Sesión sobre la industria minera canadiense: Audiencia sobre América Latina - Veredicto

Tribunal Permanente de los Pueblos

11/12/2014

Opinión

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Índice

RESUMEN EJECUTIVO

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto y antecedentes de la sesión de Montreal, Canadá

1.2 La petición

1.3 Estructura y objetivos del acta de acusación

1.4 El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)

1.4.1 La competencia

1.4.2 El procedimiento

1.4.3 El programa de trabajo y la documentación

1.4.4 Los jueces y los co-procuradores

2. CONTEXTO MUNDIAL Y TRABAJO ANTERIOR DEL TRIBUNAL

3. HECHOS PRESENTADOS ANTE EL TRIBUNAL

3.1 Violaciones de derechos por las empresas mineras canadienses

3.1.1 Derecho a la vida y a un medio ambiente sano

3.1.2 Derecho de los pueblos a la autodeterminación

3.1.3 Derecho a una ciudadanía plena

3.2 Apoyo de Canadá en el despliegue de actividades mineras en América Latina

3.2.1 Apoyo político a la industria minera canadiense

3.2.2 Apoyo económico

3.2.3 Libre-comercio y déficit democrático

3.2.4 Violación del derecho de acceso a la justicia

4. VEREDICTO Y ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES

5. RECOMENDACIONES

ANEXO 1 : Programa de la audiencia sobre América Latina, TPP Canadá

ANEXO 2 : Lista de documentos entregados ante el jurado del Tribunal

Resumen Ejecutivo

Desde el 29 de mayo al 1o de junio del 2014, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se reunió en Montreal para examinar los hechos vinculados a las violaciones de derechos cometidas por la industria minera canadiense en América Latina. El Tribunal analizó las responsabilidades respectivas de dos categorías de actores: por una parte, las empresas mineras canadienses y por otra, los diferentes órganos del Estado canadiense que contribuyen, a través de diversos mecanismos políticos, económicos y jurídicos, a la violación de derechos y a la impunidad que les es asociada. Al final de las audiencias, el TPP emitió un veredicto acompañado de recomendaciones dirigidas a las empresas responsables, a la industria minera en su conjunto, al Estado canadiense, a los órganos convencionales y no convencionales de protección de los derechos humanos y a la sociedad civil.

Canadá es un actor clave en el sector extractivo, alberga la sede de 75% de las empresas mineras del mundo. América Latina constituye un destino de primer orden para el capital minero canadiense: las empresas canadienses representan entre el 50% y el 70% de las actividades mineras realizadas en esta región. Los mercados financieros canadienses están también en el corazón de la industria extractiva global. En el 2013, cerca de 1500 proyectos mineros realizados en América Latina fueron hechos por empresas inscritas en la Bolsa de Toronto (TSX y TSX-V).

En los últimos veinte años, la multiplicación de los megaproyectos mineros a lo largo de la región — del Norte de México hasta la Patagonia chilena y argentina-, fue enfáticamente denunciada por las comunidades afectadas, además de ser analizada y documenta por un gran número de estudios. Una gran cantidad de estos proyectos mineros originaron graves conflictos socioambientales y abusos de derechos humanos. Los grupos McGill Research Group Investigating Canadian Mining in Latin America (MICLA) y el Observatorio de conflictos mineros en América Latina (OCMAL) han registrado entre 85 y 90 conflictos sociales en donde estuvieron implicadas empresas canadienses.

En ese contexto, un grupo conformado por alrededor de cuarentena organismos de promoción y defensa de derechos humanos, y de diferentes sectores sociales de Quebec y de Canadá, presentaron al TPP una demanda donde se denunciaron las violaciones sistemáticas de derechos en que incurre la industria minera y detallando los obstáculos en el acceso a la justicia para las comunidades afectadas. El grupo solicitó al Tribunal, dada la gravedad de la situación señalada desde hace varios años, de abordar la cuestión y de iniciar una sesión específica sobre los derechos humanos y la industria minera canadiense. Fundado en 1997 por juristas militantes, el TPP es un tribunal de opinión en la tradición de los tribunales Russell, que pretende ser una tribuna de afirmación de los derechos fundamentales de individuos y comunidades. Apoyándose sobre una investigación permanente y arraigada, busca llenar los vacíos jurídicos del derecho internacional frente a los nuevos desafíos y las necesidades presentes y futuras de los pueblos.

Durante las audiencias públicas sobre las operaciones mineras en América Latina, que iniciaron la sesión canadiense, el TPP escuchó a una veintena de testigos y expertos. Los testimonios estuvieron agrupados alrededor de tres grandes temas de derechos interrelacionados y particularmente susceptibles de ser afectados por las empresas mineras: el derecho a la vida y a un ambiente sano, el derecho a la autodeterminación y el derecho a una ciudadanía plena. Las presentaciones sobre las prácticas del Estado canadiense fueron, por su parte, articuladas alrededor de cuatro ejes: el apoyo político y la injerencia en los procesos legislativos de los Estados anfitriones, el apoyo económico y financiero, la ayuda pública al desarrollo y el acceso a la justicia.

El jurado de la audiencia estuvo integrado por Maude Barlow, Nicole Kirouac, Gérald Larose, Viviane Michel, Javier Mujica Petit, Antoni Pigrau Solé y Gianni Tognoni, fue presidido por Mireille Fanon- Mendès-France. Paul Cliche y Nadja Palomo fungieron como co-procuradores. El gobierno, al igual que las cinco empresas canadienses referidas en el procedimiento, es decir, Barrick Gold Corporation, Goldcorp, Excellon Resources, Blackfire Exploration y Tahoe Resources, fueron invitados a ejercer su derecho de defensa, pero el TPP no recibió ninguna respuesta de esas entidades.

* Documento completo en PDF

https://www.alainet.org/es/articulo/166100