La integración regional en el marco de las políticas públicas de desarrollo

Fernando Del Corro

09/11/2011

Opinión

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En estos días diversas organizaciones sociales y el propio gobierno argentino conmemoraron los seis años del rechazo por parte de algunos países de Iberoamérica del intento del gobierno de los Estados Unidos de América, por entonces encabezado por el presidente George Walker Bush de constituir lo que se había dado en llamar Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Algo que ocurriera en Mar del Plata durante los días 4 y 5 de noviembre de 2005 y donde tuviese un rol relevante el, hace un año fallecido, ex presidente Néstor Carlos Kirchner.

Los procesos de desintegración política y los intentos de integración económica son constantes de la historia del continente a partir de la etapa independentista, en el primero de los casos, y de fines del Siglo XIX en el segundo. Pero esa idea de la integración económica inicial se centró en los proyectos de las autoridades estadounidenses de entonces que habían logrado arrastrar a numerosos países del área de Centro y Sur América y el Caribe pero sin que todos estos últimos tuvieran claras posturas estratégicas en la materia.

De hecho, aunque por razones bien diversas, a lo largo de la más de una centuria transcurrida desde entonces, fue la Argentina el país que mantuvo una más definida postura de oposición a los proyectos integracionistas de los Estados Unidos. En un comienzo ello estuvo más ligado a la sociedad de hecho establecida con el actual Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el marco del modelo agro-exportador y posteriormente a diversas circunstancias hasta llegar a las nuevas visiones integradoras a partir de la conformación de un bloque regional.

Este bloque, liderado en lo económico por el vecino Brasil, y con una errática presencia argentina a través de los sucesivos gobiernos, es el actual Mercado Común del Sur (Mercosur), de enorme trascendencia para las economías de sus socios, en particular para los dos menores, el Paraguay y el Uruguay, y para la Argentina, que tienen en el Brasil un gran mercado que fue creciendo a ritmo acelerado en las últimas décadas. En el caso de la Argentina ese vecino representa el segundo destino de sus exportaciones luego de la República Popular de China.

En ese marco es cuando desde los EUA se intentó retomar la vieja idea del ALCA y unificar bajo su hegemonía a todo el continente de una manera más explícita y formal. Para ello había conseguido el apoyo del otro gran estado anglo-franco hablante de la América del Norte, el Canadá, de los gobiernos de derecha hispanoamericanos como México y Colombia y de una cantidad de pequeños estados; algunos muy pequeños. La Cumbre de Presidentes de seis años atrás en Mar del Plata debía avanzar en esa dirección e incluso así lo esperaba buena parte del poder económico local.

Pero el intento fue desbarato por los cinco países que se opusieron sobre el total de 34. Claro que cinco países que se opusieron a la aprobación del ALCA en la Cumbre presidencial de Mar del Plata poseían un Producto Interno Bruto (PIB) por poder de compra –PPP (Purchasing Power Parity), según su sigla en inglés- superior entonces en 250.000 millones de dólares estadounidenses sobre los 26 países de América Latina y el Caribe que, sumándose a los EUA y Canadá, propiciaron incluir en el documento final la propuesta favorable de Panamá, que actuó como portavoz del intento.

Diversos "analistas" políticos y económicos fueron señalando, en los días posteriores, que la oposición a la aprobación ALCA, quedó reducida a la exigua minoría constituida por los miembros del Mercosur más la Venezuela presidida por Hugo Rafael Chávez. Apreciaciones que surgían de un facilismo numérico ideologizado por los intereses corporativos, pero que eran destruidas por los números. La realidad, como lo señaló el entonces canciller argentino Rafael Bielsa en la conferencia de prensa post Cumbre, surge de otros parámetros, particularmente del PIB PPP.

Este PIB PPP mide la capacidad de compra de la producción de cada país, más acorde, según las nuevas mediciones económicas internacionales para el seguimiento del desarrollo de los países que el viejo PIB, cada vez menos utilizado. De hecho, y de manera creciente, casi todos los organismos internacionales y los gobiernos utilizan esta forma de medición en lugar del viejo y simple cálculo de hacerlo sobre la base de una estimación de los valores en la moneda estadounidense sin las correcciones propias de otras variables como los tipos de cambio.

