La crisis en Guatemala no cesa. Entre el 22 y 24 de agosto se conoció la renuncia de cuatro ministros y dos secretarios de Estado en Guatemala. Cynthia del Águila, ministra de educación, Sergio de la Torre, ministro de economía, Luis Monterroso, ministro de salud, Sebastián Marcucci, ministro de agricultura, el comisionado para la Competitividad, Juan Carlos Paiz, y la comisionada para la reforma policial, Adela Camacho de Torrebiarte. Dichas renuncia se dan luego que el Ministerio Público y la CICIG iniciaran proceso de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, acusado de ser uno de los jefes de “La Línea”, una de las mafia criminales dedicada a la defraudación tributaria. Asimismo, después del encarcelamiento de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ocurrido el 21 de agosto, acusada de ser cabecilla de dicha estructura criminal, junto al presidente Pérez Molina.

En su mayoría, se trata de la renuncia de cuadros empresariales, como Adela Camacho, integrante de uno de los principales grupos corporativos del país, y de operadores del capital organizado políticamente en el CACIF. La tarea fundamental de Marcucci, de la Torre, Paiz y del Águila, consistía en hacer avanzar la política de competitividad empresarial, sostener las bases neoliberales que predominan en el Estado y, de forma específica, concluir con el desmantelamiento de la educación pública.

 Más relevante aun es el hecho que estos ministros también fueron operadores de los intereses del imperio estadounidense. En el último año han sido facilitadores del Plan imperial para la "prosperidad" del Triángulo Norte (Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte) y de las decisiones educativas de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (AID) para Guatemala. Es decir, facilitadores de las políticas productiva, comercial, de seguridad y educativa de Estados Unidos.

 Es de recordar que grupos empresariales, dirigentes en el CACIF, fueron financistas y apoyo para que el PP y Otto Pérez Molina ganaran la elección en el 2011 y han sido sostén del su gobierno.

 Aun con sus diferencias y distanciamientos relativos, el CACIF mantuvo a sus cuadros en el gobierno corrupto de Otto Pérez Molina hasta que le resultó insostenible. A raíz de las acusaciones documentadas en contra del presidente, el CACIF cesa finalmente su apoyo al gobierno, lo cual fue hecho oficial el día viernes 21 de agosto cuando pide su renuncia. Esto explica el discurso del 24 de agosto del presidente, cuando, además de negarse a renunciar, acusa a estos empresarios de ser “la otra Línea”, la de los corruptores, entre otros señalamientos que forman parte de la reacción de Pérez Molina al retiro de apoyo de la alta burguesía del país.

Es significativo que, sumándose a la petición de renuncia contra el presidente Pérez Molina, el CACIF pretende darse un baño de pureza y se ubique como parte de las fuerzas que exigen la renuncia a Pérez Molina. No obstante, el CACIF seguirá siendo uno de los principales responsables de la debacle del Estado, sumido en una crisis profunda debido a la corrupción y saqueo de los recursos públicos, que llegaron a su máxima expresión con esta estructura criminal encabezada por el presidente y su ex vicepresidenta.

 Es indudable que el CACIF no da un paso sin que este corresponda con una estrategia previamente definida, en este caso para intentar el mantenimiento del control de la crisis y garantizarse una transición de beneficio para sus intereses de clase. En esta tarea, sin duda, estarán en contubernio con la Embajada de EEUU, en dirección a integrar y establecer las normas de un gobierno de transición, idea que sectores de derecha y algunos que se autodenominan socialdemócratas están acuerpando.

 Así las cosas, contrario a lo que consigna la Constitución Política de la República, el pueblo sigue siendo objeto de suplantación. En este sentido, es muy probable que esa suplantación se consolide a través de elecciones fraudulentas, ilegales e ilegítimas en marcha y/o de un gobierno de transición controlado por el CACIF y EEUU.

Afortunadamente, el pueblo se mantiene movilizado, exigiendo la renuncia de Pérez Molina, luchando contra la corrupción y accionando para hacer valer su carácter de soberano que exige transformaciones profundas. 

 Tales transformaciones en la actual coyuntura, son visualizadas transitando por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, que redacte una nueva Constitución Política, como inicio del camino para la refundación del Estado en Guatemala.