El pueblo guatemalteco se prepara para las elecciones generales que tendrán lugar el 6 de septiembre de 2015, en las que se designarán los titulares de los cargos a la presidencia, vicepresidencia, 158 diputados al Congreso de la República, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, alcaldes y concejales de las 338 corporaciones municipales.

Los comicios se realizan en medio de una crisis social y política, ya que el actual presidente Otto Pérez Molina del Partido Patriota, se encuentra enfrentado a casos de corrupción, entre los que se destaca la sofisticada red de contrabando en las aduanas, denominado  «La Línea», donde un grupo de altos funcionarios del gobierno del general retirado, incluyendo el secretario privado de la vicepresidencia, el capitán retirado Juan Carlos Monzón y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT),  están acusados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

De igual manera dicha Comisión imputó a los miembros de la Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por autorizar un contrato con la empresa mexicana Pisa, la cual no contaba con la infraestructura adecuada para el tratamiento de los pacientes de diálisis peritoneal, cuya demanda potencial no se satisfizo y en consecuencia hubo más de 10 fallecidos, aparte de los sobornos receptados.

Lo antes expuesto, colocó en jaque al gobierno, debido a la dimisión de la vicepresidente Roxana Baldetti y la organización de  manifestaciones en la Plaza de la Constitución en las los/as ciudadanos/as protestaron y demandaron el derecho de antejuicio del presidente y la renuncia del sustituto de la vicepresidente, Alejandro Maldonado Aguirre.

Al respecto el presidente Otto Pérez Molina, solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG hasta septiembre de 2017 como mecanismo para aplacar la presión sobre su gobierno, sin embargo no hubo sosiego porque ni el Ministerio Público ni la CICIG han dado los nombres de las empresas que utilizaron los servicios de «La Línea» para defraudar al fisco.

Muchos consideran que estos casos de corrupción que no son nuevos en Guatemala, sino que han estado enquistados desde hace décadas, situación por la que se debe enfrentar lo estructural más que lo coyuntural, la mayoría de la población atraviesa momentos difíciles en cuanto a seguridad, alimentación, salud, descomposición, violencia contra la mujer y feminicidio, injusticia, entre otros.

Todo esto puede generar un estallido social, aunque este pueblo ha estado sumiso y ha sido lento su despertar, quizás por la opresión a la que ha sido sometido durante mucho tiempo. Cansadas de tantos desmanes con que actúan los funcionarios públicos, las élites del país se mantienen en alerta y han desviado la furia hacia el actual gobierno. La inexistencia de liderazgo y organización política que lleve a las masas a la ruptura del orden existente, se traduciría en dejar intacto el status quo actual.

Deyanira Martínez

Analista internacional