Luces y sombras del documento Río+20

“El futuro que queremos” desde la perspectiva boliviana

René Orellana, Diego Pacheco

19/06/2012

Opinión

^-A ⁺A

Río de Janeiro, Brasil – Junio 20, 2012 – Las primeras secciones (1 y 2) del documento “El futuro que queremos” se denominan “Nuestro futuro común” y “Renovando nuestros compromisos políticos” y presentan el acercamiento conceptual de la Declaración y los principales aspectos políticos. En este contexto, la Declaración ha finalmente reivindicado los Principios de Río 1992 y de la Agenda 21 que estaban siendo puestos en duda por algunos países desarrollados.

Para el Estado Plurinacional de Bolivia es importante que el párrafo 39 reconozca al planeta tierra como nuestro hogar y se haya manifestado que la expresión Madre Tierra sea común para varios países y regiones, notando que algunos países han reconocido los derechos de la naturaleza para la promoción del desarrollo sostenible. A su vez, el párrafo 40 hace un llamado a una visión holística del desarrollo que guíe a la humanidad a la armonía con la naturaleza y a la restauración de la integridad y salud de los ecosistemas de la Tierra.

Sin embargo, en el párrafo 7 todavía persiste la lógica antropocéntrica en la que prima el hombre sobre la naturaleza, colocándolo en el centro del desarrollo sostenible. Asimismo, si bien el párrafo 49 enfatiza la importancia de la participación de los pueblos indígenas no convoca la aplicación o suscripción universal a la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La sección 3, denominada “Economía verde”, sin lugar a dudas se ha constituido en la sección más polémica de la Declaración, en tanto que la sociedad civil y las organizaciones sociales han identificado que a través de este término se está aceptando la incorporación del capitalismo en la naturaleza, promoviéndose la mercantilización de las funciones ambientales y procesos naturales con serias implicaciones sobre el medio ambiente y los medios de vida de las comunidades indígenas y poblaciones locales.

En esta sección el Estado Plurinacional de Bolivia ha logrado tres importantes aspectos. En primer lugar, se ha promovido el “reconocimiento de diferentes enfoques, visiones, modelos y herramientas” para lograr el desarrollo sostenible (párrafo 56). De este modo, se ha avanzado en el hecho de que los países que no comparten sus postulados no tienen por qué aparecer como prisioneros de la “economía verde” en el futuro. En segundo lugar, se ha logrado degradar a la “economía verde” a una simple herramienta para el desarrollo sostenible (el mismo párrafo 56). En tercer lugar, se ha conseguido diluir el significado y el alcance de la “economía verde” introduciéndose una serie de salvaguardas que incluyen el respeto a la soberanía de los países a sus recursos naturales; la promoción de un crecimiento económico inclusivo y sostenible; fortalecimiento de la población indígena y comunidades tradicionales; manejo sustentable de los recursos naturales; preservación y respeto a enfoques de no mercado que contribuyan a la erradicación de la pobreza (párrafo 58).

Entonces, se ha conseguido hacer inaplicable un enfoque mercantilista de la economía verde y neutralizarlo en la práctica. Sin embargo, es de esperar que los países desarrollados sigan insistiendo en la puesta en marcha de este enfoque y dirigiendo los recursos financieros y asistencia técnica y tecnológica a los países en desarrollo que escojan soberanamente avanzar en la implementación de proyectos de economía verde.

La sección 5 se denomina “Marco para las acciones a seguir”. El mayor logro del Estado Plurinacional de Bolivia en esta sección ha sido la eliminación de los mecanismos de mercado, pago por servicios ambientales, incorporación de los costos ambientales en la economía y evitar un enfoque muy climatizado y/o ambiental del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Bolivia también ha logrado eliminar cualquier mención en el texto al mecanismo REDD+ que está vinculado a la mercantilización de los bosques.

Un problema que todavía persiste en el documento es el rol excesivo que se le ha asignado al sector privado, ya no como un grupo más de la sociedad civil, sino como una entidad de financiamiento del desarrollo sostenible, a través de las alianzas publico-privadas, lo que debilita el concepto de cooperación internacional a favor de las inversiones privadas. Por otra parte, no se ha podido lograr que los países desarrollados trabajen en medios de implementación coherentes para lograr el desarrollo sostenible.

Con relación a la seguridad alimentaria, se han reafirmado los compromisos con el derecho humano a la alimentación y el acceso a la nutrición, la seguridad alimentaria y el acceso a alimentos suficientes, nutritivos y seguros para eliminar el hambre. También se reconoce el rol de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y los pequeños productores campesinos en la agricultura y de sus prácticas productivas que preservan el medio ambiente, reducen la degradación de la tierra, promueven la seguridad alimentaria y fortalecen la producción nacional.

En el tema del agua, Bolivia ha logrado reafirmar los compromisos sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, aunque en un lenguaje más diluido que el de la Resolución promovida por el Estado Plurinacional de Bolivia. También se resalta la importancia crítica del agua para ejercer el derecho al desarrollo, la erradicación del hambre y la pobreza, la salud pública, la agricultura, la seguridad alimentaria, la generación de energía hidroeléctrica, la forestación y el desarrollo rural.

Con relación al tema de la biodiversidad, Bolivia ha insistido para que fueran retiradas del documento todas laspropuestas que mercantilizaban la naturaleza, como es el pago por los servicios de los ecosistemas.

Con referencia a la sección 6 de “Medios de implementación”, que es también una de las partes más controversiales de la Declaración, ya que se están debilitando de manera sistemática los compromisos y esfuerzos de los países desarrollados para promover e impulsar el desarrollo sostenible en el mundo. En esta sección simplemente se han reafirmado los medios de implementación prometidos en las Cumbres de 1992 y 2002 y otras. También se establece dar inicio a un proceso intergubernamental para determinar necesidades financieras y evaluar necesidades adicionales para proponer opciones para una Estrategia para el Financiamiento del Desarrollo Sostenible. Esta propuesta ha sido desarrollada conjuntamente por el Brasil, Bolivia y la India.

Este es uno de los temas donde existe un importante retroceso ya que se han introducido en el lenguaje los cambios que se han venido dando en los últimos años con el impulso a una arquitectura de la ayuda internacional en el marco de la movilización de recursos de la inversión privada, el comercio para la ayuda, y la exigencia para que los propios países en desarrollo contribuyan financieramente a su desarrollo.

René Orellana y Diego Pacheco integran el Equipo de Negociación de la Delegación boliviana para el Cambio Climático y Río+20

https://www.alainet.org/es/articulo/158868?language=es