Llevo muchos días siguiendo con atención y con enorme dolor todo lo que ha ocurrido con la Corte Constitucional, sus declaraciones y autodenuncias. Aprovecho toda ocasión para informarme del tema y poder ofrecer mi interpretación del caso, no solo como ciudadano sino como profesor de Teoría constitucional.

1. Le hace bien al país estar al tanto de lo que sucede en el interior de una de las instituciones más prestigiosas que ha tenido lugar a lo largo de esta veintena de años. Su estructura y funcionamiento siempre posaron de intachables y de incorruptibles. Ininterrumpidamente ha sido declarada personaje del año. A pulso y a través de sentencias emblemáticas mantuvo un cuño intelectual y pedagógico sobre el alcance y la naturaleza del Estado social de derecho y sus múltiples consecuencias. La misma Corte Constitucional se hizo a pulso un puesto en el epicentro de la cultura jurídica. Hizo lo que la Constitución le mandaba en un escenario democrático deliberativo: asegurarle al mayor número de agentes sociales y políticos acceso al foro público para que visibilizara sus derechos y denuncias. Inclusive en contra de oposiciones políticas mayoritarias. En medio de estos debates hizo valer su independencia a toda costa. No le han faltado reproches y críticos voraces. Pero ha sabido sortear cada pleito con solvencia y tino.

2. Además de sentencias memorables en las que se ha ocupado de asegurar derechos de población vulnerable, invisibilizada y marginal que no tiene cómo pagar favores con votos, la Corte Constitucional se ha caracterizado por disponer de un recurso humano excepcional. En su seno ha tenido nicho un grupo de juristas de primer nivel. Suelo empezar la lista con Ciro Angarita Barón. En simultáneo salta a la mesa una amplia lista que incluye a Vladimiro Naranjo, Carlos Gaviria, Marco Gerardo Monroy, Eduardo Cifuentes, Manuel José Cepeda, Jaime Araujo, Juan Carlos Henao o el fugaz paso de Rodrigo Uprimny. Además de sus Magistrados auxiliares como Mauricio García Villegas, Catalina Botero, Rodolfo Arango Rivadeneira, Javier Tobo o Alexey Julio Estrada. Todos ellos de notable alcance académico que hicieron de sus sentencias tratados de filosofía política y pólvora para impulsar balas de cañón.

3. Cuando la Corte Constitucional empezó a publicitar sus sesiones académicas de cara al país sobre el alcance de la jurisprudencia constitucional recibió la aceptación de los constitucionalistas más importantes de todo el mundo para dialogar sobre el papel de los jueces constitucionales en democracias incipientes. El evento tenía sede en un auditorio de la Universidad Externado con capacidad para 200 personas. La entrada era libre y la inscripción se hacía por internet. Con sorpresa, para el bien de las discusiones constitucionales y la confianza académica que lideraba la Corte Constitucional se inscribieron más de 7.000 interesados en el tema. La Corte Constitucional para atender la demanda debió habilitar sistemas de reproducción digital a lo largo y ancho de todo el país. Fue un evento que confirmó el posicionamiento de la Corte Constitucional como anfitriona más allá de nuestras fronteras. La Corte Constitucional cumplía a la perfección el papel de interlocutora legítima de sus pares al primerísimo nivel intelectual, jurídico, público y constitucional.

4. Pero ha ocurrido lo peor. Lo inesperado. Los magistrados de la Corte Constitucional, insignia y símbolo del decoro institucional y judicial del país han quedado atrapados en sus propias trampas. Han pasado a repetir los mismos vicios declarados en instancias inferiores. Coimas, chantajes, sobornos, intrigas, amenazas. Han utilizado el poder de hacer lo que se debe hacer para ampliar su lucro y cobrar con intereses políticos y prebendas en favor de familiares o amigos. Los memorables magistrados de la Corte Constitucional sacan los trapos al sol de una forma inesperada que le hace daño no solo a su condición de juristas sino que demuestran la manera en que les queda grande el papel que ocupan. Parecieran desconocer que la actuación de algunos empaña y echa por la borda todo lo que los demás habían construido. Es un precio inevitable a pagar cuando uno solo del gremio se sale del carril. Pasa con el oficio de abogados, con el cura que abusa de un menor en la sacristía, con el agente de tránsito que utiliza una de las 20.000 razones para no imponer el comparendo, con el cajero del banco que avisa quien sale con dinero, con el médico de la Eps que no atiende la urgencia de forma diligente o con el político que cambia un voto por plata. Desde este punto de vista moral, público, político y mediático la posición de Pretelt por aferrarse a su cargo es insostenible e indefendible. La posición mayoritaria le ha quitado su respaldo. Y este gesto es suficiente para que en un acto de decoro por lo que representa y por lo que significa su investidura deba hacer un paso al costado.

