Introducción

Estados Unidos y Cuba acaban de reanudar sus relaciones diplomáticas —recordemos que interrumpidas en 1961 de manera unilateral por el gobierno imperialista—; un paso importante, sin duda. Pero aún queda mucho camino por recorrer para que las relaciones entre ambos países sean más o menos respetuosas y plenas. Por una parte el genocida e ilegal bloqueo sigue vigente y, por el otro, el territorio guantanamero ocupado de manera ilegal sigue sin ser devuelto a sus dueños naturales.

Cuando ciertos medios reaccionarios —la sección de televisión del diario español El País, por ejemplo— se empeñan en difundir que el territorio que alberga a la base naval estadounidense está ocupado de manera legal, no cabe duda de que mienten descaradamente. El texto que añado a continuación desenmascara dichas manipulaciones.

Un poco de historia para situarnos

No cabe duda de que la muerte en combate de José Martí —Dos Ríos, 19 de mayo de 1895— y de Antonio Maceo —Punta Brava, 7 de diciembre de 1896— influyó de negativa manera en las filas independentistas que lucharon contra el colonialismo español.

Gracias a ello, en parte, Tomás Estrada Palma se adueñó de la dirección política de la Guerra de Independencia —la supresión de la elección anual del cargo de Delegado propició que él mismo dirigiera el Partido desde 1895 hasta 1898 sin ser efectivamente electo— y el Partido Revolucionario Cubano abandonó la posición antiimperialista, introduciéndose notables modificaciones que lo alejaron sustancialmente de la idea martiana original [1]. También se perdió la democrática costumbre de rendir cuentas anuales de la gestión realizada, y se incrementó las relaciones con la burguesía productora de azúcar —en septiembre-octubre de 1896, con el consentimiento de la Delegación cubana de Nueva York y la de París, los azucareros cubanos en Francia llegaron a negociar, sin resultados concretos, la compra de la Isla a España.

En 1898, cuando los cubanos ya habían vencido prácticamente a los españoles, el gobierno yanqui decidió participar en la contienda. Y como en principio nadie le dio “vela en aquel entierro”, se autohundió el Maine. Era el 15 de febrero cuando en la bahía de La Habana estalló el buque, ocasionando la muerte de 266 personas. Estados Unidos ya había dado con el pretexto que buscaba.

Finalmente los españoles fueron vencidos, el gobierno de William McKinley ya tenía a parte de su ejército en el interior de la Isla de Cuba y, aprovechando la coyuntura histórica, Estrada Palma disolvió el Partido. Los yanquis consideraron a los mambises “disidentes de la Corona” y al Ejército Libertador como un “ejército extranjero”, lo que propició también la disolución del propio Ejército Libertador y de la Asamblea General de Representantes de la Revolución. El 12 de agosto de 1898 se firmó el armisticio entre la Metrópoli y el gobierno de los Estados Unidos —obsérvese cómo los cubanos fueron descaradamente ninguneados—; y el 10 de diciembre del mismo año, con el Tratado firmado en París por España y Estados Unidos sucedió exactamente lo mismo: el desprecio y absoluto soslayo a los mambises y al pueblo de Cuba. La firma de aquel Tratado supuso el traspaso de España a Estados Unidos, a partir del 1 de enero de 1899, de la Isla de Cuba, además de Puerto Rico y las 7.100 islas de Filipinas y de Guan.

Los soldados españoles tenían de plazo para abandonar Cuba ese mismo primero de enero, quedándose como “garantes” de la “independencia” de la Isla los marines estadounidenses. El 29 de diciembre de 1898, Máximo Gómez expresó que Cuba no era “ni libre ni independiente todavía”, y casi un mes después, el 28 de enero de 1899, escribió: “Tristes se han ido los españoles y tristes hemos quedado nosotros, porque un poder extranjero los ha sustituido […] los [norte]americanos han comenzado con su tutela impuesta por la fuerza”.

Al mismo tiempo que los gobernadores militares yanquis dictaban órdenes en Cuba, en junio de 1900 se celebraron elecciones municipales, y en septiembre elecciones para delegados a la Convención Constituyente que se encargaría de redactar una Constitución; encargo materializado en febrero de 1901.

