El Semanario Hildebrandt en sus Trece resaltó recientemente una información importante a considerar en medio del conflicto alrededor del proyecto minero Tía María. Según éste, el Grupo México, casa matriz de la Southern Copper, cuenta en su historial empresarial reciente con un derrame de 40 mil metros cúbicos de residuos en el Río Sonora en México en agosto del 2014.

Esta misma empresa, según un audio propalado en la televisión peruana, ha estado tratando de “comprar la conciencia” de uno de los voceros del paro en el Valle del Tambo (Arequipa); la misma empresa que acaba de ser acusada de corrupción en Andalucía (España)

Esta situación, nos recuerda la importancia de lograr en el Perú una buena gobernanza de la tierra, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): “una gobernanza débil provoca la degradación del medio ambiente, ya que funcionarios públicos corruptos e intereses privados actúan en connivencia para ignorar los controles sobre el uso de la tierra, la extracción de agua y minerales y el desbroce de bosques”

Si consideramos que a nivel nacional la agricultura emplea al 26% de la Población Económicamente Activa (PEA) Nacional y al 65.5% de la PEA del área rural según datos del último Censo Agrario. Somos entonces consientes que es la agricultura y no las actividades extractivas, la que de manera sostenida vienen generando empleo y desarrollo a nuestro país, sobre todo a las zonas rurales.

Sin embargo, un Estado centrado en el extractivismo, ha venido generando que el 15,38% del territorio nacional, unas 19.573.752 hectáreas, se encuentran concesionadas a compañías mineras. En la Amazonía peruana, 49 millones de hectáreas están repartidas en lotes concesionados a operadores petroleros. En contraste, sólo 15 millones de hectáreas son áreas protegidas, 7 millones son concesiones forestales y 3 millones son tierras colonizadas para ampliar frontera agropecuaria”

Hasta hoy el Perú no diversifica sus bases productivas y económicas e insiste en centrar su desarrollo en el extractivismo. Además, existe poca disposición del Estado a buscar salidas más creativas a las acciones violentas y cortoplacistas que rigen el escenario actual. El historiador peruano, Antonio Zapata, en un reciente artículo en el diario La República, ensaya una posibilidad a esta situación: “A estas alturas se sabe dónde están los yacimientos mineros y se tiene una evaluación de su potencial. Asimismo, se sabe dónde la minería afecta todo el ecosistema y dónde es relativamente aceptable. Con ese conocimiento se puede elaborar un mapa que establezca dónde se puede desarrollar minería y dónde queda prohibida. Que se apruebe en forma plebiscitaria, porque si la ciudadanía lo respalda, ese acuerdo será poderoso e imparcial, justo lo contrario al Estado.” Lastimosamente el Estado ha dejado de lado los procesos de Zonificación Económica y Ecológica a nivel nacional.

Además, el problema está en que el Estado aparece hoy en día como un intermediario de las empresas y el gobierno de turno, prefiere expresar la voz de la inversión irresponsable a la voz de millones de ciudadanos y para esto, aprovecha el monopolio de los medios de comunicación. Es vergonzoso ver cómo, cual cadena nacional, varios medios se presentan para exhibir una cara de la moneda y no exponer la situación de violencia propiciada por el actual gobierno.

Tenemos decenas de conflictos ambientales latentes y activos y un Estado que responde en el mejor de los casos con “mecedoras de diálogo” que no llegan a buen puerto y en su otra expresión, en acciones represivas con armas de guerra, literalmente disparando a población civil como si fueren delincuentes. Lo cierto es que crece la indignación y ante más represión, la respuesta viene siendo, más violencia, tanto de los ciudadanos como del gobierno pero, en una proporción bastante desigual y que esperamos cese inmediatamente.

Jorge Arboccó

Antropólogo peruano.

Publicado en: https://nuestrosderechos.lamula.pe/2015/05/18/entre-lentejas-y-la-gobernanza-de-la-tierra/nuestrosderechos/