G20: paraíso fiduciario

Emilio Cafassi

05/11/2011

Opinión

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La elegante Cannes fue sede de más de lo mismo: disciplina popular combinada con adecuada represión a las protestas, sometimiento al ajuste y recorte de lo público. Con algunas excepciones, entre las que se cuentan los dos integrantes sudamericanos, el consenso mayoritario concluyó que hay que entregar todo el poder a los banqueros, sin descuidar las cuestiones democráticas fundamentales. El aspirante a la reelección Barack Obama, le susurró a otro aspirante, el francés Nicolás Sarkozy, que deberían aprender de Cristina Fernández de Kirchner por su reelección. Otra vez más de lo mismo. El deslizamiento de las prioridades y objetivos de la función pública hacia la exclusiva reproducción del propio rol y consecuente poder, es la esencia de sus concepciones democráticas. La más plena burocratización y la usurpación del poder popular. Una ficción instrumental con propósitos reproductivos del statu quo. Veamos si no cuánto duró la iniciativa democrática y distributiva del poder de decisión de Yorgos Papandreou con su referéndum. Sarkozy dio un paso más hilarante aún, luego de la cumbre, al reflexionar sobre causas de la debacle y concentrar sus quejas hacia los paraísos fiscales entre los que no incluye, por ejemplo, a Mónaco ni tampoco realmente a Suiza y Liechtenstein, sino a ¡Uruguay!

Aun suponiendo metodológicamente que Uruguay fuera un polo de atracción de capitales negros, cosa que sólo es muy parcialmente y en pequeña escala, el gran problema de la crisis de endeudamiento y sus ajustes no radica en el lavado de dinero, el narcotráfico ni en el enriquecimiento ilícito de jerarcas. Aún levantando el secreto bancario, Uruguay ayudaría muy poco al descubrimiento de evasores y delincuentes franceses (a diferencia de los argentinos). Muy por el contrario, la etiología de la crisis que azota al llamado primer mundo reside en el funcionamiento financiero blanqueado y regular que arrasa con su lógica especulativa la estructura productiva y la posible distribución de bienes e ingresos.

Sin embargo, además de sumarme al repudio que merece la boutade del presidente francés, no debería desaprovecharse el hecho de que el sistema financiero oriental ocupe un lugar en las primeras planas, para abrir un debate sobre su naturaleza y funcionalidad. Por muchas razones Uruguay se encuentra en una zona gris de la operatoria financiera. Siempre me llamó la atención que el sistema bancario uruguayo, con un peso importante en el PBI y en consecuencia en el volumen de empleo, fuera tan ineficiente, caro y arcaico. Es algo que debería preocupar a AEBU y por tanto al PIT-CNT, a la izquierda y fundamentalmente al gobierno, por la incidencia que puede tener en el balance fiscal. El lector puede realizar el ejercicio de entrar a las páginas web de cualquiera de los bancos internacionales que operan en Uruguay pero con otro domino. No necesariamente del primer mundo sino de países vecinos como Argentina, Brasil, Chile, etc. y descubrirá que la magnitud de servicios, los costos de los mismos y las facilidades operativas que otorgan, carecen de proporcionalidad.

Lo paradójico es que esto no puede explicarse por razones de subdesarrollo. Al contrario, Uruguay tiene un nivel alto de informatización para la región (no sólo con perspectivas de largo plazo como el fabuloso plan Ceibal) y está haciendo esfuerzos, tanto por socializar el acceso a internet como por incrementar el ancho de banda y reducir costos de acceso. Además es productor de software, pero carece de servicios bancarios elementales como la simple transferencia electrónica de dinero o la identificación codificada de las cuentas bancarias a nivel nacional.

Habrá quién se contente con que Uruguay tiene uno de los índices más bajos de evasión fiscal en Sudamérica. ¿Pero esto basta? ¿Por qué abandonar la lucha por la evasión cero, tanto como la indigencia y pobreza cero o la desocupación cero? Una de las variables decisivas en el balance fiscal es precisamente la capacidad recaudatoria. Y ella depende por un lado de las leyes, de las que se deberán ocupar los poderes legislativos, pero por otro del nivel de transparencia y blanqueo de la economía y de la informatización, tanto del sistema bancario como de la DGI. Aún dentro de la recurrente inequidad del capitalismo, es mucho lo que se puede hacer para evitar tanto la evasión como las prácticas delictivas. El horizonte último debería ser el dinero nominal, o, para ponerlo en términos de equivalencia con ciertos bienes, la trazabilidad de la circulación monetaria.

