Colombia

La negociación política como vía para la paz

Pedro Santana Rodríguez

02/09/2012

Opinión

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Finalmente las filtraciones de prensa y las especulaciones obligaron al Gobierno del presidente de la República Juan Manuel Santos, a reconocer que desde hace unos meses se vienen adelantando conversaciones exploratorias para poner en marcha un diálogo entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Tales acercamientos y conversaciones se vienen realizando en La Habana, capital de Cuba. Por tanto cuenta con el respaldo se ha dicho del gobierno cubano y eventualmente del gobierno de Venezuela.

Desde este espacio institucional de la Corporación Viva la Ciudadanía hemos defendido como legítima, amparados en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, que la Paz es un propósito nacional y que la vía para lograrla debe ser la negociación y el diálogo. También hemos señalado aún en los momentos del triunfalismo del gobierno anterior de Álvaro Uribe que veía muy próximo el fin del fin como lo denominaron para referirse a la derrota y al aniquilamiento de las guerrillas, que no veíamos posible la finalización del conflicto por la vía militar. Señalamos durante los ocho años del gobierno de Uribe que la única vía para lograr la paz era por la vía de la negociación aunque sin por ello limitar la acción de las Fuerzas Armadas Gubernamentales. Hay que señalar para empezar que las condiciones en las que se presentan estos nuevos acercamientos son muy distintas de las que se daban en el año de 1999 cuando se iniciaron los diálogos entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC que culminaron abruptamente en el año 2001. La correlación de fuerzas hoy es ampliamente favorable al Estado que sin embargo debe entender que las guerrillas no han sido derrotadas así hayan procedido para mantenerse a un repliegue estratégico y hayan vuelto a la utilización de las formas de acción propia de la guerra de guerrillas y de la afectación de la infraestructura del país en la cual quienes sufren son realmente los ciudadanos y no los organismos de seguridad del Estado, lo cual por lo demás amplia el desprestigio de las guerrillas en amplios sectores de la población.

La negociación es la vía sobre la base del reconocimiento que las guerrillas son un actor armado de naturaleza política como ha sido señalado en reiteradas oportunidades tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Suprema de Justicia que se negó – y en parte eso explica la animadversión de Uribe en contra de ésta última Corte- a calificar a las guerrillas simplemente como grupos terroristas. Es bueno releer las sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de julio 11 de 2007 cuyos magistrados ponentes fueron Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca y la sentencia también de la Sala Penal de la Corte Suprema del 5 de diciembre de 2007 cuya magistrada ponente fue María del Rosario González de Lemos. En dichas sentencias se señala con claridad las características y naturaleza del delito político y de los actores políticos en contraposición en ellas se niega el carácter político a los grupos de autodefensa o paramilitares. Entonces un primer asunto que hay que mencionar es que el diálogo es posible sobre la base del reconocimiento que las guerrillas son actores políticos así cometan como en efecto cometen frecuentemente actos terroristas o estén ligados a actividades relacionadas con el narcotráfico. Por tanto ni son grupos terroristas a secas ni son carteles de la droga. Y es por ello que es legítimo y así lo han reconocido Ban Ki-moon secretario general de Naciones Unidas, que el gobierno del presidente Santos inicie un proceso de negociación con los grupos alzados en armas que en Colombia son las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Un segundo tema tiene que ver con la Agenda de la negociación. Según informaciones de prensa la agenda contemplaría seis temas: política de desarrollo agrario integral, participación en política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas (narcotráfico), victimas y reparación, verificación y refrendación de los acuerdos. La primera gran discusión obviamente tiene que ver con la legitimidad de que en este espacio de negociación se discutan y acuerden políticas públicas de reforma. Hay que tener en cuenta que hay temas que son esenciales para la guerrilla y que el régimen se ha negado hasta ahora a abordar en el Congreso de la República a pesar de que los movimientos sociales los han planteado de manera reiterada. Por su historia las guerrillas han justificado su levantamiento en armas por la inexistencia de una reforma agraria y por la excesiva concentración de la propiedad de la tierra. El Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas, PNUD, señaló que la tasa de concentración de la propiedad para el año 2011 había llegado al 0.87 del coeficiente de Gini en el cual 1 sería la realidad en la cual un solo propietario fuera el dueño de toda la tierra en el país. Si se piensa en un proceso de negociación política del conflicto este tema es crucial para las guerrillas y si se aborda en dicha mesa es simplemente porque el régimen político y los sucesivos gobiernos no han enfrentado este tema desde el Congreso de la República y es sobre este vacío que el tema llegará a la mesa de negociaciones, la guerrilla no depondrá las armas sin que allí se discuta y se acuerde un proyecto de reforma en esta materia. Un segundo tema que también es de vital interés en este caso para el gobierno y para la comunidad internacional pero principalmente para los Estados Unidos, es el tema del narcotráfico puesto que las guerrillas de las FARC principalmente se han convertido en productores tanto de las materias primas como del clorhidrato de Cocaína y ella es una de las principales proveedoras de las redes de narcotraficantes al lado de las bandas criminales. Es por ello que es totalmente coherente que este tema ingrese en la agenda de negociación.

