En países donde los pueblos diversos no lograron transitar de ser un archipiélago de pueblos hacia la conformación de sociedades o comunidades políticas imaginadas (naciones), se hace muy difícil analizar/comprender el avance de sus procesos democráticos internos. La democracia, en cualquiera de sus formas, necesariamente presupone la existencia de una sociedad, y ésta, la coexistencia de ciudadanos/as con los mismos derechos/obligaciones y oportunidades. Y, obviamente, la necesaria presencia activa de un Estado de Derecho hegemónico.

En el caso de Guatemala, un mínimo porcentaje decreciente de su población disfruta de la cualidad de ciudadanía plena. Por tanto, las grandes mayorías del país subsisten sin Estado, sin nación, sin derechos, ni oportunidades, aceitando, cada cuatro años, con sus votos, el sistema democrático representativo que los excluye y empobrece.

Desde su primera Constitución Política (1825), Guatemala reconoció y “practicó” la democracia representativa como su única forma de gobierno (Arts. 39-41). Esta democracia consistió y consiste en “acarrear” (trasladar) electores/as a las urnas, cada cuatro años, para que voten por uno de los pocos ricos (civiles o militares) de turno que los empobrecerá aún más. A este perverso ritual periódico se denominó y se denomina “fiesta democrática”.

¿Cuál es el legado de la democracia representativa en Guatemala?

Esta democracia formal, sin contenidos, fue un mecanismo casi perfecto para enriquecer a la cúpula de ricos y empobrecer aún más a las grandes mayorías. En los 194 años de República, incluyendo las tres últimas décadas continuas del ritual democrático, los ricos de Guatemala acumularon el Producto Interno Bruto (PIB) más alto de la región (53 mil millones de dólares), pero los empobrecidos suman cerca de las dos terceras partes del total de la población del país. Todo esto, gracias a la democracia formal que no permite la ampliación del cumplimiento de derechos, mucho menos participación o control ciudadana alguna sobre sus gobernantes.

La democracia representativa excluyente impidió la fecundación de una ciudadanía ampliada en el país. El o la ciudadana de la clase media fue convertida en consumidor compulsivo, indiferente con el destino del país. Diluyó e inmovilizó a la poca ciudadanía existente. Las grandes mayorías de “no ciudadanos” y empobrecidos del país fueron convertidos en pordioseros electoreros que van detrás del amo candidato a cambio de un plato de comida, sin ninguna conciencia política, ni responsabilidad con el presente y destino del país.

Esta democracia pervertida imposibilitó también el surgiendo o establecimiento de partidos políticos sólidos y serios. En Guatemala, los partidos políticos, lejos de forjar actores políticos con conciencia nacional e ideológica claras, infestaron al país de mitómanos oportunistas que buscan un espacio en el aparente Estado para saquearla. Las organizaciones políticas no pasaron de ser potenciales “bolsas de empleo” de algún caudillo. Y, en los últimos tiempos, verdaderas empresas comerciales que venden ilusiones al pobrerío creyente que espera desesperado la llegada/anuncio de cualquier mesías político a la vuelta de la esquina.

Imposibilitó la consolidación del Estado como garante de derechos y proveedor de sentido político. Los “tecnócratas” rudos, sin control, ni sanción alguna, diluyeron las fronteras entre lo legal y lo ilegal. Establecieron la corrupción y el despojo como el método de gobierno. Al límite que en Guatemala se hace difícil diferenciar entre la estructura y la institucionalidad del poder estatal y los aparatos criminales. Esta perversa democracia diluyó y diluye los pocos derechos y al propio Estado.

Esta democracia neoliberal disolvió lo poco o mucho de la acumulación de la fuerza histórica de luchas sociales. Cooptó a las principales organizaciones sindicales, convirtió a los movimientos indígenas y campesinas en ONGs funcionales al sistema. Desvaneció las fronteras y diferencias ideológicas y conductuales entre la derecha y la izquierda política, al límite de convertir a las insignificantes organizaciones políticas de izquierda en electoreros agentes neoliberales.

El mayor legado de la democracia representativa excluyente en Guatemala es y será el haber establecido en las estructuras psicológicas de las personas la colonialidad política. El haber instalado en el alma de las y los empobrecidos, incluso en nichos sociales de la clase media profesional, un amor apasionado y casi existencial por los colores y los rostros photoshop de sus caciques y amos políticos. Verdaderos modelos de vida a imitar.

En la retórica cotidiana se detesta a todo Diputado por ser sinónimo de ladrón, pero, en los hechos, casi todos los empobrecidos con ascenso social sueñan con ser diputados. Eso explica el por qué indígenas con cierto ascenso social, cultural, económico, etc., sueñan con coronar su vida con “una diputación”.

¡Cuánto más corrupto o sospechoso son los candidatos políticos por su pasado o intenciones, más idolatrados y preferidos son por sus potenciales víctimas!. Esto explica el por qué el voto duro de los partidos políticos más déspotas, racistas o corruptos, se encuentra justamente en regiones más empobrecidas del país. Un pueblo que idolatra a un potencial delincuente o corrupto, es un pueblo enfermo.

Casi ningún candidato de elección popular a cargo público se presenta con la honesta intención de hacer el bien al país. Todos/as van buscando la apetecida “inmunidad” para los cuatro años, porque aquí, como en otros lares, la inmunidad es sinónimo de impunidad ante la Ley.

En estas perversas condiciones, Guatemala, una vez más, está “obligada” a votar, el próximo 6 de septiembre, por “su” Presidente y Vicepresidente, “sus” 158 diputados nacionales, “sus” 338 gobiernos municipales y “sus” diputados al Parlamento Centro Americano, de los 24 partidos políticos que compiten a nivel nacional. Uno de los rituales electorales más repudiados por las y los indignados en la historia nacional, donde se pronostica que el vencedor seguro será el abstencionismo y el voto nulo.

Desde meses atrás, el electorado urbano venía exigiendo reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no para transitar hacia una democracia participativa, sino para rescatar la democracia representativa viciada. Pero, ni eso les conceden los 158 “soberanos” e “inmunes” Padre de la Patria.