Cómo engordan los agronegocios a partir de los bienes públicos

La revolución verde dólar

Grupo ETC

10/02/2012

Opinión

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Megafundaciones como la Gates y grandes empresas de los agronegocios, como Syngenta, están interesadas en intervenir dentro de las instituciones multilaterales comprometidas a terminar con el hambre. Las agencias internacionales tienen problemas con la frontera entre lo público y lo privado. Es momento de evaluarlas a todas.

El problema: Tres incidentes recientes muestran que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) parecen muy ocupados con sus informes, abriendo sus bancos genéticos y mirando a otro lado mientras el sector privado suplanta a los gobiernos y a los agricultores en el mando de la política y la práctica agrícola. Las fundaciones privadas y los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) están promoviendo que las instituciones públicas pierdan de vista su foco de atención en los bienes públicos.

Lo que está en juego: La FAO recurre a las grandes empresas de los agronegocios en busca de guía sobre sus políticas y se hace de la vista gorda cuando las prácticas empresariales dañan la agricultura campesina. Simultáneamente, la administración del CGIAR ignora o condona el acceso privilegiado a sus líneas genéticas que se otorga a las corporaciones en sus centros públicos de germoplasma. Está en riesgo la credibilidad de las políticas públicas de la FAO así como el control público del presupuesto de casi 700 millones de dólares del CGIAR. Las consecuencias de este conflicto de intereses amenaza a todas las agencias con sede en Roma, Italia así como al Comité sobre Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas (CFS).

Los actores: Los cabilderos de las asociaciones comerciales y de las empresas de agronegocios (como Nestlé, PepsiCo y SABMiller, por ejemplo), están contratando (por centenas) a sus propios agrónomos para que trabajen directamente con los agricultores del Sur global y lograr que adquieran los productos que las empresas venden y bajo condiciones establecidas por ellas. Las empresas muestran un cada vez mayor interés y se involucran en la definición de las políticas y la investigación para orientarlas hacia variedades de plantas que pueden ayudarles a asegurar su abasto de materias primas, a pesar del cambio climático. Al mismo tiempo, la FAO y algunos centros del CGIAR y del ICRISAT (Instituto Internacional para la Investigación de Cultivos para el Trópico Semiárido) adoptan la cultura del sector privado, sometidas a fuertes presiones de las grandes fundaciones y los gobiernos pertenecientes a la OCDE, con el fin de aparecer como ―amigables con el mercado‖ y así atraerse fondos de financiamiento.

Los foros: Se espera que la Fundación Bill y Melinda Gates anuncie la evaluación de las agencias internacionales con sede en Roma. Una evaluación sería lo adecuado si fuera conducida por el Comité de Seguridad Alimentaria y guiada por los pequeños agricultores y los gobiernos. El CFS debería también evaluar el papel de las instituciones privadas, incluyendo el impacto de los cabilderos de las asociaciones comerciales privadas y de las grandes fundaciones, como la Gates y la Fundación Syngenta. El CFS se reunirá en octubre próximo en Roma y, en tanto que órgano intergubernamental tiene reglas especiales para asegurar la participación activa de los pequeños productores agrícolas, las organizaciones de la sociedad civil interesadas y las empresas de agronegocios, así como de los gobiernos. El CFS es también el foro en el que las agencias con sede en Roma informan de sus actividades: la FAO, el IFAD (Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola), el PMA (Programa Mundial de Alimentos), así como el CGIAR (a través de Bioversity International). El CGIAR debería someter a revisión sus políticas hacia el sector privado, cuando el grupo de financiadores se reúna con la Fundación Gates, en Seattle, Washington, los días 6 y 7 de marzo próximos, y el Consejo de la FAO debería hacer lo propio cuando se reúna entre el 9 y el 13 de julio de 2012. Este podría también ser un tema de discusión entre el flamante Director General de la FAO y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación.

Las políticas: En virtud de que el CFS es el único foro de Naciones Unidas que reúne a todas las agencias internacionales dedicadas a la alimentación, éste debe ser fortalecido, volverse más independiente de la FAO y desarrollar una agenda que proteja a las instituciones públicas de los intereses privados. El CGIAR, guiado por el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, debe prohibir el acceso privilegiado a sus líneas genéticas y proteger el germoplasma administrado por instituciones públicas. El control legal de los bancos genéticos del CGIAR debería ser entregado a la FAO. Y ésta debería revisar con ojo crítico sus políticas y prácticas respecto al involucramiento del sector privado y presentar un informe sobre el tema al CFS.

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https://www.alainet.org/es/articulo/155828