1. Nosotros, representantes de organizaciones no gubernamentales nacionales, regionales e internacionales y de entidades de la sociedad civil de diferentes partes del mundo, nos hemos congregado en el Foro de las ONG en Incheon (República de Corea), del 18 al 19 de mayo de 2015. En esta reunión, que precede al Foro Mundial de Educación (WEF) 2015, cuya celebración tendrá lugar en Incheon, del 19 al 21 de mayo de 2015, nos hemos preparado para participar activa y eficazmente en dicho Foro.

2. Hemos tomado nota de la situación de la Educación para Todos (EPT), según figura en el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2015, complementado por las evaluaciones independientes de la EPT, hemos debatido acerca de las contribuciones de la sociedad civil a la EPT desde el Foro de Dakar de 2000, hemos examinado la situación del proceso post 2015 y hemos analizado el Proyecto de Declaración y Marco de Acción del WEF. Tras las deliberaciones de los dos últimos días, hemos adoptado esta declaración, que refleja las aspiraciones de las organizaciones de la sociedad civil en materia de educación, con el horizonte de 2030 en perspectiva.

3. Reiteramos que la educación es un derecho humano fundamental y un bien público esencial para promover la justicia social, económica y medioambiental. Los Estados tienen el deber de proporcionar educación pública, gratuita y de calidad para todos y aprendizaje a lo largo de toda la vida, y de garantizar que el derecho a la educación esté consagrado en las leyes y se cumpla. Pero nos alarma que en la actualidad 121 millones de niños y adolescentes sigan sin escolarizar y que haya desigualdades considerables en el acceso y la calidad. Por lo menos a 781 millones de adultos, dos tercios de los cuales son mujeres, se les niega el derecho a la alfabetización. Para abordar este y otros desafíos, la agenda educativa posterior a 2015 deberá basarse en los derechos humanos, ser universal y holística, enmarcarse en una perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida, extraer las enseñanzas del pasado, abordar plenamente los objetivos incumplidos de la EPT y ser más ambiciosa, con el fin de preparar a jóvenes y adultos para la vida y para afrontar los desafíos del siglo XXI.

4. Acogemos con beneplácito el Proyecto de Declaración y Marco de Acción (FFA) previsto para el WEF, en el supuesto de que su contenido fundamental no sufrirá cambios, que no habrá retrocesos en la perspectiva actual de los derechos humanos y el grado de ambición de los objetivos, y que se incorporarán las recomendaciones de la presente declaración.

5. Asimismo esperamos que el objetivo y las metas de la educación sigan siendo parte integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que deberán aprobarse en septiembre de 2015, con lo que se reconoce la función decisiva de la educación para la justicia social, económica y medioambiental, y la indivisibilidad de los derechos humanos. Apoyamos la recomendación de los mediadores en las negociaciones intergubernamentales de Nueva York de que, donde actualmente se usa X% en relación con los objetivos de alfabetización de adultos, competencias y docentes, se reemplace esa expresión por la palabra “todos”.

6. Estamos de acuerdo en que el objetivo de “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos” debe representar nuestra visión colectiva en la agenda posterior a 2015. A este fin, pedimos un compromiso de doce años de educación formal de calidad y sufragada con fondos públicos para todos, de aquí a 2030, de los cuales nueve años deben ser obligatorios. Además, pedimos que la atención y educación de la primera infancia, desde el nacimiento hasta el inicio de enseñanza primaria, sea progresivamente gratuita. Ratificamos el derecho a una educación superior de calidad, pública y progresivamente gratuita, y a la formación y capacitación profesional. Cada país debe establecer parámetros y metas claras que pongan de manifiesto cómo se alcanzarán estos objetivos.

7. Es preciso que se preste más atención al significado real del compromiso con el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Se trata de una estrategia transformadora, un compromiso con una visión del aprendizaje que comienza con el nacimiento, se extiende a lo largo de toda la vida, y abarca el aprendizaje de calidad formal, no formal e informal, y que reconoce como derechohabientes a todas las personas, desde los niños, jóvenes y adultos hasta los ancianos. La base de este aprendizaje está en la atención y educación de la primera infancia, que es fundamental, tanto para promover el bienestar como para fomentar la cohesión social y el desarrollo nacional. La atención y educación de la primera infancia debe ser holística y de amplio espectro, respetuosa de las características de los niños, y debe garantizar que todos alcancen su máximo potencial. De manera similar, las políticas y los programas de alfabetización y educación de adultos deben recibir prioridad y financiarse con fondos públicos, ser apropiados para los adultos y elaborarse en colaboración con los propios alumnos, con especial atención al empoderamiento. La consecución del aprendizaje a lo largo de toda vida requiere además la supresión de todas las barreras que estorban el avance a través de los diversos ciclos de la enseñanza, y abarca también el reconocimiento del aprendizaje previo, tanto formal como informal.

