Sobre estos temas, realizamos un intercambio (por escrito) con Meenakshi Raman, abogada en temas de interés público y coordinadora del programa sobre cambio climático de la Red del Tercer Mundo en Malasia.  Meena comenzó por situar lo que considera son los principales retos para los actores sociales que buscan colocar el cambio climático en la agenda pública, con miras a construir un movimiento capaz de conseguir que las negociaciones internacionales desemboquen en las decisiones políticas que la situación exige.

 

MR: Uno de los principales desafíos es concientizar a la gente respecto a cómo las negociaciones internacionales tienen implicaciones para las acciones frente al cambio climático en el terreno, ya que toda la acción local nunca puede ser suficiente.  Cómo otros países actúan tiene importancia en relación con las emisiones a nivel mundial, porque impacta en el clima, y eso a su vez exige respuestas a nivel local y nacional.  Por lo tanto, es necesaria la cooperación internacional; y esto está incorporado en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), tratado que se acordó en 1992.

 

Este es el único marco legal global que impone a todos los gobiernos obligaciones de tomar medidas, y según el cual los países desarrollados deben liderar la reducción de las emisiones y la provisión de recursos financieros y tecnológicos a los países en desarrollo, para que éstos puedan realizar acciones para enfrentar el cambio climático en el plano interno.  Así es como opera el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (RCPD) y la equidad.  Estas disposiciones reflejan la responsabilidad histórica de los países desarrollados que, desde la revolución industrial, son los que más han emitido los gases de efecto invernadero actualmente presentes en la atmósfera.

 

Los países desarrollados están tratando de debilitar la Convención y de desplazar hacia los países en desarrollo gran parte de sus responsabilidades para enfrentar el cambio climático, con miras al nuevo acuerdo que se celebrará en París el próximo año.  Es importante que la sociedad civil y los movimientos sociales impidan que esto ocurra, de lo contrario ya no existirá un tratado equitativo para la acción global en materia ambiental.

 

Los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos y sus aliados, no quieren respetar el trato diferenciado entre los países desarrollados y en desarrollo y quieren un régimen que aplica las reglas de manera uniforme a todos los países, independientemente de las diferencias entre ellos.  También pretenden que todos los países se comprometan a fijar sus tasas de reducción post 2020, sin reconocer la necesidad del apoyo financiero y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, lo cual es contrario a la Convención.  EE.UU. y sus aliados quieren que los países asuman compromisos de acuerdo con sus circunstancias nacionales, sin reconocer que tal sistema de compromiso y revisión, en ausencia de la fijación de objetivos globales para los países desarrollados, conllevaría probablemente al mundo a una elevación de temperatura promedio más allá de los 2 grados centígrados, pudiendo llegar incluso a 4 ó 5 grados C de aumento.

 

Una de las propuestas que algunos gobiernos de países en desarrollo y grupos de la sociedad civil han desarrollado es la necesidad de compartir de manera equitativa el espacio de carbono que aún resta en la atmósfera, teniendo en cuenta las emisiones históricas de cada país desde la época de la revolución industrial; estas asignaciones se basarían en factores de población y de la riqueza relativa con que cada país cuenta para poder tomar medidas.  Si se apuntara a limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados C, significaría que queda por asignar un cierto volumen –muy pequeño– que las emisiones de carbono no deben exceder.

 

Los países desarrollados han emitido muchos gases de efecto invernadero históricamente, mientras acumulaban su riqueza, en un mundo sin restricciones y basado en los combustibles fósiles.  Ellos han acumulado una deuda de carbono, lo que significa que han utilizado el espacio atmosférico de los países en desarrollo.  Esta deuda de carbono tiene que ser pagada mediante recursos financieros hacia los países en desarrollo.  También deberán transformar radicalmente sus propias economías y estilos de vida para evitar mayores emisiones, a la mayor brevedad.

 

En un planeta que necesita restringir el carbono, los países en desarrollo no pueden replicar los mismos caminos de alta emisión; sin embargo, para que ellos puedan transformarse a sociedades bajas en carbono y responder a los impactos del clima, requieren de recursos financieros masivos y de la transferencia de tecnologías desde los países desarrollados.  Ello se debe a que muchos países en desarrollo ya se enfrentan al reto de satisfacer las necesidades básicas de su población con recursos limitados, así como de erradicar la pobreza y las desigualdades entre su población.