El 12 de junio se aprobó la Enmienda Platt. De treinta y un delegados cubanos, dieciséis votaron a favor de la Enmienda; once en contra; y cuatro estuvieron ausentes. Conviene recordar que cuatro de los que votaron a favor, lo hicieron al “sentirse forzados por las circunstancias y en contra de su voluntad”. Una de las amenazas estadounidenses para imponerla Enmienda Platt fue la de no retirar las tropas de ocupación si aquella no era aprobada.

El gobernador militar yanqui en la Isla, Leonard Wood, quitándole importancia al asunto, expresó: “[La Enmienda Platt] no es sinónimo de entremetimiento o injerencia en los asuntos del Gobierno cubano, sino la formal acción de los Estados Unidos basada en justos y sustanciales fundamentos para la preservación de la independencia cubana”. Pero tamaña mentira quedó al descubierto cuando el propio Wood escribió a Theodore Roosevelt, sustituto del presidente McKinley: “Por supuesto que a Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia con la Enmienda Platt”.

Esta Enmienda fue un Apéndice a la Constitución de 1901, y, poco después, en 1903, al Tratado Permanente entre Cuba y Estados Unidos.

Al amparo de su artículo tercero, la Enmienda Platt permitía intervenir militarmente a Estados Unidos en Cuba siempre que el gobierno imperialista lo considerara necesario [2], y cedía parte del territorio nacional —el Guantánamo que nos ocupa— para, según el artículo séptimo, “mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa”.

Estrada Palma llegó a la presidencia de Cuba el 20 de mayo de 1902. Aunque nacido en la Isla, este individuo era ciudadano norteamericano, y, durante los últimos veinte años antes de ocupar su cargo, residió en los Estados Unidos. Acérrimo anexionista, ya en 1898 había expresado su deseo de que Cuba se ofreciera a la nación vecina como parte integrante de ella. Afín al dictado yanqui, bajo su mandato se firmó, pues, el Tratado Permanente y también el Tratado de Relaciones Comerciales que oficializaba la dependencia política y económica respectivamente.

Bastantes años después, en 1934, el Tratado de Relaciones abolió la Enmienda Platt en su conjunto, pero dejó en vigor el artículo séptimo de la misma referido a la base naval.

La base naval de Guantánamo, una ilegalidad permanente

Se mire por donde se mire, la base naval norteamericana de Guantánamo rebosa ilegalidad a raudales. Antes de nada, se debe recordar que los delegados cubanos que participaron en la ya mencionada Convención de 1901 estaban autorizados a redactar una Constitución, pero no, de ninguna manera, a conceder parte del territorio nacional a un país extranjero. Y es elemental en Derecho que un acuerdo nunca será válido si el que consiente se excede de los poderes que le fueron concedidos, como sucedió en este caso concreto al aceptar la Enmienda Platt y su séptimo artículo. De modo que, como se puede observar, la base naval de Guantánamo es ilegal desde su origen.

La instalación yanqui ocupa la mitad de la Bahía de Guantánamo, y abarca un área de 117,8 Km² —49,4 de tierra firme y el resto de agua y pantanos—, delimitando una línea de costa de 17,5 kilómetros.

Este territorio fue arrendado por el gobierno de los Estados Unidos para ser utilizado como carbonera o estación naval; recordemos que con el fin de “mantener la independencia de Cuba…”. Pero más de 100 años se han encargado de demostrar que su utilización real siempre ha sido otra muy distinta; hasta el punto de que, como todo el mundo sabe, actualmente alberga a una monstruosa cárcel derivada en centro de tortura de no pocos prisioneros extranjeros.

Si se trata de “mantener la independencia de Cuba”, ¿cómo conseguirlo utilizando una herramienta —la Enmienda Platt— que en general y por la concesión de la base en particular —artículo séptimo— viola la propia independencia que asegura proteger? Durante la Guerra de Liberación (1956-1958), el territorio del II Frente Oriental Frank País, comandado por el compañero Raúl, fue bombardeado a cada rato por la aviación enemiga, y, para ello, los aviones del ejército de Batista repostaban y se abastecían de bombas de fabricación estadounidense en la cercana base naval norteamericana de Guantánamo. ¿Acaso, con su apoyo logístico a la dictadura implantada por ellos, los yanquis protegían la independencia de Cuba?

