El debate respetuoso entre visiones del mundo que se enfrentan, es un signo de vigor democrático. La deliberación no garantiza acuerdos, pero permite, cuando menos, delimitar los desacuerdos, mostrar las ideas que nos animan, cualificar las propias visiones y hasta ganar aliados.

El conflicto hegemónico que vive Venezuela, encuentra en los derechos humanos, uno de sus campos de disputa; aunque, lamentablemente, son escasos los escenarios para un debate serio sobre el tema. Existen actores liberales, nacionales e internacionales, que sostienen reiteradamente que, en los últimos 15 años, “la democracia en Venezuela se viene perdiendo” (o que ya se perdió) y que las libertades solo existen en el papel. Y existen otros actores, de distintos tipos de izquierdas, que consideran que, por el contrario, se está produciendo una experimentación democrática, con una profunda ampliación de derechos para las mayorías históricamente excluidas, gracias a su propia movilización. Es tan poco probable el acuerdo entre ambos archipiélagos de actores, como muy lamentable la inexistencia de debates entre ambos.

Paradójicamente, son algunas de las ONG liberales quienes más contribuyen a limitar la posibilidad del debate. Tomo como ejemplo, la reciente presentación del Informe de Provea. La organización formula sentencias como “la Misión Vivienda implosionó” o “el Gobierno es una fábrica de pobreza”.

Frente a ello, el Defensor del Pueblo, luego de señalar que va “a estudiar este Informe de manera exhaustiva” y reconocer la experiencia de la organización, plantea algunas críticas: “es nuestra opinión que aquí ha privado más el discurso político, en menoscabo de la investigación exhaustiva de carácter técnico” e ilustra su opinión con 4 ejemplos. Uno de ellos, que me parece medular, es que Provea considera que todas las detenciones ocurridas durante las Guarimbas de 2014 fueron arbitrarias. El Defensor se pregunta: ¿si fue un hecho público y notorio, que una parte de las Guarimbas fueron violentas, con saldos de muertes, heridos y destrozo de bienes, cómo es posible que la totalidad de las detenciones sean consideradas arbitrarias?

Cabe agregar otras preguntas: ¿deben quedar impunes los daños humanos y materiales que ahí ocurrieron, algunos de ellos con la anuencia de alcaldes y gobernadores? ¿Desconoce Provea el carácter violento de estas manifestaciones o está legitimando la violencia, frente a un gobierno que ya ha caracterizado como “autoritario”? Estas preguntas quedarán, probablemente, sin responderse, porque Provea reaccionó denunciando que el “Defensor intenta debilitar la labor de monitoreo de ONG de DDHH al descalificar Informe”.

Es mi opinión que el “libre flujo de ideas y opiniones” (bien jurídico que protege la libertad de expresión), se vería fortalecido si ante casos como este, se lograra diferenciar la crítica y el disentimiento, que alimentan el debate, de la deslegitimación y el desconocimiento que, efectivamente, lo niegan.

- Antonio J. González Plessmann es Miembro asociado de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y de SurDH

Correo-e: antoniogonzalezplessmann@gmail.com