San Juan, Puerto Rico, 9 de septiembre de 2015 (NCM) – Los accidentados esfuerzos del Gobierno para recuperar la confianza de Wall Street se tornaron más controversiales al conocerse detalles de estrategias para apuntalar el control de los medios de comunicación, predisponer la opinión pública y repartir salarios a personas sin que rindan servicios.

Entre los informes sobre la relación del Estado con los medios masivos están la denuncia de que se intenta que un grupo favorito del Gobierno adquiera un periódico financiero y que se han hecho gestiones para que canales de televisión acomoden en su programación películas de entretenimiento que ayuden a manufacturar consensos favorables a medidas objetadas.

En el caso del periódico Caribbean Business, sometido a la competencia del tribunal federal de quiebras de Estados Unidos, dos grupos inversores compiten por adquirirlo. Uno de ellos radicó formalmente una moción en la que alega que el Gobierno favorece a su competidor de manera abierta e ilegal y haciéndole representaciones falsas al tribunal, documento en el que se alude directamente al financiero Miguel Ferrer como uno de los favorecidos.

El control del prestigioso rotativo, publicado en inglés, es particularmente importante en la circunstancia presente, en la que las noticias sobre la situación fiscal y económica de Puerto Rico circulan por todo el mundo.

El segundo caso surgió de fuentes del más alto nivel que dieron detalles sobre reuniones en las que se ha discutido o incluso gestionado solicitar los mencionados favores de canales de televisión. Las fuentes han dado detalles y nombres de participantes en dichas reuniones, en las que no aparenta haberse tomado en cuenta que esa práctica plantea problemas con reglas sobre la distancia que debe mantener el gobierno –que al menos en Puerto Rico ya tiene un nivel alto de anuncios en esos medios- en cuanto a no influir los contenidos difundidos por las televisoras y el cuidado de no interferir con la libertad constitucional de expresión. 

Dichos informes trascienden en momentos en que el favoritismo hacia medios noticiosos de clara tendencia oficialista se hace tan ostensible que se trata de ocultar información de actos públicos a los periodistas en general para tratar de que los cubran reporteros designados. La situación ya ha provocado críticas y advertencias de la Asociación de Periodistas.

De hecho, por primera vez, el Palacio de Santa Catalina no contestó llamadas reiteradas de NCM Noticias, que intentaba advertirle sobre los documentos obtenidos, en cumplimiento de las normas periodísticas.

Mientras tanto, en momentos en que los diversos sectores sindicales se aprestan a convocar nuevas manifestaciones populares contra las medidas de austeridad y control, ha surgido un borrador de un proyecto de ley para ofrecer a miles de empleados del Estado un “pre retiro” que, entre otras cosas, les permitiría recibir 60 por ciento de su salario por quedarse en casa. Ese programa, que equivale a una licencia a poco más de medio sueldo –sin realizar trabajo alguno- a empleados de carrera hasta que llegue su edad de retiro, podría ayudar a aliviar el ambiente de protestas, aunque levanta dudas sobre moral pública y prudencia fiscal.

El texto del borrador dice que con la medida se ahorrarán millones por concepto de pago de nómina, pero no se especifica cuánto y en la parte correspondiente lo que hay es una línea en blanco.

Como es práctica común, el borrador identifica como coautores todos los representantes de la delegación mayoritaria a la Cámara de Representantes, aunque se trata de un documento interno del Ejecutivo, que todavía no se ha enviado a la Legislatura. Cuando se le mencionó el tema a fuentes legislativas, se mostraron sorprendidas y aseguraron no saber del asunto.

Las controversiales acciones y propuestas se producen en momentos en que los intentos por garantizar el apoyo legislativo al plan fiscal del Ejecutivo han tropezado con dos obstáculos formidables. El primero fue que la reunión de la conferencia legislativa del oficialismo falló debido a que ni siquiera se les mostró el documento de referencia y, segundo, la pretensión de que la mayoría parlamentaria respalde cambios drásticos sin siquiera tener una garantía de que los acreedores de Wall Street ven con buenos ojos tales reformas.

El propio portavoz mayoritario del Senado, Aníbal José Torres, advirtió que no hay ni un legislador que pueda apoyar un plan que no ha visto y medidas que no se han presentado. De forma similar contestó, al salir de la reunión, el representante Manuel Natal, también del oficialista Partido Popular Democrático, quien cuando se le preguntó por qué había pasado dos horas en una reunión como la descrita, contestó que “eso tiene que contestarlo el que la convocó”.

Esas complicaciones del drama político interno ocurren en momentos en que el asedio y el aislamiento de Puerto Rico siguen incrementándose.

Al menos hasta el cierre de esta crónica, las casas clasificadoras de bonos de Wall Street se mantenían en silencio sobre el pre acuerdo con una parte de los acreedores del monopolio estatal de electricidad sobre miles de millones de dólares de su deuda y que depende, entre otras cosas, de que los nuevos bonos que emita esa corporación sean liberados del nivel de “basura” en que ahora se encuentran. Esa dificultad mantiene inciertos los intentos para que se inicien negociaciones para restructurar toda la deuda del país, que sobrepasa su producto nacional bruto.

De igual forma, en el ámbito hemisférico, el aislamiento de Puerto Rico es tan notable que hasta ayer no se habían obtenido los permisos necesarios para que pueda viajar a Dominica un grupo de socorristas puertorriqueños a unirse a los de muchos otros países, que llegaron para ayudar ante el desastre provocado por la tormenta tropical Erika el mes pasado. Pese a los esfuerzos impecables, primero del Palacio de Santa Catalina y luego del Departamento de Estado, hubo que descartar primero el envío de decenas de bomberos y ahora, un grupo de médicos –primero cinco y luego sólo tres- siguen aguardando por los permisos de viaje