Siete meses de acampe de pueblos originarios en Buenos Aires y ninguna solución. El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, interlocutor del Gobierno ante las comunidades, amenaza a los indígenas, los insta a no movilizarse, se victimiza frente a los reclamos, arma operaciones de prensa y resalta “los millones de pesos” que cuesta proteger a los qom.

El funcionario está nervioso, se lo ve molesto y hasta agresivo. En el despacho oficial, ante una veintena de testigos, interpela a Félix Díaz, levanta el tono, lo destrata. No responde las denuncias de las comunidades, no escucha la violación de derechos que existen en Formosa, solo dirige sus dardos contra el líder qom. E, insólito, pone sobre la mesa que él es hijo de desaparecidos y que “este Gobierno es el más ha hecho por los derechos humanos”. Amenaza que, de hacerse público los detalles de la reunión, se cortará todo diálogo.

El funcionario interpela a un wichí que tiene teléfono-grabador en mano. Luego lee el acta de la reunión, se enoja, se levanta de la silla, amenaza retirarse, vuelve a leer el acta y, de mala manera, avisa que no la firmará. Deja la reunión de “diálogo” sin siquiera saludar a los presentes.

Una semana después, el funcionario nacional llega hasta el acampe Qopiwini (Qom, Pilagá, Wichí, Nivaclé) de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Intenta convencer de que no se movilicen. Los Qopiwini explican que irán al acto por el monumento de Juana Azurduy, quieren entregar un documento a Evo Morales e invitarlo al acampe para que conozco la situación indígena de Argentina. El funcionario se molesta. Y amenaza. Advierte que, si movilizan, se cortará todo diálogo con Nación.

El protagonista del destrato y violencia hacia los indígenas es Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos, ex militante de la agrupación Hijos, con línea directa con la Presidenta. Tan contradictorio como cruel: una víctima de la dictadura que ahora invisibiliza, y hasta relativiza, al régimen feudal formoseño de Gildo Insfrán.

Siete meses de acampe. Cuatro mesas de diálogo. Ninguna solución. Y los derechos humanos selectivos.

Cuatro meses

El 1 de julio amaneció con avisos de represión. Un centenar de policías, con carros hidrantes y perros rodeaba el acampe Qopiwini. El jefe del operativo argumentaba una orden judicial, pero nunca la exhibió. Mediante redes sociales y llamados a medios, la situación tomó lugar en las radios y noticieros de la mañana.

Entró en acción Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos desde 2012. Luego trascendió que monseñor Mario Poli se había comunicado con el Gobierno y, en años de kirchnerismo papista, Fresneda fue el elegido como interlocutor.

Ni el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; ni el ministro del Interior, Florencio Randazzo, podían mediar. El candidato a gobernador bonaerense (y denunciado por su rol en la represión de Puente Pueyrredón –2002–) está identificado por los Qom y la Mesa de Garantes (Serpaj, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, APDH La Matanza) como un férreo aliado de Insfrán. Incluso se enfrentó (y forzó la renuncia) en 2011 al entonces presidente del INADI, Claudio Morgado, por defender a los qom.

Randazzo, que había sido interlocutor en 2011, no cumplió ninguno de los acuerdos gestados en aquella oportunidad. Y fue desairado cuando la Presidenta se inclinó por Scioli.

Fresneda, abogado, hijo de desaparecidos, ex militante de hijos, tonada cordobesa fue el elegido. Los recibió en la oficina de la calle 25 de Mayo. Afirmó que estaba para “escucharlos y ver qué posibilidades de resolución hay por parte del Gobierno Nacional”.

Los Qopiwini plantearon la judicialización que pesa sobre los que luchan, los enfermos por Chagas, falta de vivienda, carencias del sistema de salud, falta de agua, la mala implementación de la Ley 26160 (relevamiento indígena, que debe contar con participación indígena), el reconocimiento del estatuto de la Federación Pilagá.

Fresneda tiró la pelota a la Corte Suprema (para que resuelva por la doble personería jurídica de la comunidad La Primavera y las tierras). Y a Provincia.

Jorge Palomo, wichí de Laguna Yema, advirtió que si la Presidenta no los recibe “sigue la huella de Roca”. Y lo mismo para el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Fresneda pidió que armen una lista con todos los puntos a resolver, diferenciado por comunidad.

A cuatro meses de campe, tomó nota de los reclamos y descomprimió la situación. No estuvo Félix Díaz (estaba enfermo) y tampoco ningún enviado del gobernador Insfrán.

