Durante los últimos 40 años se ha desarrollado un mercado offshore[1], que promueve y desarrolla servicios orientados a disminuir la carga tributaria y trasladar los capitales de las grandes empresas y personas con alto patrimonio a jurisdicciones de baja o nula tributación y/o con secreto fiscal y financiero. Numerosos casos han salido a la luz en los últimos tiempos –el caso HSBC (Swiss Leaks) y Lux Leaks, algunos de los más recientes- poniendo en evidencia que las grandes empresas contribuyen con mínimas tasas impositivas -prácticamente nulas- a los sistemas impositivos nacionales, y los ricos del mundo eluden la mayor parte de sus obligaciones tributarias en los países de residencia (al mismo tiempo que trasladan sus capitales fuera del país donde se generaron). Para ello, las personas millonarias, las empresas multinacionales y las de grandes capitales nacionales, cuentan con los servicios de entidades de abogados, contadores, economistas y especialistas en finanzas que, mediante cuantiosos honorarios y/o comisiones, facilitan la realización de las operaciones necesarias para lograrlo.

Si bien este fenómeno aqueja a la gran mayoría de los países del mundo, los países “en vías de desarrollo” o “del Sur” son los principales perjudicados. Estas prácticas disminuyen en gran medida la inversión interna de estos países, esencial para su desarrollo, repercuten negativamente en sus recaudaciones impositivas, indispensables para brindar servicios estatales, y reducen sus reservas en moneda extranjera, imprescindibles para realizar pagos de importaciones y deuda externa.

Las más grandes y conocidas firmas contables, los más destacados estudios jurídicos y los principales bancos internacionales son participantes clave del negocio offshore. En la literatura internacional especializada se los conoce como “facilitadores” (enablers, en inglés); ellos son los creadores y promotores a gran escala de un amplio espectro de productos que posibilitan la fuga de capitales desde los países con significativas economías “onshore”.

Por un lado, las grandes firmas internacionales de auditoría, consultoría e impuestos –al frente de ellas, las cuatro más grandes, las denominadas “Big Four”- (y los departamentos contables e impositivos internos de las grandes empresas) son las encargadas de realizar, desde las respectivas casas matrices o cabeceras de holdings, la planificación fiscal internacional de los grandes grupos económicos, mediante el diseño de esquemas impositivos complejos, orientados a minimizar el resultado impositivo global de los clientes. Para ello, trabajan en conexión con los profesionales que brindan servicio a las entidades vinculadas de los países en los que operan. Por lo general, la planificación global involucra la utilización de variadas técnicas, que erosionan la base imponible en aquellos países con altas o medianas tasas impositivas y “trasladan” los capitales hacia jurisdicciones de baja o nula tributación. Entre ellas, la manipulación de los precios de transferencia[2] es uno de los mecanismos más efectivos, al permitir la asignación arbitraria de ingresos y costos entre las entidades vinculadas de un mismo grupo económico.

Las “Big Four” cuentan con importantes equipos de profesionales especializados en la elaboración de los informes de precios de transferencia, encargados de justificar la fijación de los precios intragrupo. Además, mediante la colocación de sociedades holding o controlantes en guaridas fiscales se logra eximir de gravámenes a las utilidades transferidas y se explotan los convenios para evitar la doble imposición, las brechas fiscales entre los distintos sistemas nacionales y, también, los huecos, ambigüedades y errores en las legislaciones locales. A su vez, alguna de estas firmas internacionales de auditoría resulta encargada de avalar las operaciones de la empresa ante las autoridades fiscales, ya que, por lo general, ellas mismas son encomendadas para realizar los informes de auditoría sobre los Estados Contables de las empresas multinacionales en los distintos países donde operan.

Por su parte, los estudios jurídicos constituyen otro de los escalones fundamentales que utilizan las grandes empresas y las personas físicas con grandes patrimonios, para utilizar amplia y eficazmente las muchas operaciones disponibles en el mercado offshore. Los grandes estudios de abogados facilitan la creación de las estructuras jurídicas necesarias para poner en marcha los complejos esquemas fiscales y financieros, y de defenderlos ante los tribunales.

Banca cómplice

Los bancos internacionales resultan ser otro eslabón clave en este complejo mercado, siendo los encargados de la captura de clientes en economías “onshore” (personas ricas y las entidades a ellas vinculadas), de la transferencia al exterior de sus capitales no declarados, del resguardo de los mismos fuera de las fronteras nacionales donde se generaron, de su multiplicación offshore y del encubrimiento de su titularidad. La banca global gestiona el negocio offshore a través del sector de “private banking” (en castellano, “banca de la privacidad”), que brinda el servicio de administración de fortunas. El mismo incluye la apertura de cuentas bancarias de personas físicas y jurídicas en guaridas fiscales y la interposición de sociedades “fantasma”, fundaciones y trusts (ubicadas en guaridas fiscales), titulares de las cuentas bancarias destinadas a ocultar al último beneficiario efectivo. También suelen interponerse varias capas societarias (sociedades cáscaras o “mamushkas”), con la finalidad de alargar y entorpecer el camino que lleva hasta el beneficiario final.

