El diario La Opinión de Cúcuta encabeza su cuadro de Indicadores Económicos con el valor de cambio del “Bolívar F”: el lunes 12 de mayo lo fija en 8,70 para la compra y 9 para la venta. Pero la página oficial del Banco de la República (Banco Central de Colombia) ubica el valor del Bolívar fuerte venezolano en 196,6 pesos.

Extrañamente, los cambistas particulares, en el plano de la especulación, y el Estado –teóricamente desde la legalidad- coinciden en la tasa respecto del dólar: cerca de 2.400 pesos, pero presentan un diferencial de 187 pesos respecto del signo monetario venezolano; o sea, el gobierno de Colombia tiene un solo tipo de cambio para el dólar y todas las otras monedas del mundo, mientras para el bolívar tiene dos caras, doble moral, dos cambios: el oficial y el paraco. De esta manera el peso –y con él toda la economía colombiana- se trasmuta en sanguijuela. En esta manipulación forzosa radica la masiva extracción de bastimentos desde Venezuela allende las fronteras. Un hecho sin duda criminal.

¿Qué hace el gobierno de Colombia por regularizar esa situación anómala?

La clase política neogranadina, desde tiempos de Pastrana con la Resolución Octava del Banco de la República, promueve y se beneficia de ese desangre, y hasta le han dado soporte legal.

Lo mismo ha ocurrido con la gasolina. Decretos de Uribe, que obligan a mostrar las marcas de combustibles en las estaciones de servicio, exoneran este requisito en los municipios fronterizos, para que en esa franja “de nadie” robo de hidrocarburos sea una orgia desenfrenada.

Tremendo descaro, inimaginable en los anales del comercio y las relaciones entre vecinos, que ha sido posible por la desvergüenza de los funcionarios civiles y uniformados que tienen la obligación de cuidar nuestras fronteras patrias.

La actual crisis económica, mezcla letal de inflación, devaluación y desabastecimiento, están íntimamente ligadas a la operación monetaria y el contrabando masivo estimulado, organizado y amparado por la elite colombiana contra Venezuela.

No excuso los errores cometidos por nuestra burocracia, por incapacidad o corrupción, por ignorancia de la Ciencia Económica, pero es mi deber patriótico denunciar la guerra descarada que Colombia aplica a diario, desmadrando nuestro país para lucro de un puñado de delincuentes y debilitamiento de la Revolución.

Los que implementaron los cupos viajeros, las remesas en dólares para extranjeros, y le dieron (y dan) nuestras divisas a falsos empresarios, tienen que estar en la cárcel, respondiendo con su peculio y libertad la afrenta causada.

Creo, desde mi creciente angustia bolivariana por la gravedad de lo que está sucediendo, que deben tomarse medidas “inusuales y extraordinarias” contra el enemigo campante que se enriquece a costa de nuestro fracaso.

La revaluación artificial del peso contra el bolívar, es la causa del poder de compra que permite extraer de nuestros mercados todas las mercancías, a la vez que las encarecen por el facilismo de esas ganancias mafiosas.

El bachaqueo ha corrompido a amplias capas de la sociedad, estimulando el parasitismo, la especulación, y abriendo paso a una cultura terrible que ya invadió hasta el idioma con modismos típicos de la jerga narcotraficante.

La deserción escolar se lleva de colegios y liceos a miles de jóvenes lanzados al lupanar del consumismo y la delincuencia. No exagero al afirmar que la normativa colombiana que encubre estos desafueros, junto a la actitud hipócrita del gobierno bogotano, es, en términos prácticos, peor que el “decreto Obama”.

La relación con Colombia no debe distraerse en boberías. Hay medidas urgentes que tomar. Durante su campaña electoral, Juan Manuel Santos prometió en una reunión con financistas, que “tarde o temprano ese mercado será nuestro”, refiriéndose a Venezuela. Parece que con la ayuda de sátrapas y patanes lo va logrando. 

- Yldefonso Finol,

Guerrero Añú.