5. Ahora bien, en estricto sentido jurídico en la Corte Constitucional no ha pasado nada. Aún. Todas las denuncias y acusaciones recíprocas solo son contenido probatorio. Existe un procedimiento formal e institucional para desvirtuar de manera legal y legítima la presunción de inocencia. Ahí hay un derecho fundamental que debe hacerse valer. Independientemente de quien sea el destinatario. Incluso un enemigo público que hoy tiene nombre propio: Jorge Pretelt. Y eso precisamente es lo que la Constitución señala que debe hacerse valer frente al poder aplastante o visceral de la opinión pública y de los medios de comunicación que han aprovechado todo este escándalo para expandir sus demonios, su veneno o su impotencia. Todo lo que ha sacado a la luz pública los medios de comunicación son solo indicios. Y muchos de ellos no llegarán a ser prueba porque han vulnerado el debido proceso, la constitucionalidad de la prueba, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la privacidad. Todo el escándalo, hasta ahora, es político, moralista y mediático. Y en ello la Corte Constitucional es la primera y principal responsable. Pues muchas de sus prácticas comunes y consuetudinarias que al parecer, todos practican, da pie para que la opinión pública no solo pierda la confianza sino que termine por creer que lo correcto es hacer lo que medios de comunicación piden: la renuncia de todos. O una nueva Constituyente. O cadena perpetua. O que sean incluidos en un proceso especial de desmovilización y de reincorporación a la vida civil, ojalá en otro planeta.

6. Si se lee con atención la constante de los medios de comunicación sobre el caso Pretelt, sus secuaces, sus contradictores o sus socios se pueden advertir varias premisas tan peligrosas y lamentables como el mismo agujero negro al que la Corte Constitucional ha entrado. (i) disfrutan algunos columnistas en expiar sus odios con Pretelt como excusa para atacar a Álvaro Uribe. Pareciera que todo problema en Colombia tiene su inicio o su fin con este señor. Él tenía la facultad de ternarlo, pero de ahí a decir que él debe pedir perdón por postularlo o por los chanchullos de los que se le acusa al Magistrado por lo que ocurre en su despacho o en sus fincas no tiene sentido; (ii) afirmar que “Nadie quiere a Pretelt” es una afirmación de tanto vacío probatorio que no merece ser analizada; (iii) aprovechar la crisis para referirse a varios magistrados como ratas o como cafres hace del uso público de la razón de quien escribe una ocasión para promover el odio o la polarización de un país tan vulnerable como el nuestro. El veneno que expele cada palabra empleada por algunos columnistas para opinar sobre el tema es suficiente para extinguir, con una sola cucharada, a toda la población china.

7. Creo profundamente que de toda esta crisis la Corte Constitucional sí va a salir fortalecida. Porque independientemente de las reformas que sobrevengan sobre elección, méritos o duración del periodo del cargo habrá mayor veeduría ciudadana sobre la dignidad y el alcance de quienes ocupen estos cargos. Un remezón de estos no solo es sano sino necesario. Hacen bien los medios de comunicación en publicitar todo atentado contra la moral pública o el abuso de poder. Lo que sí no debe permitírseles es que asuman una función que no les compete: iniciar y terminar el proceso penal. Acusar y condenar. Inhabilitar y descuartizar a todo el que creen culpable. Estas facultades se las ha legitimado la misma ciudadanía lega y morbosa que no sabe que detrás de lo que ellos llaman verdad se esconde el rating.

Marzo 24 de 2015

- John Fernando Restrepo Tamayo es Politólogo y profesor de Teoría constitucional