Un enfoque sindical sobre desarrollo sostenible
10/10/2011
- Opinión
Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 468: El cuento de la economía verde 06/02/2014 |
Frecuentemente en la región el concepto de desarrollo sostenible es utilizado como sinónimo de condiciones medioambientales adecuadas, es decir, se concentra en uno de sus tres pilares, sin mencionar, o dándole menor jerarquía, a los ejes de lo económico, lo social y lo político. Asimismo debemos mencionar que el enfoque sindical sobre desarrollo sostenible no se concentra solo en las variables sociolaborales, sino que demanda que también las de carácter directamente productivo sean sostenibles, desde la perspectiva económica y medioambiental.
La discusión en la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) sobre estos temas se presenta actualmente cuando el sindicalismo americano debe prepararse también para un escenario de larga duración de la crisis puesta en evidencia en 2008. Lo que parecía una oportunidad para dejar en el pasado al “Consenso de Washington”, se ha ido convirtiendo en un retorno aplicado ahora a los países avanzados, que en Europa asume ya las características de un “Consenso de Frankfurt”.
También es indispensable referirse a China, que será la primera economía mundial en pocos años, como factor cada vez más importante para las Américas en el campo del comercio y la inversión, e incluso, en el caso de EEUU, del financiamiento de su déficit. En ese sentido tenemos que advertir que el “Consenso de Pekín” presenta muchos déficit en los campos político, social y ambiental.
Este doble escenario tiene que ser entonces tomado en cuenta como un dato central al momento de evaluar la sostenibilidad del actual ciclo de mejoras económicas en América Latina y el Caribe, que no fue mayormente afectada hasta ahora por la crisis, sino incluso beneficiada (por la abundancia de dinero especulativo o inversor disponible, ante las bajas del tipo de cambio en los países centrales). En ese sentido resulta importante discutir cuáles son las condiciones políticas para luchar contra la hegemonía neoliberal con un desarrollo sostenible, y si de esta forma es posible llegar a un escenario post-neoliberal, al menos en algunos países de la región.
Algunas precisiones
El desarrollo sostenible implica una redistribución progresiva de la producción, el consumo y la propiedad, atendiendo a lo que suele denominarse “bottom of the pyramid” (“base de la pirámide”, “andar de baixo”). Ello coloca en un lugar central (podría decirse como “condición”) al “factor trabajo” de forma más destacada que otros sectores de la política y la sociedad, transversalizando al conjunto de temáticas.
Desde una perspectiva continental aplicada a la representación de la CSA, se incorpora un análisis sobre el modelo del “norte” de las Américas, para destacar, además de los rasgos tradicionales, los que se han incorporado en los últimos quince años: sobre-financierización, sobre-consumo, sobre-endeudamiento.
Adicionalmente, es necesario dejar registrado el debate sobre la “cooptación” del concepto de desarrollo sostenible por el establishment, llevando a justificar iniciativas de dudoso y contradictorio contenido, así como la sinonimia entre “sostenible” y “sustentable”, que en ocasiones también implica un vuelco interesado hacia el énfasis en lo medioambiental, haciendo perder protagonismo a lo económico-social
Se destaca que el avance al desarrollo sostenible implica un proceso multidimensional, en que “lo económico” y “lo social” es solo una parte, por lo que hay que colocar en el centro de la agenda elementos como el problema medioambiental, el combate al racismo y la discriminación de género.
El capítulo interno
Para avanzar hacia un desarrollo sostenible se debe considerar un abanico de políticas públicas proactivas y reguladoras del mercado interno que incluyen, entre otras:
- políticas productivas que promuevan un equilibrio entre los grandes sectores (“primario”, “secundario”, “terciario”), incluyendo la promoción industrial en sus distintos segmentos, lo que introduce el papel central del mercado interno, el complementario de las exportaciones (atendiendo al peligro de la “reprimarización”), políticas de recursos naturales (energía, agro, turismo).