Todo arrendamiento implica un uso determinado, y es obvio que la base yanqui ha sido y es utilizada para actividades que no guardan ninguna relación con el uso pactado. Estamos, pues, ante otro ejemplo de ilegalidad respecto a la base.

Por otra parte, toda base militar es ilegal si se halla instalada y mantenida contra la voluntad del pueblo de la nación donde ésta esté ubicada. Y, de manera contundente, el pueblo de Cuba hace años que se pronunció a ese respecto. El artículo 11 de su Constitución [3] establece que “La República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos o concesiones concertados en condiciones de desigualdad que desconocen o disminuyen su soberanía e integridad territorial”.

A modo de conclusión

Las autoridades cubanas han anunciado en más de una ocasión que nunca aceptarán negociación alguna respecto al territorio ilegalmente ocupado, ya que consideran que las tropas allí acantonadas están contra la voluntad expresa del pueblo de Cuba. De todos modos, saben que, históricamente, el gobierno de los Estados Unidos siempre ha buscado el más mínimo pretexto para intervenir en la Isla. Desde 1959, la base ha sido fuente de agresiones y provocaciones —un soldado cubano, por ejemplo, fue asesinado en 1964 y otro en 1966 por disparos realizados desde la instalación norteamericana—. Es por eso que el gobierno cubano —éste reclama el territorio amparándose en el artículo 52 de la Convención de Viena de 1969, que declara abolido todo tratado existente si se ha usado la fuerza o la intervención militar— descartó recuperar sus legítimos derechos mediante la fuerza, dejando que tarde o temprano la justicia se imponga.

Pero la justicia por sí sola de momento no llega. No solo es hora de exigir el cierre del vergonzoso centro de tortura yanqui en Guantánamo, sino también de que en el mismo “lote” vaya la devolución del territorio guantanamero usurpado a sus dueños naturales hace ya tantísimos años.

Notas

1.- El Partido Revolucionario Cubano se fundó el 10 de abril de 1892, y, según el artículo primero de sus bases, se constituyó “para lograr con los esfuerzos unidos de todos los hombres de buena voluntad, la independencia absoluta de la Isla de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico”. La liberación antillana era para Martí inconcebible sin la liberación efectiva continental.

2.- Y por supuesto que intervinieron en varias ocasiones. La primera intervención, después de la retirada de tropas en 1902, fue entre 1906 y 1909 con Tomás Estrada Palma como presidente y con la “Guerrita de Agosto” como pretexto; la segunda “injerencia preventiva” data de 1912, con José Miguel Gómez al frente del país y el alzamiento del Partido de los Independientes de Color como excusa; y la tercera abarcó desde 1917 hasta 1922, en esta ocasión bajo los mandatos de dos presidentes: Mario García Menocal (1913-1921) y Alfredo Zayas Alfonso (1921-1925). En 1917 Menocal se reeligió de manera fraudulenta y los del Partido Liberal se alzaron en armas, motivo por el cual los estadounidenses —estos apoyaban a Menocal— intervinieron en la guerra popularmente conocida como “La Chambelona”. Fue Zayas, el “presidente puente” entre Menocal y Gerardo Machado (1925-1933), quien en 1922 pidió la retirada de las tropas norteamericanas.

3.- En la discusión del proyecto constitucional participaron alrededor de 6.200.000 personas pertenecientes al Partido, los sindicatos, los CDR, la FMC, la ANAP, la FEU, la FEEM, las unidades militares y las misiones cubanas en el extranjero. Si exceptuamos a los niños y tenemos en cuenta que en 1976 la población de Cuba era bastante menor que la de ahora, llegaremos a la conclusión de que de forma directa y personal prácticamente todos los habitantes participaron en el examen del documento. 5.500.000 se pronunciaron a favor de mantener el texto sin modificaciones, y 16.000 propusieron algunos cambios, que fueron respaldados por algo más de 600.000 participantes. Enriquecido su contenido por la discusión popular a través de infinidad de asambleas en todo el territorio nacional, la Constitución Socialista fue probada por el Congreso, y, finalmente, mediante referéndum, también por el 97,7% de la población electoral. Los cambios realizados en diferentes momentos y por diversos motivos también contaron con la participación de la inmensa mayoría de la población.

- Paco Azanza Telletxiki, https://baragua.wordpress.com