Colombia

Seguridad y defensa en el pos-acuerdo

Alejo Vargas Velásquez

26/01/2015

Opinión

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Algunos especulan, no es claro con qué intención, acerca de lo que pueda suceder con la Fuerza Pública en el período de pos-acuerdos y cuestionan si se va a descuidar o no la seguridad y la defensa. Al respecto es importante reiterar que uno de los objetivos fundamentales de un proceso de cierre del conflicto armado, como el que viene adelantando el gobierno Santos con las insurgencias, apunta a mejorar las condiciones de seguridad de los colombianos en la medida en que se logre transformar un grupo armado ilegal, previa dejación de armas, en un actor político dentro de la legalidad.

Claramente lo que se pretende, al contrario de lo dicho por los opositores, es cada vez tener una situación de seguridad para los colombianos de mejor calidad y poder definir estrategias de defensa de los intereses nacionales mucho más eficaces y basados en lo fundamental en diseños de seguridad cooperativa, sin descuidar la capacidad disuasiva.

Al respecto es importante mencionar como en los borradores del Plan de Desarrollo relativos a ‘Seguridad y Defensa’, que socializó en buena hora con un grupo de organizaciones, públicas y privadas, el Director del Departamento Nacional de Planeación, señaló como el enfoque de paz territorial debe atravesar el Plan –es en el ámbito territorial donde se construye la paz-, no sólo en cuanto a enunciado sino en el diseño del mismo. Está previsto, insisto de manera preliminar, siete estrategias: “1. Garantizar seguridad y convivencia a los pobladores del territorio nacional. 2. Enfrentar de manera exitosa los retos en materia de seguridad pública. 3. Asegurar el respeto de la soberanía nacional y la protección de los intereses nacionales. 4. Fortalecer las acciones de bienestar, moral y seguridad jurídica de la Fuerza Pública. 5. Modernizar y fortalecer las instituciones de defensa. 6. Contribución del sector defensa al desarrollo del país. 7. Desarme, desmovilización y reinserción.”

Lo anterior, dentro del marco de una mirada prospectiva que considera el cambio en el escenario de amenazas y riesgos a la seguridad. Porque efectivamente si se logra, como se espera, un acuerdo final con las guerrillas, éstas dejan de ser una amenaza a la seguridad nacional y pública; no hay duda que la principal amenaza a la seguridad pública serán las denominadas ‘bandas criminales’ y otras expresiones del crimen organizado ligado al narcotráfico y otros tráficos ilegales, así como a la minería ilegal. En el campo de la seguridad ciudadana debe haber un gran énfasis de la Policía Nacional, no sólo para combatir modalidades delictivas que afectan a los ciudadanos, sino para propiciar políticas de convivencia ciudadana. Un énfasis central debe estar en las actividades de inteligencia –tanto la inteligencia táctica como la operativa-, justamente para adelantar políticas y acciones preventivas. Lo relacionado con la inteligencia estratégica es algo que compete a la Agencia Nacional de Inteligencia y seguramente lo está haciendo bien. En el ámbito de la defensa, campo específico de las Fuerzas Militares, deben priorizarse la protección de fronteras con los países vecinos, no necesariamente por actitudes que se puedan considerar hostiles de estos países, sino por la circulación de tráficos ilegales en fronteras porosas y en esa medida de difícil control.

Muy bien que tanto el sector seguridad y defensa, junto con el DNP estén avanzando en diseñar las bases de lo que deberá ser la nueva política de seguridad y defensa en el pos-acuerdo, que fundamentalmente debe apuntar a tener una sociedad con más seguridad y un país con su soberanía e interese nacionales protegidos, capaz y eficiente en la cooperación con los Estados vecinos.

Alejo Vargas Velásquez
Profesor Titular de la Universidad Nacional
Director Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa

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