8. Pedimos una vez más que se garantice que el acceso, la equidad y la calidad se tratarán conjuntamente, a todas las edades, tanto en los contextos educativos formales como fuera de ellos. Se debe prestar especial atención a la inclusión de quienes se han visto marginados por motivos de género, raza, lengua, religión, etnia, pertenencia a un grupo indígena, discapacidad, orientación sexual, estado de salud, ubicación geográfica, condición de refugiado o inmigrante, edad, situación socioeconómica, emergencias, desastres causados por el hombre o conflictos. Reconocemos que las niñas y las mujeres pertenecientes a grupos marginados se enfrentan a formas de discriminación adicionales, múltiples e interrelacionadas. Los Estados y las organizaciones no deberían nunca separar el acceso y la equidad de la calidad. En realidad, el reto fundamental que afronta la mayoría de los sistemas educativos consiste en garantizar la equidad en la calidad de la educación, poniendo fin a la segregación y los sistemas estratificados que agravan las desigualdades en la sociedad. Al mismo tiempo que garantizan la calidad para todos, los sistemas educativos deben realzar la pluralidad lingüística y cultural, y resistir el impulso hacia la homogeneización que puede socavar la diversidad. Debe hacerse especial hincapié en los niños y jóvenes sin escolarizar, comprendidos los que viven en países afectados por conflictos, a fin de proporcionarles oportunidades educativas y crear vías para su reinserción en los sistemas formales. Apoyamos el compromiso de que ninguna meta se considere cumplida mientras no haya sido alcanzada por todos.

9. La educación de calidad va más allá de la alfabetización y las nociones de aritmética, y abarca la adquisición de un amplio conjunto de conocimientos, competencias y valores, así como el fomento del pensamiento crítico, la creatividad, la solidaridad, el diálogo y la solución de problemas. Esta educación se fundamenta en experiencias cognitivas gratificantes e inclusivas, que requieren contextos de aprendizaje seguros e integradores, docentes motivados y valorados, materiales didácticos pertinentes y de calidad, y planes de estudio de amplio espectro, que abarquen la educación relativa a los derechos humanos, la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial. La educación de calidad valora la diversidad personal, cultural y lingüística, fortalece la democracia y fomenta la paz. El proceso de aprendizaje debe basarse en un enfoque centrado en el alumno.

10. Un factor indispensable para la consecución de los objetivos de la educación, la equidad, la educación de calidad y el aprendizaje es un cuerpo de docentes competentes, calificados y valorados, que perciban salarios decentes, no inferiores al que reciben los profesionales del sector público y/o privado con calificaciones comparables. Los gobiernos deben aumentar las inversiones en formación de docentes y la prestación de apoyo y capacitación profesional continua, y garantizar una política de contratación y formación que tenga en cuenta las diferencias de género. Asimismo deben crear condiciones laborales decentes y atractivas para todos los docentes, el personal de apoyo y los dirigentes del sistema educativo. Es preciso que las organizaciones de docentes reciban respeto y reconocimiento, en calidad de agentes independientes y legítimos. Esas organizaciones han de participar plenamente en todo diálogo social relativo a las políticas educativas, los salarios y las condiciones de servicio, y esa participación deberá garantizarse mediante la legislación. Habida cuenta de su importancia, el objetivo que atañe a los docentes debería cumplirse en un plazo más corto, que vencería en 2020.

11. Aunque apoyamos el Marco de Acción en su conjunto, nos preocupa profundamente la limitada gama de indicadores que figura en el anexo. Para cumplir los objetivos, recomendamos encarecidamente que los indicadores nacionales y regionales puedan medir cada cinco años si ha habido una reducción progresiva de las diferencias en acceso y resultados entre el 20% más rico y el 40% más pobre de la población. Necesitamos un conjunto más ambicioso y holístico de indicadores, tanto universales como temáticos, que sean coherentes con las obligaciones vigentes en materia de derechos humanos y conformes al contenido y el espíritu del objetivo y las metas establecidas para la educación. Es preciso otorgar especial atención a garantizar la existencia de diversos indicadores para la educación de calidad que reconozcan y den seguimiento a los aportes, los procesos y a una amplia gama de resultados. En lo relativo al aprendizaje, debe hacerse más hincapié en el fortalecimiento de la evaluación durante la formación, que es capaz de ayudar a orientar las mejoras empíricas, sin insistir excesivamente en las pruebas y comparaciones internacionales normalizadas. Debe reconocerse claramente que el establecimiento de indicadores es un acto político y no puramente técnico, y que la aprobación final de los indicadores temáticos debe estar sujeta a la adecuada supervisión democrática.

