Sambo Creek, 6 de julio de 2014.- El pasado 11 de junio abogados y empresarios de la ciudad de La Ceiba, se tomaron las oficinas del Instituto de la Propiedad (IP), protestando por la ausencia de un registrador y la parálisis causada por la corrupción, la cual conllevó al despido en mayo del año pasado del registrador Carlos Solís y posteriormente en el mes de noviembre a la militarización de la sede.

La pérdida de expedientes, adulteración de folios, falsificación de firmas manipulación del sistema informático, se convirtieron en prácticas comunes al interior del IP a nivel nacional, situación que ha puesto en tela de juicio la “sacrosanta” propiedad privada.

Para el mes de febrero del presente año, fueron detectadas en La Ceiba 2,712 irregularidades con apenas haber investigado el 30% de los documentos. Entre otras se corroboró la emisión de títulos de dominio pleno sin sustento legal.

A inicios del marzo, el Sr. Ebal Díaz, Presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, presentó ante el Ministerio Público más de 400 denuncias relacionadas a los hallazgos de la auditoría practicada en el Registro de la propiedad de La Ceiba. Díaz señaló a los medios de comunicación que “Se ha venido jugando con los derechos de la propiedad de las personas”.

El 9 de junio fueron militarizadas las oficinas del Instituto de la propiedad en Tegucigalpa, y efectivos militares capturaron a varios funcionarios acusados de abuso de autoridad y fraude. Para el 16 de junio fueron tomadas las oficinas del Instituto en Comayaguela por ciudadanos que protestaban exigiendo les solventaran los problemas sobre propiedades en la aldea Las Flores, que son reclamadas por terceros.

El mismo Ebal Díaz ha sido señalado, supuestos actos de corrupción en relación a terrenos otorgados a la iglesia evangelista la Luz del Mundo, de la cual es miembro activo. A pesar de las denuncias efectuadas Diáz se ha llamado al silencio, cuando ha sido increpado al respecto por periodistas extranjeros.

Honduras se encuentra sumida en un ambiente crispado por la corrupción generalizada imperante en las últimas décadas, especialmente a partir del golpe de estado del año 2009. Todo parece indicar que existe un saqueo generalizado en las entidades estatales, sin embargo el colapso del Instituto de la Propiedad ha logrado pasar casi inadvertido, a pesar de la gravedad de los hechos.

Para las autoridades estatales reconocer la putrefacción en el manejo de los registros de propiedad, señala la infiltración que alcanzó el crimen organizado en Honduras. La ausencia de seguridad jurídica y la violencia imperante en el país, asociada en muchas ocasiones al partido de gobierno, demuestra el colapso institucional y la inexistencia de un estado de derecho

El pueblo Garífuna y la Ley de Propiedad

El Instituto de la Propiedad fue creado en el año 2004, por el Programa de Administración de tierras de Honduras, financiado por el Banco Mundial (B.M.), supuestamente con el propósito de otorgar títulos de propiedad de forma expedita y evitar la corrupción imperante hasta ese entonces. Después de una década y una inversión de más de $100 millones por parte del BM, el actual fiasco es mayor que el existente a inicios del milenio.

La OFRANEH acudió en el año 2006 ante el Panel de Inspección del Banco Mundial (B.M.) en relación a la violación del Derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI) a través de la inconsulta Ley de Propiedad (2004) marco jurídico del PATH. Entre algunos de los señalamientos que llevamos a cabo ante BM, era la inexistencia de las condiciones en Honduras para proteger la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, ante la corrupción incrustada en los políticos, burócratas y en general la élite de poder del País.

Entrega del registro de la Propiedad a la compañía FACTOM y el uso de bloques de Bitcoin para el registro.

Sin que se hubiera hecho público en los medios de comunicación hondureños, el estado de Honduras con el acostumbrado sigilo del partido de gobierno, firmó un contrato con la compañía FACTOM, con sede en Austin, Texas, para crear un registro público de propiedad de tierras utilizando la tecnología de blockchain.

Honduras sería el segundo país en el mundo en utilizar bitcoin para el manejo de registro de la propiedad. La isla de Man, en el canal de la Mancha, uno de los paraísos fiscales más grandes del planeta fue el lugar pionero en la utilización de la mencionada tecnología.

Según Peter Kirby, presidente de Factom, “En el pasado, Honduras ha tenido problemas con el fraude de título de propiedad. La base de datos del país fue básicamente hackeada. De esta forma los burócratas podían entrar y podían adjudicarse ellos mismos propiedades frente a la playa”.

Las declaraciones de Kirby sobre el hackeo de la base de datos del IP ha dado lugar a enormes conjeturas para nuestra organización, quienes hemos sido testigos de un saqueo permanente del territorio de las comunidades Garífunas a manos de políticos, militares, empresarios y miembros del crimen organizado, quienes se han apoderado de zonas claves para supuestos proyectos de turismo, plantaciones de palma africana y empresas extractivas.

Los hechos delictivos que han sido comprobados en el IP de la Ceiba, ponen en entredicho la seguridad territorial de varias comunidades Garífunas. Hace más de dos años, un incidente con un terrenos en Sambo Creek, sirvió de detonante en relación al pandemónium del IP en la Ceiba. Sin embargo existe un enorme hermetismo en relación al saqueo territorial que se ha perpetrado tanto en La Ceiba, como en Trujillo y Tela.

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