Los actos de corrupción son propios del ser humano y de las sociedades mismas. El asunto es, como en cualquier otra imperfección humana, cómo controlarla, evitarla y disminuir al máximo sus efectos. Si una persona o un grupo social no tiene criterios y conceptos claros para hacerle ver los daños que causa el acto corrupto, las motivaciones, discernir sobre los efectos perjudiciales, su impacto negativo a mediano y largo plazo, lo único que entenderá son sus conveniencias individuales inmediatas. Si no se tienen los medios y mecanismos que pueden evitar y controlar los impulsos inmediatos a los actos corruptos, estos sucederán inevitablemente.

No importa si la persona o el grupo social tienen un alto nivel educativo, es religioso o pertenece a un partido político que pregona la honestidad y la lucha contra la corrupción. Aunque se tenga los mayores conocimientos morales, éticos y filosóficos, aunque viva diariamente rezando y golpeándose el pecho, está muy propenso a corromperse y corromper a sus vecinos si no va más allá de teorizar. No son declaraciones ni promesas las que evitan o combaten la corrupción. Por ejemplo, nada de eso evitó que haya habido gran corrupción en el Banco del Vaticano. Mientras no existan los mecanismos eficaces para evitar y controlar los actos corruptos, la corrupción persistirá.

Por presiones internas y externas, en Honduras se tienen bastantes instituciones, leyes y convenios para prevenir y combatir la corrupción dentro del Estado. Se han establecido medios y mecanismos para prevenirla, más que para combatirla. No obstante, los niveles de corrupción se volvieron insoportables. Aun en este país, donde históricamente la mayoría de la sociedad no reacciona frente a los flagelos que le azotan en muchos campos de la vida social y política, se vive actualmente un alto grado de indignación por la corrupción confirmada.

Es del conocimiento general que entre las principales causales de la gran corrupción está la cooptación  político partidaria de las instituciones del Estado para el combate a la corrupción. Pero esto no es nada nuevo para la historia reciente. Los dirigentes de los dos partidos políticos, Liberal y Nacional, con la complicidad de la Democracia Cristiana, han sido quienes han controlado las decisiones de organismos como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Ministerio Público o Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Se sabe de la influencia de instancias que se presentan muchas veces como representantes de la “Sociedad Civil” dentro de las estructuras de entes contralores, como es la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), algo que es gubernamental;  el Colegio de Abogados, y algunas redes de ONGs, como lo es FOPRIDEH, actualmente dirigido por un activo nacionalista. El mismo CNA se presenta como una instancia de la Sociedad Civil, pero tiene miembros de AMHON, las Universidades del Estado, además de FOPRIDEH, Centrales Obreras y Campesinas y, de las iglesias evangélicas y católica, cuyos dirigentes y pastores, normalmente, están alineados al gobierno de turno.

Desde el Congreso Nacional se establecen las leyes e instituciones que llevan implícitos los medios para poder ser cooptados por los partidos políticos en el poder. Es muy natural para los políticos en el CN establecer que cada una de estas instituciones tenga una cuota de poder de cada partido político. El TSC es una de las mejores muestras de esta cooptación aceptada generalmente por muchos, incluyendo los medios de información.

El asunto es que esta cooptación política a las instituciones que deben prevenir y combatir la corrupción, tiene un efecto similar en los organismos oficiales internacionales dedicados a la misma tarea.

El solo hecho de que los gobernantes corruptos sean a la vez jueces y partes del sistema de prevención y combate de la corrupción vuelve a los organismos internacionales como la OEA y la ONU inefectivos en esta crucial tarea. Existen una buena cantidad de acuerdos y convenios internacionales entre los gobernantes del mundo, cuyos resultados son casi nulos, como por ejemplo: 1) Declaración de las Naciones Unidas Contra la Corrupción en 1996; 2) La Convención Soborno en las Transacciones Comerciales en 1997 3) Convención Interamericana Contra la Corrupción; 4) La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional; 5) La Convención de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas; 6) Convención de Viena y La convención de Palermo. No obstante, la corrupción, el narco y demás mercado ilícito, deambula por todos estos países como “Pedro en su casa”, siendo que esas Convenciones son suscritas y dirigidas por los mismos políticos que gobiernan y definen los grados de tolerancia que existen en cada país, de donde se benefician ellos mismos.

Tomando a la Organización de Estados Americanos (OEA) como el caso inmediato, son los gobernantes de cada uno de los estados miembros los que dirigen este organismo. Es por esto que se requiere ir más allá con el establecimiento de una especia de Fiscalía Internacional autónoma e independiente a los gobernantes de cada país. Un cuerpo técnico sin injerencias de los poderosos corruptos.

La OEA tiene que aplicar la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción (CICC) quien tiene como finalidades promover y fortalecer el desarrollo en cada uno de los Estados Parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, e incentivar, facilitar y regular la cooperación entre los Estados en relación con este tema.

En su aplicación la OEA tiene el Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) el cual funciona con unas Comisiones de Expertos y evaluaciones periódicas de cada país. Pero quienes integran esos cuerpos evaluadores son los mismos funcionarios de los entes contralores de cada país, los que ya están condicionados a los lineamientos del gobernante y su partido político. Cuando integran a alguien en nombre de la “Sociedad Civil” (categoría tan ambigua y turbia como las aguas del rio Chamelecón), son representantes a satisfacción del gobernante de turno. En el caso hondureño, van los magistrados del TSC, el Fiscal General o sus delegados, el CNA, el Colegio de Abogados y algún empresario.

La eficacia y eficiencia de una institución se mide por sus resultados. Si esta Convención funciona desde 1996, al menos en Guatemala y Honduras, los resultados están muy lejos de tener los beneficios de los millones de dólares que ha costado su funcionamiento. Esto sin incluir países como México, Brasil, Argentina, Paraguay y otros, cuyos niveles de corrupción son escandalosos.

Entonces, porqué vamos a creer que ahora la OEA sería eficiente y efectiva en ayudar a evacuar el grave problema político administrativo de la corrupción que tiene a la nación en una fuerte lucha socio-política. El Sr. John Biehl ha sido muy bueno en ayudar a resolver conflictos políticos y violentos en otros países, pero ¿será eficaz en entrarle a la corrupción estructural hondureña,  cuando el organismo que representa no ha logrado nada en varios años de estar lidiando con este fenómeno?  Seguimos observando a la OEA como organismo y no solamente al enviado especial como experto en mediar diálogos.

17 de agosto de 2015