Colombia

Fin integral y simultáneo del conflicto armado colombiano

Horacio Duque

19/01/2015

Opinión

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No es fácil el camino de la paz. Surgen muchas dificultades y obstáculos. Pululan las provocaciones y encerronas. Cuando no es la ultraderecha militar fascista, aparece la derecha perfumada de la politiquería oficialista presta a la manipulación del proceso para sacar partida y tajada.

El proceso de paz es un escenario de lucha de clases, de disputa política contra los diferentes clanes oligárquicos, internacionales, nacionales y regionales. El pueblo, los trabajadores, los campesinos y las organizaciones democráticas de izquierda deben enfrentar los retos políticos correspondientes con la mayor inteligencia, con mucha paciencia y con el olfato que demanda la interacción con los delegados del poder burgués inclinados por la mentira, el truco, la trampa y la ausencia de principios éticos y democráticos. No hay que dejarse impresionar ni amedrentar por unas fichas cargadas de oportunismo y ventajas personalistas.

La paz ha conquistado espacios de enorme importancia. Hay que blindarlos y profundizarlos. De gran trascendencia son las coincidencias en cuanto a la ampliación de la democracia y el impulso a los movimientos sociales que se han convertido en verdadera alternativa a las podridas maquinarias del partidismo feudal y oligárquico.

Hay amplia coincidencia en el sentido de que el proceso de conversaciones entre el gobierno y las Farc/EP ha ingresado a una zona muy sensible, de definiciones absolutas. Los debates que vendrán tienen ingredientes políticos de gran valor estratégico para la terminación del conflicto y para el ingreso de la resistencia campesina revolucionaria a los espacio de la política civil y democrática. Son los campos de la crítica a la democracia liberal representativa, electoralista, a la de los mercados y el clientelismos. Son los campos de la democracia comunal como forma de auto conocimiento, como forma que amplía los horizontes de las masas populares y los trabajadores.

Bastante controversia ha suscitado el nuevo temario que será abordado en las rondas de conversaciones concertadas entre los delegados plenipotenciarios para los próximos meses del año en curso y que muy probablemente, dada la envergadura de los asuntos pendientes, se extenderán a buena parte del año 2016.

El tema de la justicia todavía está en pañales y la parte oficial insiste en formulas desuetas e inviables para la terminación del largo conflicto asociado con el alzamiento revolucionario de los campesinos víctimas de la violencia latifundista y oligárquica desde hace más de 50 años. Los personeros del santismo se limitan a clonar las formas jurídicas ofrecidas al paramilitarismo criminal por los gobiernos fascistas de Uribe Vélez, de los cuales hizo parte el actual Jefe de la Casa de Nariño, especialmente en sus momentos más violentos y agresivos.

Cuando se conozca el informe de la Verdad sobre la guerra del Estado contra el pueblo, contra los campesinos, contra la Unión Patriótica, contra el Partido Comunista, contra la Izquierda revolucionaria, se dará un intenso debate porque la ultraderecha pretenderá conservar su falsa versión de la historia nacional a lo largo del último siglo. Querrá endiosar la hegemonía conservadora, distorsionar la masacre de las bananeras, falsear el asesinato de Gaitán para atribuírselo al comunismo internacional, encubrir la violencia de los años 50, edulcorar el excluyente y despótico Frente Nacional, amañar las causas del extermino de la UP y velar el origen oligárquico e imperialista de la violencia generada por el narcotráfico.

Con todo y eso, el interés se centrará a partir del 2feb2015 en el Tercer punto de la Agenda de diálogos que se refiere al "fin del conflicto".

En dicha materia es crucial que la sociedad y la opinión publica partan de un principio fundamental, muy cercano al otro que plantea que nada está acordado hasta que todo este acordado. El fin del conflicto debe ser integral y simultaneo, dice de manera escueta el texto del Acuerdo Especial de La Habana (http://bit.ly/1ntk4t5 ).

Integral quiere decir que los temas que lo componen son de la misma naturaleza, afines al máximo. Solo se separan por razones de orden técnico/analítico, pero en su realidad viva son un solo cuerpo. No es posible tratar uno sin considerar los otros, sin acudir a las otras problemáticas. Por esa misma razón, son simultáneos, sincrónicos. No están organizados de manera diacrónica, lineal, sucesiva, de tal manera que el punto dos se de después del punto uno. Este último es un método utilizado por la sociología neoliberal para crear compartimentos estancos, para dejar todo trunco, según las conveniencias y el negocio que se lleve entre las manos. Ese enfoque está descartado.

Con ese avance alcanzado en los diálogos exploratorios, abordemos los temas que están planteados para el cierre del conflicto, que no el proceso.