12. Acogemos con beneplácito el reconocimiento de que la participación de la sociedad civil debería institucionalizarse y garantizarse en todos los procesos, ya que esto es crucial para asegurar la rendición de cuentas de los gobiernos y la consecución de la educación integradora y de calidad para todos. Debe subrayarse la exigencia de responsabilidades, la transparencia y la importante función de vigilancia que deberá ejercer la sociedad civil, comprendida la supervisión de los gastos, durante la aplicación y el seguimiento de la agenda para después de 2015. Recomendamos que esta medida comprenda explícitamente a todos los interesados, incluidos los sindicatos de docentes, grupos de padres, movimientos estudiantiles representativos así como ONG, movimientos infantiles y juveniles, comunidades, asociaciones de alumnos, entidades de discapacitados, organizaciones indígenas, institutos universitarios y de investigación, organizaciones de mujeres y otros movimientos sociales que representan a colectivos marginados. Estos protagonistas deberían participar plenamente en todas las etapas del diálogo sobre políticas, la planificación, la adopción de decisiones, el seguimiento y la evaluación de los programas educativos, de aquí a 2030. Además, los derechos humanos solamente pueden hacerse realidad en un contexto democrático que reconozca a la participación como un derecho en sí mismo. Con este propósito, condenamos y pedimos que se ponga fin a la discriminación, la persecución y la criminalización de activistas y movimientos de la sociedad civil que vemos actualmente en todos los continentes y que ponen en peligro la realización del derecho a la educación.

13. Nos preocupa profundamente y condenamos con firmeza la continua amenaza al derecho a la educación que plantea el aumento de incidentes de agresión y violencia en los centros educativos y su entorno, de los que han sido víctimas los alumnos y el personal docente. Además, es preciso reconocer que la violencia de género en el contexto escolar constituye un obstáculo considerable a la educación, en especial a la de las niñas. Es menester prestar más atención al tratamiento de las causas profundas de los conflictos y la violencia. Es indignante que numerosos gobiernos inviertan cantidades exorbitantes en las fuerzas armadas y/o aumenten los gastos militares más rápidamente que el gasto en educación. Los sistemas educativos, tanto formales como no formales, deben promover la cultura de paz, la comprensión intercultural, la armonía y la tolerancia, y tratar de superar los conflictos en todas sus formas y en todos los niveles.

14. Los programas educativos para después de 2015 no podrán llevarse a cabo sin la financiación adecuada. Por consiguiente, pedimos lo siguiente:

a. Los gobiernos nacionales deben adherirse plenamente a los criterios internacionales para garantizar el aumento de la financiación nacional de la educación, asignando a la misma al menos el 6% del PIB y el 20% del presupuesto nacional. El uso de un margen de entre 4 y 6%, y entre 15 y 20% respectivamente, tal como figura actualmente en el Marco de Acción, menoscaba este valor de referencia fundamental.

b. Es preciso prestar más atención a la ampliación de la base de recursos nacionales. Aunque recibimos con agrado las referencias que figuran en el Marco de Acción con respecto a la ampliación de la base tributaria y el rechazo de los dañinos incentivos fiscales, debemos oponernos no sólo al fraude fiscal sino a la práctica de eludir el máximo de impuestos, que aunque técnicamente pueda ser legal, es inmoral en el sentido de que priva a los países de los fondos que necesitan para hacer realidad el derecho a la educación. Nos adherimos al llamamiento en favor de la creación de un órgano intergubernamental con autoridad para establecer normas fiscales y con capacidad para aplicarlas, como una medida esencial para poner fin al abuso de los paraísos fiscales.

c. Los donantes deben comprometerse a cumplir objetivos claros, ya sea duplicar el monto de la ayuda a la enseñanza básica o garantizar que ésta recibe al menos el 10% de dicha ayuda. La promesa de financiación formulada en Dakar debe reafirmarse con audacia en Incheon y deberá cumplirse seriamente en los próximos años. Los donantes deben priorizar la ayuda a los países de bajos ingresos y a los que se encuentran en situación de fragilidad o conflicto. Es preciso que en el contexto de la asistencia humanitaria, la ayuda a la educación como mínimo se duplique, a partir de su reducida base actual del 2-4%. Además, debe hacerse más hincapié en el canje de deuda por educación.

d. Tanto los gobiernos como los donantes deben priorizar el gasto destinado a la consecución de los objetivos y las metas en las comunidades más marginadas. El gasto que se destina a aumentar la equidad mejora la calidad de vida para todos.

e. La Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo de Addis Abeba deberá elaborar un marco de acción de amplio espectro para financiar los objetivos de desarrollo sostenible después de 2015. Instamos a los gobiernos y a todos los asociados a velar por que en el documento final de Addis Abeba figure el compromiso de financiar los objetivos de la educación y todas sus metas, con los parámetros mínimos específicos de financiación nacional y apoyo externo descritos en los párrafos 14 (a) y 14 (c) supra.