Esta lucha puede desplegarse a nivel exclusivamente local, aunque es deseable que tenga alcances regionales y hasta universales. Por razones de solidaridad con los esfuerzos recaudadores de otros estados y como contribución a la lucha contra el delito. Veamos un ejemplo. Decenas de miles de argentinos operan en su propio país con tarjetas de crédito emitidas por bancos con sede en Uruguay. No se trata de que esas tarjetas tengan mayores límites de compra o permitan exhibir un status social superior. Al contrario, los citados poseen en Argentina tarjetas gold o platinum con amplios márgenes de crédito, pero usan una VISA o Mastercard común y corriente ya que de este modo, eluden los controles de la DGI local, operando de este modo en negro, gracias a la involuntaria contribución evasora del sistema uruguayo.

Volviendo a la crisis de las economías centrales, no sólo por primera vez en la historia se presenta un escenario opuesto en América del Sur, sino que la ofensiva antipopular produce movilización, protesta y debate en buena parte del mundo. Grecia, España, Portugal, Irlanda, Islandia, los EE.UU., entre otros, y de algún modo, también las rebeliones en los países árabes, ponen en cuestión de manera algo dispersa y aún imprecisa el carácter restrictivo y antipopular de la gestión fiduciaria y verticalista de la vida social. Hay en ciernes una insurrección cívica, pacífica (salvo por las respuestas represivas). En Niza el foro de los pueblos ha contribuido a cierta coordinación permitiendo el encuentro de indignados del mundo entero. Se está gestando una suerte de movimiento de indignación universal, al estilo organizativo e ideológico que adoptaron las protestas del diciembre argentino: del cuestionamiento de la eficacia económica, hacia el de la legitimidad política. Lo que se pone en cuestión no es el capitalismo sino un modo de gestión de decisiones a espaldas de los afectados. De allí que en los EEUU se consideren como el 99%. Desde el movimiento “Occupy” hasta las protestas europeas, pasando por las árabes, el mundo no ha conocido en magnitud y cualidad, conmoción semejante. Desaprovechar en este sur la posibilidad de inflar las velas movilizadoras para profundizar los debates y prácticas sobre la institucionalidad democrática sería lamentable.

Existe sin embargo un riesgo, que puede recorrerse desde la desembocadura desmovilizada del diciembre argentino hasta hoy, que se centra en el desánimo y despolitización desconfiada en las propias fuerzas e inventiva institucional. La izquierda uruguaya puede ser también víctima de esta tendencia potencial, ante el fracaso de las dos últimas iniciativas plebiscitarias.

El militante islandés de ATTAC Gunnar Skuli Armannsson, refleja en parte esta decepción que bien podría neutralizar la enorme energía crítica desplegada. “Los socialdemócratas eran parte del viejo Gobierno, y ahora son parte del nuevo Gobierno también, pero en lugar de tener a los conservadores, ahora tienen a la Izquierda Verde como socios de gobierno, y tanto los socialdemócratas como la Izquierda Verde estuvieron prometiendo cosas muy buenas a la gente en la campaña electoral. Pero han roto todas sus promesas. De modo que los islandeses hemos aprendido, igual que los irlandeses, igual que los griegos y los españoles, que cambiar el Gobierno no es la solución. No importa que haya elecciones; no tienen ningún efecto en las políticas, porque es obvio que los bancos tienen el control. Da igual que gobiernen los conservadores, los socialdemócratas o la izquierda verde, la política es siempre la misma: salvar a los bancos y que el pueblo lo pague”.

Otra salida posible no es necesariamente la impotencia ni el abandono de la democracia, sino su efectivización plena mediante institutos de democracia directa: representantes con mandato imperativo y revocabilidad, plebiscitos, referéndums, etc. Pero estas cuestiones políticas no han interesado mayormente a ATTAC, razón por la cual, en lo personal, hace tiempo abandoné su comité científico-académico.

Un buen ejemplo es el de el propio Sarkozy, quién siendo aparentemente partidario de la tasa Tobin, no ha dado un solo paso para aplicarla en su país. Pero más aún, sólo mostró consternación ante la iniciativa de Papandreou de realizar un referéndum para que la propia ciudadanía decida y no sus representantes fiduciarios, los mismos que administran fondos homónimos.

- Emilio Cafassi es Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.

https://www.alainet.org/es/articulo/153784