De los resultados de la Cumbre se dice, con razón, que hubo, sobre el total de 34 estados participantes, 28 partidarios del ALCA, cinco que se opusieron (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y uno, Bolivia –aún no gobernado por Juan Evo Morales-, indefinido. Los "analistas" (entre comillas) del caso coincidían, en general, que al estar entre los cinco, la Argentina integraba una pequeña minoría. En cambio, la verdad es que los apenas cinco representaban (excluidos Estados Unidos de América y Canadá, dos de los miembros del entonces predominante Grupo de loa Siete, el G-7), un PIB PPP superior del orden de los 250.000 millones de dólares estadounidenses respecto de los otros 26, es decir casi una Colombia o un Chile y medio. A ello hay que agregar que esos cinco países que votaron por el no, con sus 12.788.689 kilómetros cuadrados, conforman la inmensa mayoría del territorio regional de Iberoamérica y el Caribe, superioridad aplastante que también se da en términos poblacionales.

Los cinco "No" al ALCA sumaban un PIB PPP de 2.199.900 millones de dólares, o sea casi 2,2 billones, mientras que los 26 "Sí" acumulan 1.952.477 millones, un poco menos de 2 billones, lo que da una diferencia precisa de 247.423 millones. La no definida Bolivia registraba un PIB PPP de 22.230 millones. Las mediciones de las economías de los 34 estados representados en la Cumbre de Mar del Plata, según los registros al 31 de diciembre de 2004 de organizaciones gubernamentales de EUA, son los siguientes: Estados Unidos de América u$s 11.750.000 millones, Brasil u$s 1.492.000 millones, Canadá u$s 1.023.000 millones, México u$s 1.006.000 millones, Argentina u$s 483.500 millones, Colombia u$s 281.000 millones, Chile u$s 169.100 millones, Perú u$s 155.300 millones, Venezuela u$s 145.200 millones, Guatemala u$s 59.470 millones, República Dominicana u$s 55.680 millones, Ecuador u$s 49.570 millones, Uruguay u$s 49.270 millones, Costa Rica u$s 37.970 millones, El Salvador u$s 32.350 millones, Paraguay u$s 29.930 millones, Bolivia u$s 22.230 millones, Panamá u$s 20.510 millones, Honduras u$s 18.790 millones, Nicaragua u$s 12.340 millones, Haití u$s 12.050 millones, Trinidad y Tobago u$s 11.480 millones, Jamaica u$s 11.130 millones, Bahamas u$s 5.295 millones, Barbados u$s 4.569 millones, Guyana u$s 2.889 millones, Surinam u$s 1.885 millones, Belice u$s 1.778 millones, Santa Lucía u$s 866 millones, Antigua y Barbuda u$s 750 millones, Granada u$s 440 millones, Dominica u$s 384 millones, San Vicente y las Granadinas u$s 342 millones, y Saint Kitts y Nevis u$s 339 millones.

Estos números muestran claramente cuáles son los pesos de las respectivas economías y los elementos en juego. Además un porcentaje alto de esos 26 tenían compromisos ya asumidos en la materia con los EUA a través de convenios similares o porque históricamente han quedado englobados en el "mare nostrum" que representa el Caribe para la principal potencia del planeta, ya desde antes de su propia independencia, en los tiempos de las Trece Colonias. El conjunto de los países representados de América Latina y el Caribe en la Cumbre daba un PIB PPP de 4.174.607 millones de dólares estadounidenses, cifra que con Canadá se extendía a 5.197.607 millones, la que no llegaba ni a la mitad de los 11.750.000 millones de los EUA, lo que hablaba a las claras de la asimetría de la que se partía para cualquier intento de apertura.

El gobierno estadounidense había venido tejiendo de antemano acuerdos con diferentes países de la región como es el caso del NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), con Canadá y México; del CAFTA (Tratado de Libre Comercio de América Central), con Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Honduras y Nicaragua; y el TLC (Tratado de Libre Comercio) con Chile. En ese momento negociaba otro acuerdo con Colombia, Ecuador y Perú. Sólo el TLC de este último finalmente firmado. Además tenía el control virtual del CARICOM (Comunidad del Caribe), donde participan Haití, Trinidad y Tobago, Bahamas, Jamaica, Barbados, Guyana, Surinam, Belice, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Granada, Dominica, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y Nevis y Monserrat, un territorio de ultramar del Reino Unido con un PIB PPP de apenas u$s 29 millones.