f. La Alianza Mundial para la Educación debería ajustar plenamente su plan estratégico y sus mecanismos de financiación a los objetivos y las metas educativas acordadas en el plano internacional. La Alianza debería apoyar a los países para que elaboren planes de amplio espectro en el sector de educación y debería evitar la creación de metas, objetivos o parámetros paralelos.

g. Se necesitan compromisos más diáfanos para garantizar que todos los recursos públicos (comprendidos los fondos para la ayuda procedentes de los impuestos que pagan los ciudadanos) se gastan en la educación pública y no se destinan a apoyar o subsidiar en modo alguno a entidades con fines de lucro. Las contribuciones del sector privado al sector de la educación deben orientarse a satisfacer la necesidad de más inversión pública en la educación e investigación y no a reemplazar la función de los gobiernos nacionales. Por consiguiente, reiteramos que la educación es un bien público y rechazamos los llamamientos en pro del aumento de la privatización o la comercialización de la educación, comprendido cualquier apoyo a las escuelas privadas poco onerosas y a las universidades con fines lucrativos. Asimismo nos oponemos a todo acuerdo comercial que incluya a la educación como mercancía y propicie la liberalización de los servicios educativos y la pérdida de derechos, como en el caso del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS). También exhortamos a todos los gobiernos a que regulen más enérgicamente la prestación privada de educación para evitar el abuso, la fragmentación y el aumento de la desigualdad.

15. Apoyamos la necesidad de mejorar el seguimiento y la evaluación de los progresos en todos los niveles y de impulsar una revolución en el manejo de los datos, especialmente en lo relativo a garantizar que los datos desglosados estén disponibles para todos, de manera transparente, a fin de que contribuyan a la elaboración de las políticas y prácticas educativas. El mayor desafío consiste en fortalecer los sistemas nacionales y el aumento de la capacidad cualitativa y cuantitativa de acopiar datos y de analizarlos de manera significativa y eficaz. Esto debe tener prioridad sobre las aspiraciones a obtener datos comparables a escala internacional. Debe realizarse un esfuerzo considerable de seguimiento para determinar en qué medida se reduce la desigualdad en la educación.

16. Reconocemos la función decisiva que ha desempeñado la UNESCO, en tanto que organización de las Naciones Unidas con un mandato para la educación, e instamos a que continúe con un proceso organizador, integrador y democrático, que recabe la participación de los Estados Miembros, los órganos competentes de las Naciones Unidas y la sociedad civil. Esta alianza es crucial para alcanzar el éxito. Como miembros de la sociedad civil, valoramos positivamente la Consulta Colectiva de las ONG sobre la EPT y la composición del Comité de Dirección de la EPT, que incluye a representantes de la sociedad civil.

17. Nosotros, representantes de organizaciones no gubernamentales nacionales, regionales e internacionales y de entidades de la sociedad civil de diferentes partes del mundo, nos comprometemos a trabajar y colaborar con gobiernos y con una amplia gama de grupos, personas e instituciones, a fin de alcanzar nuestro objetivo de “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. En particular, nos comprometemos a:

a. Proseguir el compromiso y el diálogo con la UNESCO y otros interesados principales, en todos los niveles, con el fin de articular los programas educativos en el marco de los ODS de las Naciones Unidas, en particular en el Foro Mundial de Educación;

b. Instar a todos los gobiernos, en los planos local, regional y central, a que cumplan su compromiso de aplicar la agenda de educación 2030 y el Marco de Acción;

c. Aumentar nuestra labor de promoción de la educación, tanto entre los profesionales de la enseñanza como al margen de ellos, y exigir a los Estados y los donantes que cumplan con sus obligaciones;

d. Fomentar la participación activa de familias, niños, jóvenes, estudiantes, docentes y comunidades, en particular de las más marginadas, de manera que sus opiniones se tengan en cuenta en la formulación de programas, y la elaboración y ejecución de políticas;

e. Difundir este documento final entre todos los miembros de la CCONG/EPT y, en general, a la sociedad civil en los planos nacional, regional e internacional;

f. Difundir la Declaración del Foro Mundial de Educación 2015 y del Marco de Acción “Educación 2030”.

18. Juntos debemos seguir defendiendo el principio de que la educación es decisiva para la agenda de desarrollo después de 2015 y que facilita la consecución de los demás ODS. El nuevo pacto mundial sobre el desarrollo exige una nueva generación de ciudadanos del mundo dinámicos, de todas las edades y en todos los países, que elaboren y compartan actitudes, conocimientos y conductas esenciales para lograr un planeta sostenible. Para alcanzar la dignidad y la justicia social y medioambiental, necesitamos educación y aprendizaje integrador, equitativo y de calidad a lo largo de toda la vida, para todos.