El Cono Sur vive durante el último decenio una primavera de gobiernos progresistas: el Frente Amplio en Uruguay, Fernando Lugo en Paraguay,  el PT en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, el Chavismo en Venezuela, Michelle Bachelet en Chile y el Kirchnerismo en Argentina.  No obstante, no todos los países parecen consolidar este camino.

Actualmente Colombia ocupa la cuarta posición en PBI de América Latina por delante de Venezuela, Chile y Perú. En 2014 su economía fue la que más creció del continente con un 4,9%, muy por encima del promedio regional del 1,5%.   

Sin embargo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el mundo existen 33,3 millones de desplazados internos (personas que permanecen dentro de su país en búsqueda de refugio) entre los cuales se concentra la mayoría de ellos en 5 países: Nigeria, Congo, Nigeria, Siria y Colombia.  Poco se sabe que Colombia es el país con mayor cantidad de desplazados del mundo según la ONU con 5,3 millones de personas. Todas ellas familias despojadas de sus hogares, muchas de ellas sufriendo la pérdida de algunos de sus integrantes al ser acorralados por el fenómeno del paramilitarismo y el narcotráfico.  

Informes de la ONG Colombiana Somos Defensores, manifiesta que el 95% de los asesinatos sobre defensores de derechos humanos queda impune. No es poco, si se considera que no menos de 220 asesinatos tuvieron lugar entre 2009 a 2013. Ya en 2014 los asesinados arribaron a un total de 55 y la respuesta estatal para los familiares de las víctimas fue nula.

Por otra parte, son decenas los funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) que se encuentran investigados por casos de corrupción, vínculos con el narcotráfico y apoyo logístico al paramilitarismo. Por ejemplo, el Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias se encuentra prófugo de la Justicia y con circular roja de la Interpol; varios Senadores están procesados por nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo, entre los que se encuentra Santiago Uribe ( hermano del ex Presidente) por vínculos con el grupo fundador del neo paramilitarismo Los Doce Apóstoles.

El Conflicto armado colombiano se remonta a la década del 50, cuando en el marco del denominado fenómeno de la violencia, aparecen las primeras guerrillas como reacción del campesinado colombiano frente a la persecución política de fracciones del Partido Conservador, terratenientes y el Estado que promovía la doctrina de Seguridad Nacional.

Siempre se recordará 1964 como un año clave en el que se organizan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En 2014, luego de 50 años de conflicto armado en el país, ambas guerrillas continúan posicionadas militar y políticamente por lo que el Estado se ve obligado a generar nuevos espacios de diálogo en pos de superar la guerra.

El Conflicto social, político y armado colombiano es un fenómeno complejo de entender así como de solucionar, son varias las explicaciones que se han formulado, pero más allá de cualquier perspectiva o planteamiento, la concentración de tenencia de la tierra, ha sido un factor central en el conflicto, y solamente cuando este sea resuelto, tal vez la paz pueda ser una realidad en el país.

La historia de los Procesos de Paz en Colombia, comenzó en la década del ´80, bajo el Gobierno de Belisario Betancur en 1984 cuyo resultado fue la creación del extinto Partido Unión Patriótica (UP) que según la Fundación Manuel Cepeda[1], fue víctima de genocidio político, pues se estiman 5.000 (cinco mil) personas asesinadas por fuerzas Paramilitares en complicidad con las Fuerzas Militares. La UP pretendía consolidarse como un partido alternativo al Liberal y Conservador, donde distintas opiniones pudieran participar en la vida política del país, entre ellas la de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) quienes tendrían en la UP un mecanismo de transición de las armas a partido político.

Con la persecución política y exterminio de la UP, los diálogos se vieron frustrados y es hasta 1992 que se da, después de inaugurada la constitución de 1991 con la desmovilización del Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército de Popular de Liberación (EPL), la instalación de una nueva mesa de negociación con las FARC en Tlaxcala México. En este proceso participó también el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y fracciones del EPL, agrupados en la denominada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, sin embargo estos diálogos fracasaron.

La tercera mesa de negociación con las FARC se instala en 1998, esta vez bajo la modalidad de Zona de Despeje y cese bilateral del fuego, sin embargo los diálogos fracasaron y a partir de allí cambió la estrategia del Gobierno; para llegar a la paz se debe hacer la guerra. Fue así como bajo la égida de Estados Unidos, el Estado colombiano firmó el Plan Colombia y el Plan Patriota implementado por Álvaro Uribe. 

De esta manera con el Gobierno de Uribe, el país entra en una etapa de intensificación del conflicto armado por medio del fortalecimiento de las fuerzas armadas, pero en una paradójica negación de la existencia del mismo por parte del Gobierno Nacional.

En el 2010 ocurre el cambio de gobierno y para el 2012, Juan Manuel Santos sorprende al país con  la noticia de la instalación de una mesa de diálogos con las FARC-EP en La Habana, en la que al parecer se han discutido puntos estratégicos y estructurales necesarios para consolidar la paz en el país.

En el marco de la mesa de diálogo de La Habana se deben contemplar la transformación de los factores que históricamente han impedido consolidar un sistema democrático y un Estado Social de Derecho como lo define la Constitución política colombiana de 1991. Para esto resulta necesario transformar instituciones nacionales pero también regionales, democratizar la estructura agraria del país por medio de una política de redistribución y titulación de la tierra, además de desmontar finalmente la estructura paramilitar y así asegurar garantías de participación política para todos los sectores, entre otras medidas.

Es evidente que la construcción de la paz no se materializará en lo inmediato, así algunas de las transformaciones que se deben desarrollar requieren voluntad política de las partes pero en especial del Estado y de los sectores más modernizantes de la clase dominante. Sin lugar a duda el 2015, será un año clave para terminar con un conflicto que quiebra de punta a punta a toda una sociedad diezmada por la guerra y continua reclamando una paz con justicia social.

Vannessa Morales Castro

Trabajadora Social (Universidad Nacional de Colombia). Candidata a Magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos por la Universidad de Buenos Aires.

Rodrigo Gomez Tortosa

Politólogo (UBA). Candidato a Magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos por la Universidad de Buenos Aires. Co- Vicepresidente de la Asamblea Permanente por Los Derechos Humanos-Argentina.