En la entrega anterior señalamos que el capitalismo criminal se caracteriza porque las corporaciones criminales adquieren una importancia relevante en el funcionamiento del sistema. También dijimos que si las corporaciones criminales son la materialización económico-financiera del capitalismo criminal, en lo jurídico-político es el Estado criminal el que lo encarna. Aquí desarrollamos esta última idea.

Para el capitalismo criminal y las corporaciones criminales es imprescindible incrementar el capital a cualquier costo. Para ello echan mano del Estado criminal. México es hoy, como antes fue Colombia, uno de los países donde vemos las expresiones más terribles de esto. Sin embargo, el fenómeno también puede observarse en otras geografías, por ejemplo en algunos países de África Occidental.

En el caso de México en particular, observamos cómo las corporaciones criminales se han insertado en todas y cada una de las instituciones del Estado: presidencias municipales, diputaciones, gobernaciones, jefaturas de policía y un largo etcétera, han sido exhibidas por su vinculación o pertenencia a grupos criminales.

Al respecto, Gustavo Esteva ha señalado que «experimentamos [un] lodo social y político. Del mismo modo que en el lodo no es posible distinguir el agua de la tierra, en México ya es imposible distinguir claramente entre el mundo de las instituciones y el del crimen. Son la misma cosa; encarnan conjuntamente el mal que padecemos».

Las corporaciones criminales y en general el capitalismo se alimentan de la corrupción estatal. Ésta última tampoco es una anomalía, es lo que enlaza lo legal y lo ilegal y crea ese lodo al que se refiere Esteva. En este contexto, combatir la corrupción implementando los más sofisticados y autónomos aparatos de transparencia son ejercicios necesarios pero insuficientes; son como aspirinas para el cáncer.

Ahora bien, si el Estado es «el instrumento de dominación de una clase sobre otra» –en este caso de los ricos sobre los pobres– las corporaciones criminales, como nuevos miembros de las burguesías nacionales y transnacionales entran también a la disputa por la materialización del Estado; es decir, las instituciones y los gobiernos. Ya no sólo financian campañas o utilizan a sus aliados de clase en la política, ellos mismos se vuelven parte de dichas instituciones y utilizan toda esa infraestructura para sus negocios. El primer rasgo entonces del Estado criminal es que borra las fronteras entre lo legal y lo ilegal, entre lo institucional y lo criminal; peor aún, lo ilegal ocupa lo legal para seguir reproduciéndose.

Un ejemplo concreto de lo anterior es lo acontecido durante 2013 en el municipio de Aquila, Michoacán. Había surgido ahí una organización de autodefensa comunitaria. Dicha organización denunciaba una red de complicidad entre la Minera Ternium, las autoridades locales y los Caballeros Templarios. Cuando la Policía Federal y el Ejército acudieron a la zona detuvieron a 45 de los pobladores que se habían coordinado para defender su territorio. Por el contrario, de Ternium y de los Caballeros Templarios no se investigó nada. Tanto la minera como el cártel siguieron operando a sus anchas. Por supuesto, el fenómeno no se reduce al caso de Aquila, también en el estado de Guerrero y otras partes de Michoacán se han documentado complicidades de megaproyectos –que implican despojo territorial–, crimen organizado y gobiernos de los tres órdenes y niveles.

Encontramos en este mismo caso una segunda característica del Estado criminal: una política criminalizadora, mediante la cual busca anular el descontento social y las múltiples formas de resistencia que surgen en contraposición. De esta manera se criminaliza la protesta social y a ciertas ideologías y prácticas contestatarias, sobre todo aquellas que no se ajustan a los mecanismos e instituciones del Estado. Sin embargo, inclusive las protestas que actúan dentro de los márgenes de lo estatalmente permisible llegan a ser reprimidas, violentadas, acalladas o reducidas: los tribunales internacionales y las múltiples recomendaciones no inmutarán a un Estado que continuará actuando de manera criminal.

