Guantánamo también está en España

Ernesto Carmona

28/01/2013

Opinión

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Uno de los temas "menores" de la Cumbre Celac-UE, tratados por la sociedad civil y las ONGs participantes, fue la homologación de un estándar civilizado de políticas de derechos humanos de los países miembros de ambos bloques.

La mirada europea esta puesta más en un presente en que se advierte una creciente corriente migratoria en sentido inverso, ahora de europeos que arriban a América Latina y el Caribe aventados por la crisis en el Viejo Mundo.

La pretensión europea de abrir nuevos mercados en la región y recibir inversiones de empresarios y gobiernos de esta parte del mundo que fortalezcan su decaída economía fue precedida por un proceso en que regresan muchos inmigrantes mientras aumenta el flujo de inmigración europea a América Latina y el Caribe.

Si a los latinoamericanos y caribeños que buscaban mejores oportunidades en España les llamaban despectivamente "sudacas", hoy podríamos tildar peyorativamente de "hispanacas" a quienes protagonizan esta nueva ola migratoria transatlántica. Pero en esta región del mundo no impera el racismo tan exportado por el viejo continente, salvo entre los miembros de las oligarquías o sectores populares sometidos al lavado de cerebro de los grandes medios.

Pero hoy en Madrid todavía maltratan y violan los derechos humanos de "sudacas" y "cabecitas negras". Y entre las noticia más ocultadas por los sistemas informativos figuran las manifestaciones y marchas públicas contra la discriminación. La estación Telesur, de Venezuela, y la televisora en castellano HispanTV, de Irán, reportaron protestas realizadas el 26 de enero en Madrid contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) del país de Mariano Rajoy, similares a las prisiones secretas que en EEUU maneja el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) que también captura extranjeros, incluso con residencia legal o ciudadanía, para deportarlos en secreto, administrativamente y sin ningún proceso.

Una marcha masiva contra el racismo y los CIEs impulsados por el gobierno protestó el domingo 27 contra estas prácticas racistas en la capital española. Los manifestantes gritaron consignas como: “Ni cárceles ni racismo”, “Ni CIEs, ni rejas, ni presos, ni presas”, “Nativa o extranjera, la misma clase obrera”. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que apoyan a los inmigrantes denominan a los CIEs “Guantánamos españoles” debido a sus frecuentes violaciones de derechos humanos.

Los manifestantes reclamaron justicia para Samba Martine, una congoleña de 34 años que murió en 2012 por no recibir atención médica oportuna mientras estuvo encerrada un mes en una prisión CIEs, a la espera de su expulsión al país de origen. Falleció en el hospital madrileño 12 de Octubre el 19 de diciembre.

En los 6 CIEs que existen en España administrados por la policía los extranjeros indocumentados conviven con presos comunes con antecedentes penales. Uno de estos centros es Aluche, en Madrid, que será sometido a investigación por Bruselas, la capital de la Unión Europa.

El encarcelamiento y expulsión de indocumentados es una política de la Unión Europea, pero España estaría excediéndose con maltrato “fuera de norma” contra los inmigrantes. Anna Cecilia Malmstöm, Comisaria Europea del Interior, anunció que el ejecutivo europeo estudiará la situación del CIE de Aluche, para verificar cómo aplican los españoles la directiva europea de retorno de inmigrantes irregulares a sus países de origen.

Malmstöm dijo que esa directiva “introdujo estándares comunes y procedimientos en los estados miembros de la Unión Europea (UE) para devolver a sus países de origen a inmigrantes en situación irregular en su territorio con salvaguardias importantes para garantizar condiciones humanas y dignas para los inmigrantes en los centros de internamiento en los Veintisiete (estados), incluidos la obligación de prestarles atención sanitaria de emergencia y tratamientos esenciales contra enfermedades, así como su derecho a la asistencia letrada y contactos con representantes de ONGs competentes”.

“La Comisión espera que todos los Estados miembros, incluida España, cumplan sus compromisos en virtud de esta directiva y garanticen condiciones humanas y dignas en todos los centros de detención en su territorio”, dijo Malmstöm.

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