Los gobiernos de la Revolución Juliana (1925-1931), expresión de la naciente izquierda en Ecuador, implantaron el papel interventor del Estado en la economía, así como su obligatoria regulación de las políticas sociales y laborales.

Gracias a esa doble institucionalización, en materia económica nacieron: Banco Central, Superintendencia de Bancos, Contraloría General, Ley de Impuestos Internos (por primera vez impuesto sobre las rentas e incluso uno sobre ganancias del capital), Ley de Industrias, y se introdujo el criterio de “función social” de la propiedad. En materia social: Ministerio de Previsión Social y Trabajo, Sistema Nacional de Salud, leyes sobre contrato individual, salario mínimo, sindicalización, huelga, jornada, accidentes del trabajo, desahucio, trabajo de mujeres y menores, maternidad; y se creó la Caja de Pensiones (1928) solo para empleados públicos, civiles y militares (después empleados bancarios), que cubría enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y mortuoria. Ni el Estado, ni los patronos aportaban a la Caja, y los afiliados ahorraban el 5% anual de sus remuneraciones.

La Constitución juliana de 1929 consagró los principios laborales, que serían incorporados y ampliados en el Código del Trabajo, dictado en 1938. Desde entonces, lentamente avanzaron los derechos sociales y laborales, de modo que hacia 1970 ya se contaba con leyes bastante amplias.

Paralelamente, en 1935 se dictó la Ley de Seguro Social Obligatorio (SSO), se creó el Instituto Nacional de Previsión y nació la Caja del Seguro (1937) para empleados y trabajadores privados. Solo entonces comenzaron los aportes patronales. Desde luego, por aquella época, en la que dominaban sobre la economía los terratenientes, los latifundios, las haciendas y las formas de trabajo precario en la agricultura (sembraduría, peonaje, aparcería, huasipungo, etc.), con campesinos, montubios e indígenas en condiciones miserables, y en la que la manufactura, la industria y el trabajo asalariado de los obreros mal pagados era incipiente (fue mayor el número de trabajadores del Estado), la seguridad social cubría a un sector muy reducido de la población nacional.

Una nueva Ley de SSO (1942) dictada por Carlos A. Arroyo del Río (1940-1944), introdujo el aporte estatal del 40% al sistema de pensiones, lo cual, al mismo tiempo que comprometía recursos nacionales para subsidiar a una élite de trabajadores afiliados, alivió a los patronos privados que bien podían eludir sus aportes o mantenerlos reducidos, ya que el Estado siempre sería el mejor garante de fondos. Para 1950, con la población nacional en 3.2 millones de habitantes, solo 100 mil personas (3,1%) estaban afiliadas a las Cajas de Pensiones y del Seguro.

En 1963 las 2 cajas fueron fusionadas y nació la Caja Nacional del Seguro Social que en 1970 se transformó en  el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al cual debían ser afiliados, en forma obligatoria, todos los trabajadores sujetos a relación de dependencia con los patronos. Esto fue sistemáticamente burlado. (Continuaremos).

Ecuador, lunes 27 de abril de 2015

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica. http://puce.the.pazymino.com

Publicado en El Telégrafo 27/04/2015