Dos terribles tragedias enlutan hoy a Colombia. En Riosucio, Caldas, 16 mineros han muerto en las profundidades de una mina anegada por las aguas del potente Río Cauca. En Salgar, Antioquia, una avalancha de la quebrada la Liborina, afluente del Cauca, acabó con la vida de 64 humildes personas y desapareció a decenas.

Son desastres sociales, consecuencia del poder oligárquico imperante en la sociedad y el Estado. Resultados de un orden político antidemocrático.

En su orden cronológico.

Riosucio, un municipio del departamento de Caldas, con alta población indígena y afro, donde viven cerca de 60 mil personas, ha sido escenario de muerte en las pequeñas minas de oro, en las que trabajan y de las que viven miles de mineros artesanos. 16 trabajadores fueron atrapados por las aguas del río y ningún poder humano pudo realizar su rescate. Mueren por las precarias condiciones en que realizan su labor cotidiana. Son los mineros pobres, los mismos que recientemente han protagonizado huelgas, bloqueos y paros para exigir sus derechos al gobierno nacional de Santos, los cuales han sufrido la arremetida violenta del Esmad de la policía en combinación con los paramilitares que abundan en la zona de Marmato y La Pintada.

Hace poco ocurrió algo similar en las minas de carbón de Amaga.

En Salgar, departamento de Antioquia, donde viven cerca de 20 mil personas, la quebrada la Liboriana, afluente del Rio Cauca, se represó y la avalancha mato 64 campesinos, entre mujeres, ancianos niños y hombres. Decenas no aparecen.

Esto ocurre en la Colombia de la Prosperidad para todos promocionada de manera grotesca y cínica por el Presidente Santos. Sucede en la Antioquia la más educada, del señor Fajardo, en prematura campaña presidencial, de la que hacen parte el Vice Presidente Vargas Lleras, Cárdenas el Ministro de Hacienda y Pinzón el Ministro de Guerra. Les importa un bledo la situación de miseria y pobreza de millones de colombianos.

Las dos tragedias que tiene llorando a Colombia, hay que decirlo claramente, son el resultado del neoliberalismo, que ha sido reforzado por el recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo impuesto por Santos y sus Ministros a punta de sobornos y mermelada con sus mayorías oficialistas.

Son el síntoma y reflejo de la crisis generalizada que vive el régimen político. Crisis económica, social y ética.

Mientras el pueblo sufre y vive las peores lacras, los políticos, la casta dominante, despojo billonarias sumas presupuestales de las regalías petroleras y mineras, que la reciente bonanza de los hidrocarburos generó.

Dineros que debieron haber sido utilizados para adelantar las obras de infraestructura de prevención de riesgos naturales, para mejorar vías, para construir puentes, jarillones, escuelas, hospitales, fueron arrebatados por los amigos de Santos y pararon en los conocidos paraísos fiscales del Caribe y en las cuentas de senadores y representantes santistas.

En el Quindío, por ejemplo, los jefes gobiernistas, como un tal fulano legislador, saquearon estos dineros con contratos fraudulentos, mismos que ha utilizado para comprar un municipio entero, Génova la tierra de Manuel Marulanda, lugar en donde es amo y señor, con la protección de grupos paramilitares adiestrados por las brigadas militares y cuarteles policiales, proclamados como guardianes de la sacrosanta propiedad privada capitalista y la democracia liberal.

En el Cauca, departamento de masiva pobreza, en el que los indígenas Nasa son víctimas de la violencia agroempresarial y latifundista, su gobernador Temistocles Ortega, armo un cartel con sus compinches santistas del Senador liberal Velasco, para quedarse con todas las regalías petroleras y mineras. Vías urbanas, escuelas, oficinas judiciales, canchas deportivas y otras supuestas obras son la máscara de este atraco ejecutado con contratistas de bolsillo. Tienen como objetivo perpetuarse en la Gobernación y las 43 alcaldías municipales, robándose las elecciones a punta de compra de votos el próximo 25 de octubre.

Todo esto se repite en otros departamentos como el Meta, Huila, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Arauca, Santander, Atlántico, Córdoba. Hay que ver las fortunas de esta nueva prepotente burguesía burocrática que está en auge con el descarado despojo de los dineros estatales que no fueron invertidos en las obras indispensables para evitar desastres como los de Salgar y Riosucio.

Lo más grave es que ahora buscan vender recursos estratégicos del Estado, con Isagen, en lo que está empecinado el jefe de la Casa de Nariño, para alzarse, obviamente, con otros 3 mil millones de dólares en falsas inversiones en las dobles calzadas de cuarta generación.

Colombia vive una crisis total, sistémica y la alternativa, lo hemos dicho, es la realización de la Constituyente popular por la paz que termine el prolongado conflicto social y armado cuya solución se busca con los diálogos de La Habana.

La Constituyente debe ser una conquista de la unidad popular, la cual ha dado un importante paso en el reciente cuarto Congreso del Polo Democrático, reunido el pasado fin de semana, que también ha convocado a las otras fuerzas de izquierda y democráticas para movilizar la multitud en la dirección de dar un vuelco sustancial al Estado y la sociedad.

La unidad popular debe contagiar a toda la sociedad para que actúe, como en su momento lo hicieron Ecuador y Bolivia, y construya un nuevo poder.

De lo que se trata es de erradicar el neoliberalismo y su plan de desarrollo.

De acabar con la podrida casta dominante, verdadera peste social de todos los colombianos.

Constituyente, ¡Ya!  es la demanda de las mayorías nacionales.