 

La única manera para hacer avanzar este tipo de demandas, es que los movimientos sociales y la sociedad civil insistan en la implementación de las obligaciones existentes en virtud de la CMNUCC y reforzarlas con otras acciones, a la vez que evitar cualquier retroceso frente a las obligaciones internacionales.

 

Para que esto suceda, se requiere impulsar movilizaciones en las capitales para exigir que los gobiernos rindan cuentas respecto al cumplimiento de sus compromisos internacionales, especialmente en los países desarrollados.  Implica también desarrollar acciones nacionales sobre el clima en todos los países.

 

En los países desarrollados existe la necesidad de ejercer una mayor presión para aumentar la transferencia a los países en desarrollo de recursos financieros y tecnologías ambientalmente amigables, para que puedan defenderse del cambio climático.  No obstante la creación en 2011 del Fondo Verde para el Clima (FVC) –constituido en el marco de la CMNUCC para que los países en desarrollo puedan llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación climática–, este Fondo aún no se ha capitalizado.  En Cancún, México, en 2010, los gobiernos acordaron que al menos US$100 mil millones por año serían movilizados hasta 2020.  Esto aún no se concreta.  Es vital que estos recursos sean transferidos con urgencia, a fin de permitir a los países en desarrollo, no sólo satisfacer sus necesidades de adaptación, sino también llevar a cabo acciones para la reducción de emisiones.

 

Si dicha transferencia de recursos no llega rápidamente, entonces los pocos recursos nacionales con que cuentan los países en desarrollo deberán asignarse para la adaptación y para enfrentar las pérdidas resultantes de catástrofes naturales o inducidas por el clima.  Esto implicaría sacrificar la satisfacción de sus otras necesidades sociales y básicas, como alimentos, refugio, vivienda, salud y educación para los pobres.

 

Además, desde que se acordó en Cancún, en 2010, establecer un Mecanismo Tecnológico para facilitar la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, muy poco se ha concretado en cuanto a la entrega efectiva de la transferencia de tecnologías ecológicamente amigables.  Por lo tanto, es vital que los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) presionen a los gobiernos de los países desarrollados para que cumplan con sus obligaciones.

 

 

Hay un movimiento llamado Campaña Global para Exigir Justicia Climática (GCDCJ por sus siglas en inglés) y una coalición de OSC y movimientos llamado el Grupo de Equidad y Ambición (EAG).

 

El GCDCJ ha estado movilizando acciones en todo el mundo con la esperanza de contribuir a la generación de las condiciones políticas necesarias para hacer realidad la justicia climática.  Sus objetivos son:

 

• Construir y ejercer el poder de la acción colectiva, de diferentes formas y en diversos frentes y escenarios, a una escala nunca antes vista;

 

• Desarrollar la capacidad de coordinar movilizaciones a nivel mundial durante los momentos políticos críticos; aumentar progresivamente el número de personas movilizadas, ampliar el número de países y ciudades participantes, elevar el alcance, la intensidad y la audacia de sus acciones, desarrollar la fuerza y el poder para evitar la catástrofe planetaria.[1]

 

La otra coalición, la EAG, está mucho más orientada a las políticas; organiza actividades de lobby y cabildeo dentro del espacio de la CMNUCC.  Trabaja en estrecha colaboración con la GCDCJ.  La Red del Tercer Mundo participa en ambas agrupaciones.

 

 

Como he mencionado, los principales puntos que se debaten se refieren a: un enfoque equitativo para compartir el espacio atmosférico restante; el incremento de recursos financieros nuevos, adicionales y predecibles para el FVC; las falsas soluciones impulsadas principalmente por los países desarrollados, como la geoingeniería, nuevos mecanismos de mercado que promueven el comercio de carbono, la energía nuclear, las represas hidroeléctricas a gran escala, la captura y almacenamiento de carbono, etc.

 

Uno de los temas más importantes será la de garantizar que el FVC se capitalice suficientemente, con al menos US$ 15 mil millones de dólares para empezar, como lo ha planteado el Grupo de los 77 + China.  Esa será una de las principales pruebas para tener o no alguna confianza de que los países desarrollados son serios respeto al cumplimiento de sus obligaciones.