Situado en su dimensión histórica, el Estado criminal está fuertemente vinculado tanto al capitalismo en su fase neoliberal como al proceso de globalización: es un Estado al que se le ha eliminado todo contenido social y al que se le ha fortalecido para garantizar y salvaguardar la propiedad privada, así como la acumulación por despojo. Para muestra de ello, basta mirar el paquete de reformas estructurales de los últimos años –Educativa, Laboral, Energética; la militarización de la seguridad pública con el consecuente despliegue del Ejército por todo el país; la creación de nuevas estructuras policiacas como la Policía Federal, la Gendarmería Nacional o la Agencia Federal de Investigación; o bien la implementación de políticas de «tolerancia cero».

En el Estado criminal, los crímenes de Estado son una constante. Las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas y recurrentes. Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales también son cotidianas. Activistas sociales, defensores de derechos humanos y periodistas comprometidos con la verdad se han vuelto «sujetos vulnerables».

En el caso de periodistas y comunicadores en particular, la situación es alarmante. De acuerdo con datos la organización Reporteros sin Fronteras, en la última década (2003-2013) 80 periodistas han sido asesinados y 17 han sido desaparecidos. Por su parte, las organizaciones Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas documentaron el asesinato de 31 periodistas de 2010 a 2014, suceso al que habría que sumar las amenazas y los actos de censura.

El encarcelamiento por motivos políticos resulta una herramienta más del Estado criminal. Según datos de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y del Comité Cerezo México, actualmente existen en México 395 presos políticos y de conciencia.

Pero la violencia del Estado criminal no va sólo dirigida contra las organizaciones, pueblos y comunidades que resisten, en realidad se aplica contra una mayoría de la población. Mantener atemorizada a la sociedad se ha vuelto un instrumento estatal fundamental. El miedo y el terror son mecanismos por los que el Estado criminal controla a la sociedad. Al respecto, Pilar Calveiro[1] ha analizado a profundidad cómo este fenómeno obedece a la reconfiguración del poder como consecuencia de una reorganización de la hegemonía mundial.

En el capitalismo criminal los antiguos campos de concentración de los fascismos y las dictaduras militares se refuncionalizan y son utilizados como centros de «trabajo» esclavo. Los testimonios de migrantes hombres y mujeres que fueron detenidas o secuestradas para someterlas a explotación laboral o sexual se cuentan por miles. En la mayoría de estos testimonios también figura la participación de policías, gobernantes o integrantes de diferentes partidos políticos. Para las corporaciones criminales, como ya hemos dicho, no sólo los territorios son «explotables», también lo son los cuerpos.

Los gobiernos y los estados de las naciones donde más se ha desarrollado el capitalismo criminal llegan a convertirse en verdaderos aparatos de guerra contra sus sociedades. Los rasgos más visibles en México –y también los más devastadores– son los de las víctimas humanas, que rondan entre las 130 mil personas asesinadas, más de 35 mil personas desaparecidas, cerca de 280 mil personas víctimas de desplazamiento forzado, los feminicidios, juvenicidios, asesinatos de migrantes, miles de huérfanos y otras terribles realidades que los números jamás lograrán sintetizar.

En el caso particular de México, algunos intelectuales y periodistas han llegado a la conclusión de que se trata de un «Estado fallido». Argumentan que el Estado mexicano ha fallado en garantizar seguridad y que por tal motivo se vive un clima de violencia e inseguridad. Desde luego no compartimos esa opinión[2]. Observamos que en realidad el Estado mexicano obedece a la lógica del capital. No está fallando, sino adaptándose para cumplir una función: garantizar la acumulación y reproducción del capital. Veámoslo de esta forma: el Estado criminal es al capitalismo criminal lo que fue el Estado de bienestar al keynesianismo.

Si podemos afirmar entonces que el Estado es criminal, buscar alternativas dentro de él resulta absurdo. Eso lo saben bien las organizaciones, pueblos y comunidades que hoy construyen alternativas reales. Alternativas que frente a un proyecto basado en la muerte, reivindican la vida. Sobre las luchas por la vida versará nuestra siguiente entrega.

@cancerbero_mx

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