- una fiscalidad que implique una redistribución de ingresos, al diferenciar gravámenes aplicados a distintos niveles de ingresos, que se resumen en la diferenciación: “directos versus indirectos”. Los primeros se refieren sobre todo a niveles de ingresos medio y altos. Los segundos están centrados en el impuesto al valor agregado. Dentro de cada uno puede a su vez fijarse distintas alícuotas en función del monto gravado.
- una segunda redistribución a partir de los recursos estatales obtenidos de la recaudación impositiva, mediante los bienes y servicios públicos básicos (salud, educación, vivienda, transporte), en condiciones adecuadas de accesibilidad y costo; y políticas de transferencia monetaria con el enfoque de “ingreso universal”. La seguridad social, con financiación basada en el empleo (contribuciones) o en recursos fiscales generales, constituye el segundo espacio de distribución de renta, especialmente importante para la construcción de una sociedad más justa y equilibrada. Es en el marco del trabajo decente, con un enfoque central basado en derechos, en el que debemos pensar la manera de extender la cobertura de la seguridad social y de construir un modelo integral en prestaciones, solidario socialmente e integrador de colectivos, utilizando para ello un pilar público básico (piso básico de protección social) para la lucha contra la pobreza, dentro de un sistema de seguridad centrado en el empleo decente como herramienta para la lucha contra la desigualdad.
- una política estatal promotora de una democratización de la propiedad, (sector de “economía social”, o “solidario”, o “popular”). Ya existe bastante consenso en utilizar la expresión “economía social solidaria” (ESS) para diferenciar por esta vía la economía social expresada a través de pequeñas unidades, en contraste con la economía social en grandes unidades que son una vía legítima (alternativa a la capitalista pura). A su vez, este enfoque permite referirse de manera apropiada a “la pequeña producción”, que es el espacio candidato a reconvertirse en ESS, convirtiendo a los trabajadores “autónomos simples” en “autónomos colectivos”.
El capítulo externo
Asimismo en el campo externo se debería atender principalmente “tres movilidades”:
- la de las personas, para ocuparse de la política de acuerdos internacionales (incluso multilateral) en el plano migratorio. En este plano se mantendrá la diferenciación ya planteada anteriormente sobre varios derechos simultáneos: a inmigrar, a emigrar, a no emigrar, a retornar.
- la comercial, optando por un “comercio justo” en el plano multilateral de la Organización Mundial de Comercio, y verdaderos procesos de integración de las economías y los pueblos a nivel subregional (con las uniones aduaneras y los mercados comunes como diseño en el plano estrictamente económico) y regional (con UNASUR como paradigma en América del Sur), frente a los tratados de libre comercio. Se mostrará cómo la integración subregional avanza lentamente, y ello arrastra a las coordinadoras sindicales. Hay que registrar que existen otras opciones, como el ALBA y la Comunidad Latinoamericana y Caribeña de Naciones.
- la del capital, propendiendo a regulaciones financieras en la línea de los primeros consensos del G-20 y de Naciones Unidas (Comisión Stiglitz), incluyendo la nueva sensibilidad por un impuesto a las transacciones financieras (ITF), y por el combate a la especulación con los commodities. La CSA deberá también profundizar en la línea de “inversión regulada”, diferenciándose netamente de los actuales tratados de promoción y protección de inversiones (TPPI), que son “tratados de libre inversión”. Esto último converge además con una política regulatoria del desempeño de las transnacionales, que incluye en las Américas no solo el caso de las filiales/sucursales sino también el de las casas matrices (las de América del Norte y las translatinas), destacando la existencia de un acentuado comportamiento de “doble estándar” según su localización.
Las tres dimensiones mencionadas están, a su vez, transversalizadas por la cuestión medioambiental y su vínculo con el tema energético. En este plano se mostrará la necesidad de un enfoque centrado en la “economía y empleos verdes”, diferenciado del proceso de cooptación a que está siendo sujeto este concepto por el mundo de los negocios.
- Victor Báez Mosqueira es Secretario General de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas –CSA-.
https://www.alainet.org/es/articulo/153235
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