En cambio, a la oposición al acuerdo correspondía sumar a Cuba, que está excluida del sistema interamericano bajo la presión estadounidense, y cuyo PIB PPP era del orden de los u$s 33.920 millones. La economía del continente se completa con algunos territorios de ultramar o coloniales estadounidenses como el ya mencionado de Monserrat, de los cuales el más importante es el de Puerto Rico ("Estado Libre Asociado" a los EUA), con u$s 68.950 millones; las Islas Vírgenes (EUA) con u$s 2.500 millones; Aruba (Países Bajos) con 1.940 millones; Guayana Francesa (descolonizada como parte de la propia Francia) con u$s 1.551 millones; Islas Cayman (RU) con u$s 1.391 millones; Groenlandia (parte constitutiva del Reino de Dinamarca desde la colonización vikinga en el Siglo X) con 1.100 millones; Anguilla (RU) con u$s 112 millones; San Pierre y Miquelon (descolonizada como parte de Francia) con u$s 108,3 millones, incluyendo los subsidios franceses (u$s 60 millones); y las Islas Malvinas (argentinas bajo ocupación militar del RU) con u$s 75 millones. Como se observa, la sola suma de estos territorios coloniales estadounidenses o ultramarinos, que por su carácter de no independientes no estuvieron representados en la Cumbre, arroja un PIB PPP superior al de los 17 estados más pequeños que sí participaron y se expresaron a favor del ALCA. Los números son claros, más allá de ciertas visiones que navegaban entre el simplismo y el interés.

Claro que hoy los números han cambiado a lo largo de estos seis años y a favor de las naciones que rechazaron el ALCA. Hoy el Brasil posee un PIB PPP de u$s 2,172 billones; la Argentina de 596.000 millones; Venezuela de 345.200 millones; el Uruguay de 47.990 millones; y el Paraguay de 33.310 millones. Ello suma un total de 3.194.500 millones de millones, es decir casi 3,2 billones. Cifra a la que debiera añadirse la actual postura definida en contra de la entonces abstenida Bolivia, 47.880 millones, y de los giros adoptados por el Ecuador, 115.000 millones, y el Perú, 275.700 millones, más la marginada Cuba, 114.100 millones y la centroamericana Nicaragua, 17.700 millones, con lo que se llega a 3.764.880 millones, casi 3,77 billones. Ahora, seis años después, una diferencia enormemente mayor sobre la suma de México (1,567 billones), Colombia (435.400 millones), Chile (257.900 millones) y el conjunto de pequeños y mini estados del continente.

En estos seis años transcurridos los procesos de integración en el continente han seguido por otros caminos a través del Mercosur y con la aparición de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), amén de la gestación de formas de intercambio comercial diferentes, en particular con la aparición del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) y el ya acordado pero aún no instrumentado Banco del Sur. En tanto los EUA no volvieron a avanzar en la materia buscando fortalecer su influencia en el área por la vía militar como la reinstalación de una flota en el Océano Atlántico, siete bases militares en Colombia y hasta un golpe militar en Honduras, entre otros hechos.

Vale la pena recordar que el Area de Libre Comercio de las Américas, que fuera tema central de muchos debates económicos en la región hasta su rechazo en Mar del Plata, y para el cual el congreso estadounidense había dado vía libre a su presidente, George Walker Bush, en agosto de 2002, es un viejo proyecto de ese país sobre el resto del continente, cuyas primeras manifestaciones datan de 1885, y que incluso estuvo a un tris de concretarse entre 1889 y 1890, cosa que no sucedió, en ese entonces también, por la cerrada oposición del gobierno argentino, presidido por Miguel Angel Juárez Celman, a la que se sumó Chile, luego entusiasta partidario.

El puntapié inicial del ALCA, propiciado entonces como una Unión Aduanera continental surgió de las propuestas de un hombre de prensa, William Eleroy Curtis, designado en ese 1885, a los 35 años, como secretario de la Comisión Especial de Comercio con América Latina durante los últimos meses de la presidencia de Chester Alan Arthur. Desde ese cargo el periodista, nacido en Ohio, se dedicó a acumular información, en muchos casos superficial, y a teorizar sobre las futuras relaciones entre Estados Unidos de América y sus vecinos del sur, comenzando por México y concluyendo por la Argentina y Chile.

