Colombia

Seguridad y conflicto armado en el primer año de la administración Santos

Luis Eduardo Celis

04/08/2011

Opinión

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La política de seguridad de la administración Santos, es la continuidad de los ocho años de la doctrina de seguridad democrática del ex presidente Uribe, con la paradoja que este no lo reconoce, no la valida y no es solidario con la Fuerza Pública que tanto apoyó.

Hoy seguimos viviendo el añejo conflicto armado, en un momento de nuevas configuraciones en su estructura como en la forma en que se da, pero tanto FARC como ELN, permanecen en doscientos cincuenta municipios y mantienen una capacidad de perturbación así no constituyan una amenaza real al orden constitucional, sí son una permanente fuerza organizada de confrontación a la fuerza pública afectando a la población civil y ejerciendo una dinámica de violencia organizada que ingentes recursos y un crecimiento significativo del aparato militar, luego de 9 años de dura confrontación, no ha podido controlar y muy por el contrario hoy podemos afirmar que las guerrillas se han adaptado.

Y si el tema guerrillero muestra esta dura realidad con el tema Neoparamilitar, no es menos preocupante con una permanencia de estructuras organizadas, que con sofisticaciones y nuevas modalidades organizativas, siguen controlando buena parte de la economía del narcotráfico con diversas economías legales y no tienen el menor asomo de abandonar las tierras despojadas en los últimos 20 años, así que por esos lares la situación es igualmente preocupante.

La seguridad es uno de los temas críticos a la hora de realizar el balance de la primera administración del presidente Juan Manuel Santos, varias encuestas evidencian que en este aspecto, el de la seguridad, la percepción mayoritaria es que hay un deterioro lo cual puede ser cierto, en tanto capacidad de las guerrillas de actuar en zonas donde habían dejado de hacerlo o una mayor intensidad del conflicto en este año y con las cifras en la mano se ve una intensificación de las acciones de las FARC en el primer semestre de 2011, comparado con igual período del año anterior, la conclusión es que esto obedece al cambio de Gobierno y a un deterioro de la voluntad de combatir a las guerrillas o a una falta de iniciativa presidencial y un desanimo en las Fuerzas Armadas, son todas conclusiones erradas.

La voluntad de combatir a la guerrilla se mantiene como una prioridad del actual Gobierno y para ello coloca todo su empeño y no se ha desmejorado en ningún sentido. ni la inversión, ni los mecanismos de coordinación entre las fuerzas, un permanente esfuerzo de reentrenamiento y actualización de equipos y tecnología para la acción contra guerrillera, igualmente el apoyo permanente a la acción de las Fuerzas Armadas, copa parte importante de las energías y la agenda del Presidente y su equipo más cercano, en conclusión, hay continuidad en el propósito de atacar y afectar militarmente a las guerrillas, lo que si ocurre, es que esta acción ya no es tan eficaz lo cual se evidencia en los indicadores de deserciones, capturas y bajas, las cuales vienen a la baja, pero no ahora, sino desde el año 2008 cuando se evidencia que las FARC, de manera principal, se adaptó a la confrontación desarrollada por el Estado y logró retomar cierta iniciativa militar, de baja escala, centrada en el saboteo a infraestructura y bienes económicos con una intensificación de francotiradores, campos minados y ataques a pequeñas unidades de Policía y Ejército, esta es la guerra que se sigue viviendo y que en 2011, tiende a intensificarse por la proximidad de las elecciones regionales de octubre.

En cuanto al combate a los neo-paramilitares, se evidencia una mayor iniciativa en algunas regiones por ejemplo, las operaciones sobre el Pacífico Nariñense y Caucano y la desarrollada en el sur de Córdoba y su frontera con Antioquia, donde de manera significativa están siendo afectadas estructuras neo-paramilitares, pero sigue siendo deficiente el contar con una política de mayor envergadura que permita afirmar que existe la firme voluntad de enfrentar a estos poderes mafiosos, que siguen con una gran capacidad de incidencia y actuación sobre muchos territorios y poblaciones; que han modificado sus modalidades operativas y hoy se centran en un complejo entramado de relaciones con la constante histórica de mantener vínculos y alianzas privilegiadas con agentes estatales y no sólo en la Fuerza Pública.

Si partimos de reconocer que el tema de seguridad sigue siendo crítico y de constatar que las políticas que se desarrollan no logran una acción exitosa, la pregunta que hay que formularse es ¿qué se requiere para avanzar en garantizar la seguridad y lograr el anhelado monopolio legítimo de las armas para el Estado social y de derecho que nos propusimos en la Constitución del 91? pregunta nada fácil, pero en la que yo arriesgaría dos propuestas: la primera en el sentido de repensar la lucha contrainsurgente en su escenario privilegiado de comunidades y territorios, si bien hay que confrontar a las guerrillas si no estás nunca darán el paso a buscar seriamente un acuerdo político negociado y pactado para salir de la violencia como mecanismo de actuación política, esta tarea hay que hacerla de manera diferente respetando territorios y comunidades, lo cual hoy está en crisis y no sólo es el caso del Norte del Cauca donde las comunidades indígenas y afros no aprecian ni respetan al Ejército al cual ven como fuerza de ocupación, el tema no es fácil de resolver, pero si la Fuerza Pública estatal quiere avanzar en tener iniciativa militar debe repensar su forma de actuación y quizás el presidente Santos repensar a fondo su política de consolidación, la cual hace agua en muchos territorios que se pensaban alejados de las guerrillas y la segunda propuesta para la acción contra los neo-paramilitares, es jugar a fondo en romper los lazos de estas fuerzas con agentes estatales, no es lo único que hay que hacer pero sería fundamental.

La seguridad está en crisis, pero no de ahora, la responsabilidad principal no está en el Gobierno Santos, sino en el anterior que buscó y vendió una imagen de derrota cercanas de las guerrillas y un supuesto desmonte del paramilitarismo y acuñó la fantasiosa imagen del Fin del Fin lo cual es una ilusión vana, cuando hablemos de los temas de seguridad no hay que buscar el muerto río arriba, en este caso, es mejor mirar para atrás y ver logros y limitaciones grandes y cuando veamos al futuro será mejor afirmarse en la convicción que esta guerra de cincuenta años con FARC y ELN es mejor terminarla en una mesa donde se construya un acuerdo acotado, y que vaya a las raíces del conflicto, tierra y garantías de participación política.

- Luis Eduardo Celis es Coordinador de la Línea de Incidencia Política, Corporación Nuevo Arco Iris

Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 266, Corporación Viva la Ciudadanía, 5 - 11 de Agosto de 2011.

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