Gritos

Una semana después, el 8 de julio, el Secretario de Derechos Humanos cambió la estrategia. Recibió a una numerosa comitiva (más de 25 personas) en la sede de la Secretaría. Se molestó porque eran muchos: “Esto parece una asamblea. Así no se puede dialogar”. Se enojó porque un wichí estaba grabando el encuentro. Instó, de mala manera, a que nada de lo charlado se haga público.

Además de los Qopiwini, estuvieron presentes los garantes de la Mesa de Diálogo (que acompañan desde 2010): APDH La Matanza, Serpaj, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Gajat, Resistencia Qom y Endepa. También representantes de la Defensoría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo.

También había asesores de diputados de la oposición. Allí tuvo un cruce Fresneda. Se molestó mucho por la presencia de un abogado de derecho indígena de Río Negro (y asesor de la diputada Magdalena Odarda), que semanas atrás había dado testimonio en el programa de Jorge Lanata sobre cómo Osvaldo Sanfelice (socio de Máximo Kirchner) usurpó tierras mapuches. El funcionario del INAI, Sebastián Demicheli, hablaba por lo bajo con el Secretario, querían que se retire de la reunión. Finalmente, por decisión de los Qopiwini, permaneció.

Se volvió a hablar de la falta de DNI de comunidades Nivaclé. Fresneda ofreció una gestión ante Randazzo, luego mencionó al INAI. Y argumentó que no se podía avanzar en muchos puntos porque no estaban los representantes de Insfrán. Y se solicitó al INAI un informe sobre el estado de situación del relevamiento territorial (Ley 26160) en Formosa.

“Un indígena sin el territorio es como un tigre sin el monte”, explicaron los Qopiwini. Félix Díaz complementó: “Luchamos para preservar el territorio de la contaminación, para cuidar la vida”

Félix Díaz señaló que era necesario un gesto del gobierno nacional. Mencionó la posible intervención para reubicar a dos familias de criollos que están en territorio qom. Y recordó que, incluso durante la dictadura, se atendió un reclamo similar.

Fresneda se alteró. Le gritó a Díaz. Hizo hincapié durante largos minutos de su condición de hijo de desaparecidos. Sobreactuó.

En ningún momento los Qopiwini avalaron la dictadura. Pero el Secretario aprovechó la ocasión para cambiar el eje de la reunión, justo ante quienes fueron víctimas del primer genocidio del Estado argentino. Y, en 200 años, nunca tuvieron reparación ni justicia.

Los garantes presentes escribieron un acta con cinco puntos de acuerdo. Fresneda volvió a enojarse porque figuraba que se comprometía a llevar a la Mesa de Diálogo a funcionarios de Formosa. Volvió a gritar. Amenazó con irse.

La abogada del Serpaj modificó el texto (“se realizará gestiones para solicitar a la Provincia que participe en la Mesa de Diálogo”). Fresneda igual se negó a firmar. Se levantó y se fue. Ni saludó a los presentes.

“Estaba enojado. Trató mal al hermano Félix. Nos trató como patrón y no como alguien de derechos humanos”, afirmó Jorge Palomo, ya en el acampe.

Prohibido marchar

La campaña publicitaria prometía festejo popular. El 15 de julio se inauguraba el monumento a Juana Azurduy, en el mismo lugar que fue removido el de Cristóbal Colón (detrás de casa de Gobierno). Fue presentado por el Gobierno como un acto de independencia y reivindicación de la historia y cultura del continente. Invitado espacial (y donante de la escultura), el presidente de Bolivia, Evo Morales.

Los Qopiwini convocaron a marchar hasta el lugar de acto. Estaban de acuerdo con el nuevo monumento, pero sobre todo querían llegar hasta Evo Morales, entregar un documento de la situación indígena en Argentina e invitarlo al acampe.

Horas antes de la movilización (el mismo 15 de julio), Fresneda llegó hasta el acampe. Pidió reunión privada con los líderes y, en tono amable pero firme, exigió que no se movilicen. Los líderes indígenas le ratificaron que marcharían.

El Secretario de Derechos Humanos cambió el tono. Amenazó a los Qopiwini con cortar todo diálogo (incluso suspender el trámite de los DNI) si se dirigían al acto oficial. Estuvo secundado por Sebastián Demicheli, del INAI. Prometió que, de cumplirse su pedido, la mayor parte de los temas de la Mesa de Diálogo se encarrilarían pronto. Los Qopiwini le pidieron que dé su palabra. Fresneda la dio.