La exuberante documentación registrada dio lugar en 1887 a su libro “Los capitales de América Latina”. A partir de entonces sus ideas recibieron mayor apoyo en todos los ámbitos gubernamentales al punto de que ya al año siguiente comenzó a impulsar buena parte de sus propuestas para ser implementadas durante la Conferencia Panamericana que se desarrolló en Washington a lo largo de varios meses, entre el 2 de octubre de 1889 y el 19 de abril de 1890, a la que concurrió una delegación argentina que tuvo como figuras más destacadas a los más tarde presidentes Manuel José Quintana y Roque Sáenz Peña.

El segundo libro de Curtis, “Transporte y Comercio entre Estados Unidos y América Hispana”, de 1889, fue básico para lo tratado desde meses después en la referida conferencia. Como para que no quedaran dudas del interés gubernamental este trabajo fue editado por la imprenta oficial de la Casa Blanca. En él se destacó el “enorme comercio exterior” argentino, país al que presentó como paradigma regional, aunque concluyó en que las restantes naciones tenían similares condiciones para lograr un adecuado desarrollo.

Una de las preocupaciones expuestas allí es la creciente presencia de Alemania en el mercado argentino expresada por la apertura de sucursales bancarias, servicios navieros e instalación de filiales de empresas de ese origen. En cambio eludió Curtis hablar de problemas centrales como los de los frigoríficos y, particularmente, de las lanas. Algo central porque en ese momento la Argentina protestaba contra las políticas proteccionistas laneras estadounidenses, como lo hiciera notar para esa misma época el cónsul general en Nueva York, Adolfo G. Calvo, quién manifestó a la administración del presidente Grover Cleveland: “Queremos que los Estados Unidos rebajen sus elevados derechos arancelarios actuales sobre nuestra lana”.

Durante el mismo 1889 el panamericanismo recibió otro gran impulso, encontrándose programada ya la conferencia. Fue en junio cuando salió a la luz el diario quincenal “Export and finance” cuya temática estuvo centrada en el comercio con América Latina. Fue un claro propulsor de la idea continentalista que iban a defender los delegados de los EUA en el encuentro cumbre regional, la que respondía a las posturas de los dirigentes del Partido Republicano de los estados de la costa atlántica que representaban a sectores manufactureros interesados en la importación de materias primas baratas para sus plantas industriales.

“Export and finance” propuso en su segunda edición un estudio más profundo de América Latina, un mayor esfuerzo vendedor, la instalación de una marina mercante subsidiada y la apertura de líneas de crédito para los adquirentes en dicha región de productos industriales estadounidenses. John A. King, director de la Oficina de Informaciones de la República Argentina en los EUA escribió que los ciudadanos argentinos requerían un servicio naviero rápido y barato y la reducción de los impuestos aduaneros.

La cuestión de la navegación resultaba central. Un ejemplo de ello es que Quintana y Sáenz Peña, para viajar desde la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a Washington, para asistir a la conferencia, debieron ir primero a Burdeos (Francia) y desde allí a Nueva York. Cabe consignar que apenas iniciada ésta “Export and finance” salió al cruce de quienes decían que la misma marcaba los intereses estadounidenses de dominación sobre lo que luego se dio en llamar su “patio trasero”.

Aunque al iniciarse la conferencia ya en Buenos Aires se observaban síntomas importantes de la crisis que iba a estallar en 1890, pocos creían en ella, como lo reflejaba la prensa estadounidense. Es más, circulaban informes por demás optimistas y, a la par, preocupantes para los anfitriones. El primer semestre de 1889 había dado resultados por demás alentadores en materia de comercio exterior para la Argentina, pero resultaba que un tercio del mismo era con el Reino Unido, un quinto con Francia, un décimo con Alemania y apenas un doceavo con los EUA.

No casualmente Juárez Celman dio precisas instrucciones a los delegados argentinos antes de partir. Nada de dar preferencias comerciales a los EUA respecto de Europa. De los seis temas en cuestión lo único que se debía apoyar era lo relacionado con la instalación de líneas navieras, cosa que tampoco se concretó al desmoronarse el resto de la construcción. Dichas líneas navieras de carácter multinacional estatal debían recorrer, en un caso, la costa atlántica, y en el otro, la del Océano Pacífico.

