Aunque previamente ya había diversos indicios que mostraban síntomas de desaceleración, la cruda realidad empezó a plasmarse a partir de enero de 2008 con el inicio del hundimiento bursátil aunado con un escenario inflacionista debido a los galopantes incrementos de los precios de los carburantes y de los productos alimenticios y que finalmente terminaría por desencadenar lo que ha venido a denominarse la crisis económica de 2008. Así, la economía española de la última década se ha basado en la conocida “dieta mediterránea”, (cuyos ingredientes principales eran el “boom” urbanístico, la exportación, el turismo y el consumo interno), fórmula que creaba excelentes platos minimalistas, de apariencia altamente sugestiva y precio desorbitado pero vacíos de contenido culinario y con fecha de caducidad impresa (2008), debido al estallido de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento del castillo de naipes de la economía española. En consecuencia, la entrada en recesión de la economía española implementó el estigma de la incertidumbre y la incredulidad en una sociedad inmersa en la cultura del Estado de Bienestar del mundo occidental, derivando posteriormente en un shock traumático al constatarse el vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo y posterior desahucio, inmersión en umbrales de pobreza y dependencia en exclusiva de los subsidios sociales, no siendo descartable el finiquito del llamado “ Estado Asistencial” en el horizonte del próximo quinquenio.

Instauración del copago sanitario total

El finiquito a la prescripción por principio activo en todo el Sistema Nacional de Salud, reflejado en el primer aumento tras 30 años del porcentaje que tendrán que pagar los beneficiarios de la Seguridad Social que en el caso de los jubilados con pensiones contributivas significará pagar un 10% de los medicamentos, supone la desaparición de otro de los tabúes de la economía española Así, según eleconomista.es, de cada 100 euros que gastan las administraciones públicas, 52,6 euros son transferencias al sector privado, básicamente para pagar pensiones, prestaciones por desempleo y servicios sociales, citando el “Informe Económico de junio 2012” elaborado por el centro de estudios de negocios Esade, no siendo descartable la instalación del copago sanitario total en el horizonte del 2016.

Recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha advertido a los países europeos que” los recortes económicos amenazan con crear una emergencia sanitaria que, si no se ataja, tendrá graves consecuencias económicas, sociales y de salud en las próximas generaciones, por lo que España que tiene el índice de desempleo juvenil más alto de Europa (52 %), debería adoptar medidas urgentes para evitar lacras futuras”.

Sin embargo, los Presupuestos para Salud del Gobierno central y las Autonomías han experimentado una caída del 11 % desde el 2010, lo que se ha traducido en un recorte de 6.7700 millones € en inversiones (150 € menos por habitante) y que tendría su plasmación en la política de privatización de hospitales y servicios públicos, en la supresión de numerosos consultorios y servicios de guardia médica en zonas rurales que deberán desplazarse hasta los núcleos urbanos más cercanos para recibir asistencia sanitaria y en la aparición de enfermedades emergentes como la malaria o el paludismo que afectan especialmente a la población inmigrante y que en la mayoría de las Comunidades autónomas carecen del derecho a la sanidad universal y gratuita.

Desempleo y exclusión social

Los datos del INE nos recuerdan que el paro de larga duración se habría multiplicado por diez desde 2008, pasando del 11% del total de parados en dicho año 2008 (242.800 personas) al 41% actual (2.419.000 parados) mientras que el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha elevado hasta niveles insoportables y cada vez son más los parados de larga duración que pierden todo tipo de subsidio, pues aunque el Gobierno del PP ha prorrogado la ayuda del Plan Prepara debido a la presión social, incluye modificaciones sustanciales que limitarán el acceso de los parados a dichas ayudas en función de su colchón familiar. Así, la renta de todo el núcleo familiar (padres inclusive), servirá para determinar si se tiene derecho a recibir una ayuda que sube a 450 € para los parados de larga duración que tengan al menos tres familiares a su cargo, estableciéndose el listón en los 481 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar y quedando descartado todo solicitante que sobrepase dicha cifra.

Por otra parte, según el Consejo Económico y Social, 422.600 hogares vivían gracias a la pensión de los abuelos con ingresos medios de 840 € y que a pesar de su exigüidad, constituía hasta hoy el último salvavidas de los restos del naufragio económico español, pero teniendo en cuenta que se ha establecido por Ley un mínimo incremento de las pensiones de un 0,25 %, el colchón familiar verá reducido su grosor y se elevará el riesgo de pobreza y fractura social. Así, según el informe de Intermon Oxfam sobre “Crisis, desigualdad y pobreza”, se advierte que de continuar los recortes sociales, la pobreza en España podría llegar a afectar al 40 % de la población en el horizonte de la próxima década (en la actualidad, según dicha ONG, la tasa de pobreza se situaría en el 27% de la población y afectaría ya a 13 millones de personas). Finalmente, añadir que según Cáritas tres millones de personas vivirían ya en situación de “pobreza severa” (menos de 307 euros al mes) mientras el número de millonarios en España habría aumentado un 13% en el último año según datos de Eurostat, con lo que se está agudizando de forma vertiginosa una fractura social de resultados impredecibles.