Los indígenas de Formosa evaluaron la situación. Aún creen en la palabra de sus interlocutores. Confiaron en el Secretario de Derechos Humanos.

Ninguna de los pedidos se cumplió.

Serpaj

El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), espacio emblemático de la lucha por los derechos humanos, es uno de los organismos que siempre acompañó a los pueblos originarios. El 22 de julio emitió un comunicado. “Los derechos humanos continúan siendo violados por gobiernos con democracias formales y están sufriendo una crisis conceptual. Frente a las protestas sociales de pobladores e indígenas, los gobiernos, a veces nacional a veces provinciales, responden con represión, persecución y/o intimidación, judicializando las protestas”, denunció.

Cuestionó el avance del extractivismo petroleo, agronegocios y megaminería. “Los pueblos originarios están desde hace más de cinco meses en el acampe en Avenida de Mayo y la 9 de Julio, reclamando ser recibidos por el gobierno nacional frente a las continuas violaciones de sus derechos. El Gobierno busca invisibilizar a los pueblos originarios con la complicidad de organizaciones nacionales y provinciales como el Poder Judicial de Formosa, el INAI y el gobierno de Formosa”, afirmó.

Relató que el Cardenal Poli fue quien intervino ante la Presidenta, que a su vez designó a Martín Fresneda para tratar los reclamos.

Firmado por Adolfo Pérez Esquivel, el comunicado del Serpaj resalta tres puntos:

-Realizar nuevamente el relevamiento de los territorios indígenas que se hicieron sin la presencia de las comunidades.

-Terminar con la judicialización de las protestas sociales de los pueblos originarios y la represión.

-Enviar un camión del Ministerio del Interior para que puedan sacar el DNI.

Acampe

El 29 de julio hubo conferencia de prensa en el acampe. Amanda Asijak, de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) fue al grano. “Fresneda nos mintió, no quiso que marchemos”.

Jorge Palomo, wichí, lamentó el silencio de la Presidenta, de la Corte Suprema, de senadores y y diputados. “Nos siguen matando con la indiferencia, discriminación y racismo. Esta causa no se trata de dinero, de simplemente hablar, esta causa se trata de territorio. Ya que el territorio es la vida de los Qopiwini”, resumió.

Más de lo mismo

La cuarta reunión fue el 20 de agosto. Junto a Fresneda estuvieron dos alfiles de Insfrán: Luis Basterrra (diputado nacional) y Rodrigo Vera (legislador provincial, sobrino de Jorge González, el jefe de Gabinete de Insfrán). También el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, y el director de Tierras del INAI, Antonio Dell Elce.

Se volvió a acordar que el INAI enviaría el informe de aplicación de la Ley 26160.

“Se dijo lo mismo que ya habían dicho. Y que aún no cumplen”, afirmó Jorge Palomo, ya cansado de reunirse y no tener acciones concretas. Pablo Pimentel (APDH La Matanza), en diálogo con FM Radio Sur (de Parque Patricios) reconoció: “¿De concreto qué respondieron (los funcionarios)? Nada”. Mencionó el descrédito que tiene los funcionarios, avisó que el acampe seguirá hasta que los reciba la Presidenta. Señaló que le pidió a Fresneda que actúe con “celeridad” y lamentó que no se realizó acta ni se fijó fecha para próxima reunión.

Ni siquiera se resolvió la falta de DNI de los Nivaclé y Qom (incluso el nieto de Félix Díaz). La Secretaría de Derechos Humanos no resolvió ni el derecho a la identidad de los pueblos originarios.

Hijo(s)

Juan Martín Fresneda es hijo de Tomás Fresneda y María de las Mercedes Argañaraz, ambos secuestrados en julio de 1977 durante “la Noche de las Corbatas”, una serie de operativos con que la dictadura desapareció a un grupo de abogados de Mar del Plata. Se crió (junto a su hermano Ramiro) con su tía en Catamarca. Terminado el secundario, fue estudiar derecho a la Universidad de Córdoba.

Allí fue del grupo fundador de la Agrupación Hijos (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y trabajó activamente en la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. Fue querellante en los tres primeros que se lograron reabrir en la Provincia y en los que fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez y Jorge Rafael Videla.