La Primera Conferencia Panamericana, de hecho, frustró todas las expectativas de los EUA por la firme postura argentina, acompañada por los delegados chilenos y, sobre el final, por los bolivianos. La alineación con los deseos del anfitrión tuvo como primeros actores al Brasil, Colombia, Nicaragua y Venezuela. Si bien estos lograron una mayoría en la votación final sobre la Unión Aduanera proponiendo un sistema de integración progresiva regional para concluir en la consolidación continental, ello finalmente fue dejado de lado cuando la Argentina hizo notar que la cuestión regional no había sido incluida en la convocatoria de 1888.

Para Sáenz Peña “tratar de asegurar el comercio libre entre mercados carentes de intercambio sería un lujo utópico y un ejemplo de esterilidad”, declaraciones que fueron reflejadas en las columnas del diario “La Nación” que, por vías de su corresponsal en Washington, el patriota cubano José Martí, advirtió “que tendría que declararse por segunda vez la independencia de la América Latina, esta vez para salvarla de los Estados Unidos”.

También el tema de la unificación de los aranceles aduaneros dio lugar a una confrontación en la que Quintana revirtió incluso los puntos de vista de Chile y Venezuela, en tanto Sáenz Peña dejó claro que durante el decurso de la conferencia el gobierno anfitrión había elevado los aranceles de los bienes producidos por sus huéspedes e incluso les aplicaba nuevos a los que no los poseían.

Sáenz Peña fue terminante en la materia. Para ello citó a un senador estadounidense que durante un debate parlamentario expresara: “Los estados hispanoamericanos comenzarán entregándonos la llave de su comercio, para terminar olvidando la de su política”.

Es que a James Blaine, el secretario de Estado anfitrión, autor de la iniciativa de la convocatoria, también se le había ocurrido, entre otras cosas, la unificación de la moneda en todo el continente a través del dólar de plata; un anticipo de la dolarización de nuestros tiempos que hoy padece Ecuador y que algunos propusieron hace poco para la Argentina, como Eduardo Curia, viceministro durante la gestión de Antonio Erman González al frente de la cartera económica, y Pedro Pou, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) siendo ministro Roque Benjamín Fernández. Una propuesta que sólo aceptaron en aquel momento Costa Rica, Haití y Nicaragua.

Claro, eran los tiempos en que los EUA pretendían avanzar sobre América Latina a costa del desplazamiento del RU, país que desde los albores independentistas estaba firmemente asentado en la región. Con ese respaldo la delegación argentina llegó a instancias que no esperaban los anfitriones como que Sáenz Peña, rechazando la llamada “Doctrina Monroe”, aunque elaborada por el ex presidente John Quincy Adams, “América para los americanos”, retrucó: “Sea América para la humanidad”.

La integración, un sueño latinoamericanista de Simón Bolívar, José Gervasio de Artigas y Francisco Morazán, entre otros propulsores de la independencia en las primeras décadas del Siglo XIX, recibió un nuevo impulso teórico y político de la mano de ese gran economista argentino que fuese Alejandro Ernesto Bunge una centuria más tarde. Bunge, el impulsor de la creación de la Dirección Nacional de Estadística, hoy Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a comienzos de la presidencia de Máximo Marcelo Torcuato de Alvear, en 1940 publicó un libro de vital lectura como es “Una nueva Argentina” en el que retomó, aunque sin mencionarlos, algunas ideas de ese gran economista argentino, pese a haber nacido en Bélgica, Jean Silvio Gesell, de quién hiciese el panegírico John Maynard Keynes; y también de ese pionero del industrialismo como Ernesto Tornquist quién garantizó parte del salvataje de la Argentina en 1890 con su propio bolsillo. Bunge, en el Capítulo XII de “Una nueva Argentina”, titulado precisamente, ‘“Unión Aduanera del Sud”. Equivalencia económica”, se planteaba avanzar hacia la integración regional.

