¿Qué factores y actores sostienen a un Presidente aislado, cuestionado, sin Ministros y sin partido, implicado en corrupción y otros actos delictivos?

El apoyo a Pérez Molina del empresariado y más sectores (Embajada de Estados Unidos, al no solicitar su renuncia como sí hizo con la Vicepresidenta; Ministerio Público y Comisión Internacional contra la Impunidad, porque no conectan las investigaciones de corrupción con el mandatario, a pesar de evidencias telefónicas; partidos políticos que buscan en la salvación del Presidente su propia supervivencia) parte, en primer lugar, del intento de promover una agenda de reformas políticas controladas, que sacuda y oxigene el árbol del poder sin afectar sus raíces. Pérez Molina representa, hasta el momento, garantía para el impulso de estas reformas limitadas frente al miedo a la ruptura institucional y la pérdida de control del proceso.

En segundo lugar, el renovado (pero frágil y no necesariamente permanente) apoyo a Pérez Molina se fundamenta en las extensas complicidades de sectores empresariales (nacionales y transnacionales) con su gobierno y partido, que actuaron como operadores para el impulso de la agenda de control territorial y extracción de recursos de las comunidades. Las complicidades abarcan a gobiernos extranjeros (España, Estados Unidos, Canadá) que vieron en Pérez Molina garantía para el desarrollo de inversiones y para la configuración del mapa de seguridad regional y hemisférica. El temor de una caída del Presidente Molina se expresa así: ¿si él se va de manera abrupta, cuántos de nosotros caemos a su lado? Por el contrario, la Presidencia de Molina garantizaría persistencia de la impunidad: investigaciones y juicios ejemplarizantes pero focalizados.

El paradigma del poder

Mantener al frente del Ejecutivo a Pérez Molina es una decisión arriesgada y puede revertirse. Aunque las acciones y los márgenes de recomposición del esquema de poder son amplios, en el día de hoy el "status quo" pierde si se queda Pérez Molina (complicidad) y pierde si se va, porque su caída será consecuencia de la presión social y el incremento de la conciencia política: la convicción de que el Presidente favorece intereses personales y de sectores que utilizan el Estado para su beneficio.

Después del 16 de abril (revelación de una red institucional y empresarial dedicada a la defraudación tributaria) se evidencia para amplios sectores de la población que el Estado guatemalteco ignora las necesidades colectivas y privilegia el robo y el enriquecimiento; que los jueces y abogados se venden (bufetes de la impunidad); que partidos y diputados ofrecen sus votos a cambio de contratos o cheques onerosos; que empresarios hacen todo lo posible por eludir sus obligaciones tributarias y colectivas…

Pérez Molina, la exvicepresidenta Baldetti y la gestión del Partido Patriota llevaron a extremos insostenibles este régimen de privilegios y beneficios (y lo adecuaron en el marco de alianzas oligarquía-economía criminal-ejército y de las necesidades del poder transnacional) pero no son los artífices ni beneficiarios exclusivos del mismo.

Ya nos hemos percatado, como la pequeña burguesía de la obra de Manuel Galich, de la dimensión real del horror (1). Por consiguiente, las manifestaciones ciudadanas acusan y señalan a los actuales gobernantes y a un sistema de organización y un Estado que olvidan su función de buscar el bien común y garantizar el ejercicio de derechos, al tiempo que naturalizan el robo, la corrupción, el engaño, la mentira, la comisión de delitos. En medios de prensa, foros públicos y en las plazas se debate sobre la configuración de un Estado a espaldas de la población. Se discute, con mayor o menor profundidad, sobre el poder, el modelo de sociedad, el sistema que invita al latrocinio, como acertada pero tardía e hipócritamente reconoció Otto Pérez Molina.

Agenda mínima: juicio a todos los corruptos

El cálculo de sectores empresariales y de poder puede ser el siguiente: mantener a Pérez Molina como garantía de estabilidad (evitar el rompimiento constitucional) mientras se promueve una moderada agenda de reformas (ley electoral, administración tributaria, ley de compras y contrataciones) que redefina espacios de poder de las élites (disputa oligarquía-actores emergentes) y contenga parte del descontento social. Pérez Molina sería, en este contexto, un Presidente sin funciones, la voz de un ejecutivo que ya no controla.

Si la permanencia, contra viento y marea, de Pérez Molina en el gobierno deviene de apoyos corporativos y de élites de poder, la exigencia de su renuncia, juicio y condena (y de todos los implicados en corrupción y abuso de poder) es innegociable: no cabe en cálculos pragmáticos o de conveniencia política.

La investigación, captura, juicio y castigo (de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, Luis Mendizábal, Lima Oliva, narcotraficantes Mendoza, Junta Directiva del IGSS, jueces y bufetes de la impunidad, empresarios corruptos, autoridades que usan la ley a su conveniencia y antojo) es hoy demanda política esencial, que marcará tanto el presente (logros) como las posibilidades de futuro del movimiento ciudadano y social. Se trata de recuperar mínimamente la justicia, la ética, las reglas de la democracia.

En este marco, es fundamental que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala profundice y amplíe investigaciones y responsabilidades, así como que se promuevan otras acciones jurídicas (de naturaleza similar a las realizadas por el Movimiento Nueva República y Winaq) contra los mandatarios, autoridades y particulares.

¡Renuncia ya! y qué más: la ruptura democrática

Un sistema, un estado y un poder construidos desde y para el enriquecimiento privado, solamente pueden cambiarse construyendo nuevas formas de “poder y autoridad compartida” (Boaventura de Sousa): formas democráticas, colectivas, orientadas al bien común y el bien vivir, participativas, honestas, construidas con todos y para todos. Este ideal exige una profunda articulación de movimientos sociales, comunidades y pueblos, que deberán tender puentes con sectores ciudadanos indignados para definir medidas y acciones inmediatas y en el largo plazo.

Los cambios sociales no llegan solos, sino que dependen de las decisiones inmediatas y estratégicas, de las voluntades y apuestas políticas, de la capacidad de superar las divisiones (estableciendo comprensiones y entendimientos comunes), del reconocimiento, dialogo y respeto entre actores y sectores, de la combinación de acciones institucionales, jurídicas, legales, comunicativas, movilizaciones sociales, y otras.

Hoy más que nunca es necesario asumir que mi lucha, mi proyecto no son el proyecto, único, histórico, sino parte de una propuesta más amplia. Debemos complementar y no cooptar o subordinar; construir conjuntamente sin partir de un proyecto ya elaborado, diseñado e impreso; velar porque los intereses partidario-electorales no anulen demandas y luchas colectivas territoriales.

El reto es, a partir de la sensibilidad social contra la corrupción y abusos de autoridad, fortalecer escenarios y condiciones para la ruptura democrática: el debate, la reflexión y la organización para construir nuevas formas de organización y poder.

Nota

(1) Me percaté de que la pequeña burguesía guatemalteca había perdido la dimensión de la muerte, del crimen, del horror, a fuerza de respirarlo todos los días. Era necesario restregarles la sangre en el hocico, había que explicarlos por qué lucha nuestro pueblo, quiénes están detrás de los asesinos, quién dirige la mano del ejecutor en los crímenes, como esa pequeña burguesía alienada y la alta burguesía financiera, comercial o terrateniente están atrapadas en la lucha real entre un imperialismo que no tiene nada de abstracción y el pueblo que exige su derecho a vivir.  Manuel Galich, Delito, condena y ejecución de una gallina

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Foto: José Orozco