Luego de la muerte de Eduardo Luis Duhalde, Fresneda fue nombrado en mayo de 2012 (por la Presidenta) al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. Nunca un hijo de desaparecidos había ocupado el más alto cargo de esa dependencia oficial.

Este periodista solicitó entrevista con Fresneda, pero el área de Prensa de la Secretaría no devolvió los llamados.

Periodismo-Propaganda

El Secretario de Derechos Humanos había exigido que no se publicara información de las reuniones (incluso bajo amenaza de suspender el canal de diálogo), pero sí gestionó que la agencia de noticias Telam diera su versión de los hechos. El 10 de agosto la agencia tituló: “El Secretario de Derechos Humanos recibió a los referentes de las comunidades Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé para tratar los diversos reclamos territoriales (…) Con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ya hemos relevado más de seis millones de hectáreas”.

La semana siguiente tuvo otra nota. ”Fresneda mantuvo un encuentro con Félix Díaz y representantes de pueblos originarios”, señaló el despacho oficial el 20 de agosto por la noche. Resaltó que “nuevamente” fueron recibidos por el funcionario. El periodista de Telam no consultó a ningún indígena y remarcó (otra vez) la voz de Fresneda: “Es la primera vez que un Estado nacional reconoce que existe el patrimonio de la tierra a favor de los pueblos originarios”.

La nota, levantada por medios oficialistas, no era casual. Fue en vísperas de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ámbito donde tramita una causa por la comunidad La Primavera.

El 23 de agosto, Telam publicó una nueva nota del funcionario. “Fresneda y la CIDH visitarán Salta para monitorear la entrega de las 400 mil hectáreas a indígenas”.

El lunes 31 de octubre, el acampe Qopiwini volvió a la agenda mediática. El cantante Gustavo Cordera brindó un minirecital y tuvo amplia cobertura de canales de TV y radios. Cordera cuestionó la política oficial hacia los pueblos originarios y también hablaron los voceros de Qopiwini.

Fresneda volvió a retrucar desde Telam, en dos artículos. “Félix Díaz no lo dice ni lo reconoce, pero yo lo recibo en nombre de la Presidenta”, fue el título militante de la agencia gubernamental. Según Telam: “Fresneda se reunió con Díaz ‘en más de diez oportunidades’ y el Gobierno se ocupa de ‘todos y cada uno’ de los problemas que los indígenas plantean”.

Por el tema territorial, el funcionario volvió a responsabilizar a la Corte Suprema y prometió: “Las 5183 hectáreas que tienen nadie se las va a tocar”.

El periodismo oficialista fue por más. “En cuanto al supuesto rol partidario de Félix Díaz, el funcionario afirmó: ‘Lo veo como un dirigente indígena que puede ser opositor o no, no me va a variar mi postura frente a él y frente a los reclamos’”.

Un segundo artículo de Telam dio cuenta de que la CIDH mantendrá la medida cautelar que protege la vida y la integridad física de Félix Díaz y los integrantes de la comunidad. La agencia oficial señaló: “Pese a que el gobierno argentino había pedido que se levante la medida por inexistencia de ataques”.

Martín Fresneda cuestionó la vigencia de la medida cautelar: “No puede estar ‘sine die’ (sin plazo). La comisión tendrá que fundamentar por qué la mantiene”.

Aunque son públicos los hechos de violencia en la comunidad qom Potae Napocna Navogoh-La Primavera (incluida la represión de 2010, dos asesinatos y una decena de muertes dudosas en cuatro años), Fresneda priorizó el argumento económico. Afirmó que la CIDH fue informada por el gobierno argentino sobre “los millones de pesos que invierte en seguridad con 91 gendarmes que garantizan el perímetro para la seguridad de Félix Díaz y toda la comunidad”.

Roles

Ni Gildo Insfrán, ni Aníbal Fernández, ni Florencio Randazzo.

Un hijo de desaparecidos y militante de derechos humanos es quien frena las demandas indígenas, las tergiversa, las manipula.

Juan Martín Fresneda es quien presiona, amenaza, intenta deslegitimar a quienes sufrieron un genocidio y aún no encuentran justicia. De víctima a engranaje útil de un sistema victimario.

Los Qom, Pilagá, Wichí, Nivaclé (Qopiwini) acampan hace siete meses en reclamo de agua, salud, educación, vivienda y, claro, territorio. Sobrevivieron a un genocidio y, avisan, seguirán en lucha.

http://www.darioaranda.com.ar/2015/09/acampe-indigena-y-derechos-humanos-selectivos/