También lo es el tema de la participación política. Si las guerrillas son un actor político tendrán que tener espacios para la acción política. Como bien lo expreso el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, preferimos que Timochenko o Iván Márquez estén en el Congreso de la República a que estén en el monte echando bala. Este tema es crucial para abrir los espacios políticos, para democratizar la democracia restringida y débil que fue uno de los motivos esgrimidos para justificar el levantamiento en armas. En su momento Manuel Marulanda y los hermanos Castaño justificaron su levantamiento en armas en contra del pacto bipartidista del llamado Frente Nacional que duró en realidad en el país cerca de 32 años.

Los temas complicados de la negociación no solo serán los anteriores sino principalmente el tema de las víctimas y los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos por los insurgentes. Nuestra posición a este respecto ha sido clara. Se requiere de un marco de Justicia Transicional que podrá derivarse del llamado marco constitucional para la Paz recién aprobado. Pero, este marco de justicia transicional tendrá que garantizar la verdad de los crímenes cometidos por la guerrilla, deberá ocuparse de la reparación integral a las víctimas y deberá garantizar la no repetición de los mismos por estos actores. Hay que reconocer claramente que un 32% del total del desplazamiento forzado en el país fue ocasionado por las guerrillas, un 28% por las FARC y un 4% por el ELN. Así mismo las guerrillas han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en el marco del Sistema Americano de los Derechos Humanos así como en el estatuto de la Corte Penal Internacional no son amnistiables. Allí se tendría que trabajar por penas alternativas y eventualmente por suspensión de dichas penas pero sobre la base de la plena verdad sobre lo ocurrido así como de reparación y de garantías de no repetición para las víctimas. Es verdad que un proceso de paz para que tenga garantías tiene que contemplar cierta dosis de denegación de justicia pues no es viable ofrecerles a Timochenko y a los demás miembros del Secretariado de las FARC que una vez terminado el proceso de negociación su destino serán las cárceles del país. Pero tampoco es viable que se piense que es posible hoy una paz sobre el perdón y olvido es decir sin una alta dosis de verdad y una reparación integral a las víctimas de la cual deberá tomar parte la guerrilla. En el marco de justicia transicional debería insistirse en que las investigaciones deben ser por estructuras de la guerrilla y no la individualización que se hizo en el marco de la ley 975 que hoy presenta el balance deplorable de tan solo dos condenas en firme cuando son más de 160 mil asesinatos en los que se ha podido comprobar que estuvieron comprometidos los grupos paramilitares.

Con todo queremos señalar nuestro respaldo a las gestiones del presidente Juan Manuel Santos, para emprender una negociación política del conflicto con las FARC. Desde éstas mismas páginas hemos criticado justamente las vacilaciones de Santos por las presiones del uribismo en contra de abrir la puerta de la negociación, ahora que se abrió la puerta, no nos queda más que apoyar la decisión del presidente con lo cual se zafa de la camisa de fuerza que le impuso el uribismo durante sus dos primeros años de gobierno. También consideramos que una vez acordada la agenda e instalada la mesa de negociación en Oslo como todo indicaría que es el sitio para comenzar las negociaciones en el orden del día debería ocupar un lugar central el tema del cese al fuego y la verificación internacional del mismo. Las lecciones de procesos anteriores nos indican que no es aconsejable la negociación en medio del conflicto.

- Pedro Santana Rodríguez es Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Semanario Virtual Caja de HerramientasNº 318, Corporación Viva la Ciudadanía, Semana del 31 de Agosto al 6 de Septiembre de 2012, Bogotá D. C.. - www.viva.org.co

https://www.alainet.org/es/articulo/160737