¿Colapso del Sistema de pensiones?

Según señala Joel Kotkin en la revista Forbes, durante décadas, los países del Norte (Alemania, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda , Finlandia y Reino Unido), han compensado las muy bajas tasas de fecundidad y la disminución de la demanda interna con la llegada de inmigrantes y la creación de economías de orientación exportadora altamente productivas y por el contrario, los países periféricos europeos no han desarrollado unas fuertes economías que compensen su desvanecimiento demográfico al basar su economía en la llamada “dieta mediterránea” , cuyos ingredientes principales eran el “boom” urbanístico, el turismo y el consumo interno ,que creaba excelentes platos minimalistas, de apariencia altamente sugestiva y precio desorbitado pero vacíos de contenido culinario y con fecha de caducidad impresa (2008), provocado por el estallido de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento del castillo de naipes económicos de los países PIIGS ( despectiva abreviatura anglosajona que englobaría a España, Portugal, Italia, Irlanda, y Grecia) y por mimetismo de Chipre, Malta y Eslovenia.

Según el profesor del Departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Universitat de València, Enrique Devesa, el sistema actual “presenta falta de sostenibilidad porque la Seguridad Social ofrece una rentabilidad promedio a todos los cotizantes de casi un 4,5%, lo que significa que las pensiones son elevadas respecto a las cotizaciones que se efectúan al sistema” y por su parte José Ramón Urrutia declara que “muchos menos cotizantes con salarios más bajos, hacen que los ingresos vayan cayendo y los gastos en pensiones subiendo más del 4% por los nuevos jubilados provocará que el déficit de la Seguridad Social en el 2015 ronde los 10.000 millones de euros”. La OCDE recomendó “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos” en un estudio dedicado a analizar las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años, pero a pesar de ello y según el Instituto Nacional de Estadística (tomando como fuente Eurostat), el peso sobre el PIB del gasto total en pensiones se ha mantenido estable entre 1990 y 2007, pasando de un 9,1% a un 9%, con un pico del 10,3% en 1996.

Por otra parte y según el pais.com, la pensión pública en España equivale al 81,2 % del último salario percibido frente al 42,2 % de media de la OCDE, lo que explicaría el desinterés de los españoles por invertir en Fondos de Pensiones (el 8,2 % del PIB frente al 30, 7% de media en la UE), por lo que desde las esferas del Gobierno se intentará convencer a la ciudadanía que para garantizar el nivel de vida de los futuros pensionista se deberá complementar “el sistema de reparto”, fomentando el SPP (Sistema Privado de Inversiones) según las posibilidades de cada ciudadano, lo que permitiría que cada trabajador se asegurara la pensión deseada en el momento de su jubilación. Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que el país pierda un millón de habitantes en la próxima década, una tendencia que va a empeorar a medida que la generación del “baby-boom” comience a fallecer, dibujándose un escenario insostenible para el 2021 en que la “tasa de dependencia” según el INE, crecerá en un 57%, (lo que supone que habrá seis personas inactivas ya sea jubilados, parados o estudiantes por cada persona activa), lo que hará inevitable el agotamiento de los fondos de la llamada “hucha de las pensiones” estimados en la actualidad en 41.634 millones €.

Asimismo, el Gobierno preparará el enésimo Plan para aflorar la economía sumergida pues según un informe elaborado por el instituto Tax Research, (que intenta cuantificar la economía sumergida y los ingresos que pierden los Estados por culpa del fraude fiscal), la economía sumergida en España representa el 22,5% del PIB nacional y si este montante de dinero tributara, el Estado podría recaudar 72.709 millones de euros anuales, con lo que España sería capaz de absorber su deuda pública en 8 años según los autores del informe “Closing The European Tax Gap” encargado por el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo para analizar la economía sumergida en cada uno de los países de la Unión Europea, de lo que se deduce la necesidad urgente de un nuevo Pacto de Toledo consensuado entre Gobierno, Oposición, Patronal y Sindicatos para consensuar los mínimos asistenciales, las fuentes de financiación y el calendario de aplicación de dicho pacto con el objetivo inequívoco de evitar el colapso de la Seguridad Social en el horizonte del 2.021.

Germán Gorraiz López es analista internacional