El primero es el del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitiva. Sobre este campo ya hay un amplio debate. La ruta tiene una sub comisión técnica de militares y guerrilleros funcionando; un cese al fuego y de hostilidades unilateral y permanente ordenado por las Farc a sus combatientes; un repertorio de acciones para desescalar el conflicto y un planteamiento gubernamental cargado de ambigüedades, trampas (corraleja) y oscuridades. Santos dice que un cese bilateral se firmará cuando se ponga fin al conflicto con la firma de un acuerdo general, es decir para cuando ya no se necesite. Tonterías de la Casa de Nariño. Dice además que se ordenó entrar a estudiar el cese bilateral, como gran cosa como, si ese no fuese el punto a seguir en las labores de La Mesa. Sofismas que se inventa JM Santos para ir lidiando con su deteriorada imagen.

El segundo, es el de la dejación de las armas y la reincorporación de las Farc/EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político-, de acuerdo con los intereses del movimiento guerrillero. Así que se requerirá una definición detallada de los intereses económicos, sociales y políticos de las Farc/ en su tránsito para convertirse en una organización sociopolítica de gran influencia en la sociedad civil y el Estado. Tema grueso que no podrá despacharse con asuntos de menor cuantía, como ocurrió con los taxis, cargos, partidas presupuestales y demás prebendas (diplomáticas como las de Petro) otorgados a los del M-19. EPL, Quintín Lame, Corriente y otras tendencias que renunciaron a las banderas revolucionarias para acomodarse en el sistema neoliberal de la Constitución de 1991, la misma que convirtieron en un verdadero Dios salvador.

El tercero, es la revisión, por parte del gobierno nacional que hará la coordinación, de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las Farc/EP. Materia en el que gobierno no muestra el menor interés. Santos elude la situación de cerca de 10 mil presas y presos políticos, vinculados con la guerrilla, sometidos a las peores condiciones humanas, judiciales y penitenciarias. Son combatientes, indiciados, muchos de ellos, víctimas de montajes judiciales de fiscales y jueces corruptos, ultrajados por una guardia podrida, que se enriquece con las prebendas y comisiones de los parapolíticos y paramilitares, quienes gozan de privilegios y tratos especiales en las penitenciarías y centros de reclusión.

El cuarto, es la acción paralela que debe adelantar el gobierno para intensificar el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. Este asunto seguramente tomara muchos meses, pues será necesario mirar el tema de las Fuerzas Militares y policiales para depurarlas, reestructurarlas, reducirlas y modificar los sistemas de formación sustentados en las nefastas doctrinas anticomunistas de la Seguridad Nacional. Muchos miembros de los cuerpos armados siguen vinculados con la organización de grupos paramilitares y redes criminales causantes de homicidios y masacres contra defensores de derechos y líderes de movimientos sociales y políticos populares. La lucha contra la corrupción exigirá mirar el tema de la "mermelada" de las regalías petroleras para los amigos de Santos, y el despojo de los presupuestos público que realizan las redes de gamonales y caciques oficialistas.

Un tópico especial es el de la impunidad, particularmente en el caso de los "falsos positivos", pues muchos generales, 10 en concreto, pretenden que estos crímenes atroces cometidos contra campesinos y humildes jóvenes citadinos, para cobrarse las millonarias recompensas otorgadas por Uribe/Santos, queden en el olvido con reformas que impulsa el Ministro de la Defensa al fuero penal militar. Es el tipo de justicia que quiere el señor Santos y que debe ser denunciada en los organismos internacionales de derechos humanos.

El quinto punto, establece que el gobierno nacional revisará y hará las reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Seguramente el gobierno llevará a estos debates sus acostumbradas propuestas de reforma neoliberal del Estado, en los términos de lo que se conoce como Nueva Gestión Pública, exigidos, por lo demás, por la OCDE, para admitir a Colombia como uno de sus integrantes. Todas las reformas del Estado, del gobierno y sus instituciones realizadas después de la Constitución de 1991, se han orientado a la adecuación del Estado a los parámetros del neoliberalismo y el imperio del mercado. No se trata de un estado hecho para la paz. Por el contrario, su esencia y propósitos están muy vinculados con la violencia que favorece el mercado y las ganancias de los grupos plutocracias. En ese sentido, resulta de la mayor conveniencia incorporar a la Mesa de La Habana los debates del Plan De Desarrollo que Santos ha dicho será enfocado en el tema de la paz, la equidad y la educación. Vivir para ver.

Por último, está el punto de las garantías de seguridad. Me limito a señalar que en El Salvador, después de terminadas las negociaciones de paz, una mujer guerrillera, integrante del Frente Farabundo Martí, fue nombrada Jefe de la Policía Nacional como una garantía esencial de la seguridad de los combatientes participantes de la vida política. Es la manera de impedir que se repita lo de la Unión Patriótica.

https://www.alainet.org/es/articulo/166938