en Plaza de Mayo en aquel ´72 de la dictadura del Gral. Lanusse ya que afortunadamente la policía nunca intentó desalojarnos de las tomas, lo que tal vez hubiera desencadenado una masacre. Porque era tal el empoderamiento omnipotente de aquella adolescencia que además de editar la revista en las oficinas, escondíamos armas y explosivos (no todos caseros) como absurda e irresponsable autodefensa ante una eventual represión. La sensibilidad política adolescente y sus predisposiciones subjetivas hacia la rebeldía y la indignación ante la injusticia se asemejan más a un frágil bidón de combustible que a una fuente controlada de energía. Una chispa puede desatar lo impredecible.

Por eso considero una irresponsabilidad política para cualquier izquierda o progresismo, tanto el envío de fuerzas represivas al conflicto como la decisión de grupos políticos y sindicales de confrontar físicamente con la policía, poniendo en riesgo a los protagonistas y obliterando el carácter de sus batallas y metodologías. Por advertencia de este diario llegué a la página extraoficial de facebook de la Guardia Republicana advirtiendo que chorrea sangre y venganza en cada párrafo. Exhibe con orgullo su voracidad represiva y su fuerza y se presenta disponible a eliminar delincuentes y hasta jueces que los liberan y se ensañan con la policía. Por el mail de un amigo, llegué a un blog anarquista que comenta su propio rol o el de otros en este desastre argumentando que “atacar a la policía, defender la lucha, ejercer la autodefensa es un orgullo, es la sangre misma de la libertad y es el camino para encontrarnos”. Me deben faltar más palos en el cráneo aún, además de agresiones varias para encontrarme y liberarme. Mi admiración por el anarquismo no los incluye, como no excluye a los luchadores de las responsabilidades por los eventuales actos vandálicos sobre los bienes. Una toma responsable debe dejar lo ocupado en condiciones mejores aún que al momento de la ocupación. ¿Enuncio aquí una reedición acotada de la teoría de los dos demonios? La desigualdad de fuerzas y motivaciones lo desestiman inmediatamente.

Pero no descarto una teoría de los dos estúpidos.

Emilio Cafassi

Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar

Publicado en La República 27/9/2015