La propuesta, que interesó particularmente al presidente chileno Carlos Ibáñez del Campo quién lo convocó para difundir la idea en su país, apuntaba a un claro proceso de integración de la Argentina, Bolivia, Chile, el Paraguay, el Perú y el Uruguay, para luego, ya con ese bloque en marcha, sumar al gigantesco Brasil. De no haber fallecido en 1943 tal vez sus ideas en la materia podrían haber sido recogidas por Juan Domingo Perón quién tuvo entre sus principales colaboradores y asesores al economista catalán José Figuerola, discípulo de Bunge, como también lo fuera Raúl Prebisch. Pero recién durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín se avanzó en forma concreta en la materia durante un viaje a la Argentina del efímero presidente brasilero Tancredo Neves y con su sucesor José Sarney. De allí surgió el Mercosur que se concretó formalmente bajo la gestión de Carlos Saúl Menem para ir avanzando a los tumbos hasta que más de una década después Néstor Kirchner le diera otro impulso en conjunto con el brasilero Luiz Inácio Lula da Silva. En realidad, desde el Brasil hubo algunos intentos anteriores como el de construir una acería multinacional pública de los países de la Cuenca del Plata para explotar el hierro boliviano de El Mutún frenado por la reticencia argentina durante la dictadura de la “Revolución Argentina”.

Problemas planteados por la politiquería paraguaya impidieron que el pacto regional se ampliase con la participación de Venezuela, lo que acotó las posibilidades de expansión. Pero entonces llegó la Unasur donde están los doce estados nacionales de la América del Sur, restando sólo dos enclaves europeos: la Guyana Francesa, reconvertida de colonia en territorio de ultramar, y las irredentas Islas Malvinas, a las que el RU también pretende convertir en parte del Viejo Continente como expresa el proyecto de constitución de la Unión Europea (UE). Claro que la Unasur es, básicamente, un acuerdo político sobre lo cual ya ha tenido algunos efectos positivos pero está lejos de poder constituir, en el corto plazo, un bloque económico. Para el gobierno argentino constituye un tema importante a resolver, incluso de carácter sentimental, ya que a la fecha de su muerte Kirchner ocupaba la secretaría general de la Unasur. Sin embargo deben considerarse esos avances políticos como un proceso importantísimo ya que en la medida de que se concreten logros, como un sistema común de defensa ya en desarrollo que fuera muy destacado durante la reciente Cumbre Iberoamericana en Asunción del Paraguay, se debieran ir rompiendo los juegos de intereses que obstruyen, tradicionalmente, los caminos hacia la integración económica. En este punto resulta interesante que, en el marco de este “Econ 2011”, académicos argentinos hayan lanzado, desde el “Plan Fénix”, una propuesta económica para la Unasur, como blindaje regional frente a la crisis sistémica mundial en desarrollo.

Las otras dos iniciativas de integración corrieron de la mano del presidente bolivariano Hugo Chávez como son el ALBA y el Banco del Sur. Hasta el presente la Argentina no forma parte de la primera donde hay países caribeños como Cuba y centroamericanos como Nicaragua. Sí, el proceso de integración económica implica un importante aspecto financiero como es el futuro Banco del Sur, una idea similar, pero más acotada a Suramérica y sin la presencia de los EUA, a diferencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), creado en 1959 a instancias del entonces presidente brasilero Juscelino Kubitschek pero que, con el tiempo, terminó adquiriendo características similares a las del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), más conocido como Banco Mundial. El gobierno argentino expresó un profundo compromiso con el desarrollo del Banco del Sur por vías de Néstor Kirchner lo cual es probable que se concrete a lo largo de esta segunda gestión, próxima a iniciarse, de Cristina Elisabet Fernández.

En tanto, en el proceso integrador, mientras los estados miembros del ALBA ya han creado una moneda virtual, como es el Sucre, a la usanza del viejo sestercio romano o del ecu que en el Viejo Continente precedió a la creación del euro como moneda real, otros países están avanzando hacia sistemas bilaterales de pago en monedas nativas, aunque aún se utilice el dólar estadounidense como instrumento de cuenta para la relación de paridades. Una alternativa todavía insuficiente pero que marca un sendero por el que se encaminan hacia la integración regional las políticas de estado.

Fernando Del Corro

Periodista en la agencia Télam. Profesor de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente en “Historia Económica, Política y Social Argentina” en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA. Conductor del programa radial “Económicas y la comunidad” de la FCE-UBA. Subdirector del post grado en “Periodismo económico” en la FCE-UBA. Colaborador de la cátedra de “Deuda Externa” de la Facultad de Derecho (FC) de la UBA. Coautor de libros y autor de numerosísimos artículos sobre historia económica.

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