La solicitud del gobernador de Oaxaca a los poderes de la Unión para que las fuerzas armadas intervengan en el estado para “evitar cualquier respuesta agresiva de la sección 22” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con motivo de la eliminación del Instituto Estatal de Educación Pública, encierra un contrasentido político, pues la actuación del Ejército y de la Policía Federal en tareas de vigilancia y hasta de espionaje, como sucedió el día 14 durante una de las ascendentes movilizaciones de los profesores oaxaqueños, forma parte del paisaje desde la víspera de los comicios del 7 de junio, mismos que la CNTE anunció durante meses que impediría su realización.

El sobrevuelo de la capital del estado por helicópteros del Ejército y la Federal, así como la presencia de 20 mil elementos, al decir del secretario general de la 22 y otros voceros, les recuerda los momentos decisivos del movimiento popular de 2006 en contra del gobernador Ulises Ruiz, una suerte de monumento al autoritarismo, la incompetencia y la corrupción de los prohombres del partido que muy poco cambió y pronto presidirá Manlio Fabio Beltrones, como resultado de un proceso al más viejo estilo priísta, y quien ahora reniega de la “sana distancia” pero la aplaudió con entusiasmo cuando la impuso Ernesto Zedillo, el hoy funcionario de Unión Pacific y quien como presidente favoreció a la trasnacional estadunidense con la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México.

La maniobra de Gabino Cué para legalizar lo que es una realidad cotidiana que padecen los oaxaqueños, profesores o no, contestatarios o adherentes a las políticas oficiales, no es tanto una “cortina de humo” como aseveran sus impugnadores, como una acción política para proteger a su gobierno de las decisiones que supuesta o realmente le impuso el gobierno federal, al punto que los dirigentes de la 22 lo acusan de traidor, seguramente porque su mandato fue producto de convergencias de las izquierdas y el movimiento social.

También es para emprender acciones disuasivas e incluso represivas en mayor escala si la CNTE impide la reanudación del calendario escolar el día 24, asunto sobre el cual aún no determinan una posición colectiva, pero desde hace tiempo pregonan e impulsan el paro nacional que no logra rebasar sus limitados márgenes.

Jurídicamente no procede la solicitud de Cué Monteagudo para que el Congreso de Oaxaca la asuma como propia, debido a que es la Legislatura oaxaqueña a la que corresponde emitir la solicitud de la presencia de las fuerzas armadas en el estado, y que fue consumada desde hace más de dos meses.

En todo caso lo que busca el gobernador, formado y forjado en el ahora Movimiento Ciudadano que todavía administra Dante Delgado, es revestir de una tardía legalidad lo que es una evidente realidad en Oaxaca.

Los nuevos y sostenidos empeños de Gabino Cué desmienten a la propaganda oficial y oficialista que enaltece las bondades de la llamada reforma educativa, con voces y voceros impresentables, como Claudio X. González júnior y los del duopolio televisivo que diariamente destruye la tenaz labor de la escuela pública (con enormes carencias en infraestructura física) y la privada. También coloca en su justo lugar la justificación de un proyecto diseñado en París porque su origen es global y ajeno a las necesidades nacionales, excepto las que tiene el grupo gobernante para disciplinar y someter a un movimiento disidente, como antes lo hizo con el liderazgo que parió el sistema 1989.

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