 

Otro tema se refiere a si los países desarrollados aumentarán sus metas de reducción de emisiones, siendo que en la actualidad, sus compromisos son muy modestos.  En 2012, en Doha, Qatar, los países desarrollados que son parte del Protocolo de Kioto (como la Unión Europea, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Suiza y otros, pero que no incluyen a EE.UU., Canadá, Japón) acordaron volver a revisar los compromisos que hicieron para un segundo período, de 2013 a 2020.  Las emisiones totales que habían acordado representaban una reducción de sólo el 17% hasta 2020 para los países desarrollados, en comparación con los niveles de 1990.  Esto fue visto por los países en desarrollo como una cifra muy baja, dado que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su cuarto informe de evaluación, hace referencia a un rango de entre 25 y 40% de reducción de emisiones para 2020 respecto a los niveles de 1990 para los países desarrollados. Se acordó en Doha que los países desarrollados partes del Protocolo de Kioto (PK) volverían a examinar su nivel de ambición[2] hasta el 2014.  Por lo tanto, queda por verse si esta revisión se realizará en Lima.

 

Se instó a los países desarrollados que no están en el Protocolo de Kioto, como Estados Unidos, Canadá y Japón, a hacer esfuerzos en la reducción de emisiones, comparables con los del Protocolo de Kioto.  No es nada probable que estos países eleven su nivel de ambición, dado que tanto Japón como Canadá han anunciado que ¡incluso aumentarán sus niveles de emisión en comparación a lo que habían anunciado previamente en Cancún!  En el caso de EE.UU., el compromiso de reducción de emisiones que plantea es muy bajo: equivale a una reducción de sólo alrededor del 3% hasta 2020, con respecto a los niveles de 1990.  Para el mayor emisor histórico del mundo, esto significa hacer demasiado poco y demasiado tarde.

 

Es en este contexto que los elementos para un nuevo acuerdo que tendrá efecto post 2020 deben concretarse en Lima, con la elaboración de un texto borrador de negociación que debe estar listo a principios del próximo año.

 

Si la ambición pre-2020 es muy baja, tanto en términos de la reducción de emisiones de los países desarrollados como de la falta de recursos en el marco del FVC, la base para el acuerdo de 2015 quedará seriamente comprometida.  Si los países desarrollados no demuestran liderazgo, los países en desarrollo serán reacios a emprender una acción más ambiciosa.  Por lo tanto, se desencadenaría una carrera al precipicio en este ámbito.

 

En relación con el acuerdo de 2015 que se debe concluir en París, y que entrará en vigencia después de 2020, los países desarrollados tratan de debilitar la aplicación de los principios de la Convención, de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas.  Para muchos países en desarrollo, el tema más importante es si –y cómo– estos principios se van a reflejar y aplicar en el nuevo acuerdo.  Argumentan que los principios, las disposiciones y los anexos (que diferencian entre países desarrollados y en desarrollo) del Convenio deben seguir aplicándose en el nuevo acuerdo.  Los países desarrollados, en cambio, contestan que esto no debería ser el caso, dado que "el mundo ha cambiado desde 1992" (cuando la Convención se acordó).  Consideran que hay países que ya no pueden ser considerados como "en desarrollo" y que ya no se puede establecer una diferenciación entre los países desarrollados y en desarrollo.  Esta temática será la más importante y polémica en Lima y París.  Una pelea en torno a qué es un país en desarrollo y qué no lo es, en esta etapa, pondría gravemente en peligro cualquier acuerdo y provocaría un caos en el actual régimen internacional.

 

 

Como se ha dicho antes, hay mucho por hacer para que la gente tome conciencia de por qué es importante participar en el proceso internacional y cómo puede aportar para las campañas a nivel nacional.  Para ello, agrupaciones como el GCDCJ y la EAG han emprendido esfuerzos por explicar las negociaciones internacionales y vincularlas a los problemas cotidianos de la gente en el terreno, como la energía, los alimentos, las falsas soluciones y las personas afectadas por el cambio climático.  De esta manera, las personas serán capaces de participar en función de sus intereses particulares, a la vez que luchar contra enfoques y soluciones falsas y plantear soluciones adecuadas, desde el punto de vista del pueblo común, sus derechos y sus luchas.  Es cuando vinculamos el discurso internacional sobre el clima a las luchas de la gente común, que se puede abordar la desconexión.  De esta manera, la gente puede entender que, siendo que las acciones locales y nacionales son necesarias, por sí solas no serán suficientes para hacer frente a un problema mundial como el cambio climático, que también requiere la cooperación y la acción internacional.

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