Rajoy y su gobierno frente a la crisis

Benjamín Forcano

22/08/2012

Opinión

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Hay dos cosas claras en este momento de crisis que nos atenaza a todos: España es un Estado social democrático y de derecho y la soberanía nacional reside en el pueblo:

1.”España es un Estado democrático y de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (Art. 1,1), “debiendo regular las condiciones básicas que garanticen esa igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos” (Art. 149, 1ª) y “el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia” (Art. 35, 1)

2.” La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (Art. 1,2).

La convivencia ciudadana tiene como base y sujeto el bien y derechos de todos, y asegurar ese logro es objetivo primordial del Gobierno. Es muy significativo que la Constitución reafirme que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y fuera cual fuere su titularidad está subordinada al interés general” (Art.128,1), “a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles” (Art. 130, 1), y “estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución” (Art. 131, 1).

No se trata, por tanto, de una política sin rumbo u orientada a asegurar intereses de sectores particulares, con merma o menosprecio de los intereses de otros, menos favorecidos. El momento actual requiere una aplicación concreta de los principios de la Constitución que garantice bienes que pertenecen a todos y que son reconocidos como derechos (derecho al alimento, vivienda, vestido, educación, atención en tiempos de vulnerabilidad, libertad de expresarse, de formar su conciencia y orientar personalmente su vida), a diferencia de otros bienes que pueden ser gratuitos. Es ésta misión y responsabilidad de un Estado democrático y de derecho, llamado Estado del Bienestar, que gobierna en nombre del pueblo y para el pueblo. Ningún Gobierno democrático y de derecho puede hacer política de espaldas a estos bienes-derechos de todos, y de los que suelen carecer los más deprimidos y necesitados.

Sabemos la cantidad de problemas que la política del Gobierno está creando con el paro, los recortes en la vida laboral y otros aspectos de la vida social, repercutiendo negativamente en sectores populares de mayor pobreza y marginación.

En España, se da el caso de los desahucios que se llevan cabo con crueldad inaudita, aduciendo cumplir la ley y con aparente legitimidad de la fuerza pública. Se hace así veraz el dicho de que “Supremo derecho, suprema injuria”. En Noruega, por ejemplo, se dan desahucios, pero el Gobierno no deja tirados en la calle a personas o familias por esta razón, sino que les da una solución adecuada, no tolerando la inhumanidad que supone semejante acción.

Existe y es universalmente reconocido el derecho a la propiedad, pero hay que admitir las situaciones en que ese derecho entra en conflicto con derechos prioritarios de justicia de los ciudadanos. Y que haya iniciativas ciudadanas para asegurar el cumplimiento de esos derechos cuando el Gobierno no los garantiza según le incumbre por Constitución, entonces tales iniciativas no pueden ser reprobadas como inmorales sino encomiadas por su significado solidario y por ser denuncia de una política extraviada del Gobierno. Extraviada por varias razones:

-Porque su razón de ser, si es fiel a la delegación del pueblo, está en garantizar los derechos de esa gente apurada o angustiada a pesar de su esfuerzo, de su carencia o precariedad de trabajo y sus posibilidades estrujadas de pago. Un Estado de Derecho, y su Poder Ejecutivo, deben mirar en esas situaciones al conjunto de la sociedad, a los actores que han intervenido en la escena política provocando la crisis con sueldos y enriquecimientos escandalosos, extraer de ellos lo que han robado al pueblo, aplicarles la ley con justicia y no dejarlos campar en su opulencia mientras otros son castigados injustamente con inmerecida pobreza.

-Porque lo que a un Gobierno le debe preocupar es que se respeten los derechos de todos y, si se trata de derechos básicos, éstos son prioritarios a otros. El pago de la Deuda pública no se puede imponer al pueblo, sin antes explicarle quiénes han provocado esa deuda, si es fruto de una irresponsabilidad colectiva ciudadana y en qué medida o lo es de una actividad financiera especuladora, interna y externa, que la hace ilegítima e inmoral y, por tanto, impagable.

- Porque el fín perseguido, es decir, el pago de la deuda no justifica muchos de los medios adoptados, que atentan contra derechos de justicia de los ciudadanos y que sus gobernantes deben garantizar por encima de otros intereses o finalidades. Hay dinero y los presupuestos del Estado deben atender, en primer lugar, a salvaguardar esos derechos, aplicando recortes e impuestos allí donde el dinero sobra o se dedica a obras, actividades y finalidades menos necesarias, toleradas en todo caso tras el cumplimiento de los derechos básicos de los ciudadanos. Se trata, como dice nuestra Constitución, de “equiparar el nivel de vida de los españoles y hacer más justa la distribución de la riqueza”.

Si el Gobierno se aparta de estas directrices y dedica los presupuestos a necesidades o finalidades menos prioritarias de las requeridas por los derechos de justicia de los ciudadanos, los ciudadanos podrán no obedecer sin que haya fallo moral ni, en consecuencia, delito ni pena: “Nulla est poena sine delito”.

En todo caso, es desde esta fidelidad a la dignidad y derechos de justicia de la ciudadanía, que el Gobierno debe dictar su planificación económica y política, sin eludir el conflicto al que le puede llevar esta su soberana y “democrática” autonomía con otros poderes o instancias de la Unión Europea. Hasta el momento, está demostrado que en España el requerimiento del pago de la deuda no se ha hecho con la colaboración de quienes más tienen y pueden sino con la de personas y sectores que vienen viviendo con un nivel de vida mucho más bajo y sin saber a ciencia cierta, quién impone la deuda, si es justa la cuantía que se nos impone por la troika europea y a dónde va a parar el pago y quién se beneficia de la misma.

Nuestro Estado es un Estado Democrático y de Derecho y tiene bien marcadas las directrices a seguir cuando de reformas, recortes y otras medidas se trata y tiene más que fundamentada y justificada una política que procure de verdad una mayor igualdad y justicia, con beneficio de una mayor cohesión, solidaridad y equilibrio de la sociedad. A mayor cuota de igualdad y justicia, mayor cuota de bienestar y progreso.

.Me complace acompañar mi artículo con unas palabras en El País (14-08-12), de Miguel Angel Moratinos y Yayo Herrero.

MORATINOS: “¿Quién gobierna nuestro Estado los mercados o los representantes democráticamente elegidos? Todas las decisiones hechas para tranquilizar a los mercados han resultado erróneas y contraproducentes. En lugar de calmarlos, han aumentado su voracidad. La totalidad de estamentos políticos occidentales comparten sólo la angustia de observar cómo evolucionan esos mercados y asisten impotentes a la mano invisible , que decide sobre la economía real de forma rápida, imprevisible y antidemocrática. Tienen el poder de acabar con todo un sistema político, social y económico de convivencia democrática que ha tardado décadas en configurarse con sangre, sudor y lágrimas de millones de ciudadanos. Estamos en una guerra desigual que debe ganar la política. La política no puede abdicar de sus responsabilidades y capacidad de influencia en mercados que no funcionan o van en contra de los intereses últimos de la ciudadanía. Este reto político diferencia a los progresistas de los liberales y conservadores. Es tiempo de una política más audaz y más eficaz”.

YAYO: “Vivimos una especie de golpe de Estado global. No sabemos quiénes toman las decisiones. Al poder económico, la gente le importa un carajo. Es absolutamente legítima la desobediencia civil y pacífica. La recuperación de la política en la calle es una condición necesaria para dar la vuelta a las cosas”.

- Benjamín Forcano es teólogo

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