El negocio offshore es posible gracias a la existencia de las guaridas fiscales, promocionadas por los mismos “facilitadores”, que además de asegurar un mínimo costo fiscal a sus usuarios mediante regímenes tributarios preferenciales, proveen con eficacia sistemas de secreto bancario y fiscal para proteger la identidad de los beneficiarios finales.

A pesar de que tanto las “Big Four” como los bancos internacionales se hallan vinculados a numerosos casos de elusión y/o evasión fiscal, los develados constituyen sólo una ínfima parte del total y el negocio del offshore continúa en franco crecimiento.

Opacidad

En el plano de la fiscalización, la gran dificultad de las autoridades nacionales para identificar estos complejos mecanismos elusivos se agrava por la imposibilidad de controlar las redes de vinculaciones en el exterior y sus operaciones, dado que actualmente sólo pueden acceder (casi exclusivamente) a información local y no, todavía, internacional (al menos, en una escala relevante). Si bien se identifican posibles avances a futuro en torno a este punto, en razón del compromiso reciente de numerosas naciones para firmar convenios de intercambio de información masiva y automática, resulta difícil anticipar con claridad los resultados efectivos que tendría dicho compromiso, puesto que perduran amplias brechas entre los regímenes impositivos de los distintos países, permanecen intactos los centros especializados en servicios offshore (entre ellos, tanto Estados Unidos como Suiza, continúan reticentes a la aplicación del intercambio automático de información), y los bancos globales (que deberían proveer la mayor parte de la información relevante) continúan libres de toda regulación en torno a este aspecto.

De todos modos, si se considerase posible el avance hacia un efectivo intercambio automático de información, resulta crucial que el mismo vaya acompañado de la obligatoriedad de crear registros completos de los titulares y beneficiarios efectivos de entidades e instrumentos radicados en todos los países comprometidos a escala global. De lo contrario, este instrumento carecería de total efectividad.

En relación a los cambios globales que se impulsan desde organismos como la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y el G-20, es importante destacar que la puesta en marcha del Proyecto BEPS (Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios) constituye en esencia un simple “parche” -que el club de los países ricos quiere colocar- al crítico sistema tributario internacional, sin resolver sus problemas centrales; como lo es la perduración del criterio de arm’s length, que la OCDE continúa avalando para los precios de transferencia (que considera a las entidades vinculadas como “entidades separadas”). Esta es una de las grandes fallas del sistema, que permite que las operaciones entre entidades vinculadas sean valuadas simulando una ficticia realización de transacciones “libres” entre partes independientes, cuando en realidad están comprendidas dentro de un único conjunto económico que asigna territorialmente (a escala mundial y de un modo sustancialmente discrecional) sus operaciones. Asimismo, existen diversos aspectos de política que no se han impulsado y revisten gran importancia, como la posibilidad de establecer, a nivel global, una tasa impositiva acordada como estándar mínimo a las ganancias corporativas; la obligatoriedad de presentar balances corporativos en todas las jurisdicciones; y la necesaria eliminación de las guaridas fiscales que “trafican con su soberanía”.

No se puede pasar por alto que Reino Unido y los Estados Unidos, ambos supuestos impulsores de la transparencia tributaria y financiera global, mantienen guaridas fiscales dentro de sus propias fronteras y sostienen redes de alcance global que comprenden numerosos territorios offshore bajo su influencia, que desvían recursos del resto del mundo hacia los centros financieros más importantes del globo (Londres y Nueva York). Más allá de los esfuerzos nacionales que puedan realizarse en torno al combate de la evasión internacional, resulta imperiosa una transformación a nivel global, que necesariamente involucre el consenso de los estados que fungen hoy como guaridas fiscales y, en especial, de los países desarrollados que dominan gran parte del mundo offshore e inciden en las decisiones de sus múltiples dependencias.

(Esta investigación se ha realizado dentro del Programa de trabajo “Fuga de Capitales” del CEFID-AR, coordinado por Jorge Gaggero, y con la colaboración de “Systems of Tax Evasion And Laundering” (STEAL), proyecto (#212210), financiado por “Research Council of Norway” (NUPI).  Ver Rua, Magdalena, B. (2014) Fuga de capitales V. Argentina, 2014. Los “facilitadores” y sus modos de acción. Con la supervisión de Jorge Gaggero. CEFID-AR. Documento de Trabajo Nº 60. Buenos Aires, agosto de 2014)

- Magdalena Rua es contadora pública, actualmente cursa la Maestría en Economía Política con Mención en economía argentina en FLACSO, investigadora del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFID-AR).

* Artículo publicado en la edición 506 (julio 2015) de la revista América Latina en Movimiento, sobre “La hora de la justicia fiscal” - http://www.alainet.org/es/revistas/506