Prohibir la publicación de avisos de servicios sexuales en los medios gráficos y terminar con uno de los eslabones que se alimentan de la cruel industria de la trata es el objetivo del reciente decreto de la presidenta argentina, Cristina Fernández, que promueve la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual.

 

Con la nueva resolución se da cumplimiento a uno de los reclamos que, durante años, encabezaron las organizaciones que luchan contra la trata. Hasta el momento, los avisos de oferta sexual dejaban ver el trasfondo de un doble discurso que sólo es  posible conjugar cuando la hipocresía se transforma en una práctica   constante.

 

Ese doble discurso se palpaba en las dos caras que exponen los medios: por un lado, las denuncias acerca del creciente número de víctimas de trata y, a su vez, secciones específicas que publicaban anuncios de servicios sexuales o avisos engañosos con ofertas laborales inexistentes, que servían para capturar víctimas.

 

El anuncio del decreto de la presidenta se hizo el martes 5 de julio ante una nutrida concurrencia de público. “No se puede exigir en la primera plana al gobierno la lucha contra la trata de personas y que en las páginas comerciales aparezcan [éstos anuncios]. Es la tipificación de la figura femenina como objeto de uso (…) creo que ésta es una de las tantas discriminaciones a la mujer, la más humillante”, sostuvo Fernández.

La presidenta señaló además que la nueva medida significa una condena “a los medios y a quienes utilizan estas cosas, sea a través de la explotación directa o de la publicidad de esa explotación”.

 

El decreto lleva el número 936 y se refiere a los tratados internacionales suscritos por Argentina, como la Convención contra todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belem do Pará. Asimismo, se basa en la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas, que determina que existe explotación —entre otros supuestos— cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual.

También cita la ley Nº 26.485 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, que propone la eliminación de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.

 

Además se refiere a la violencia mediática que difunde mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la explotación de mujeres o sus imágenes, que humille o atente contra la dignidad.

 

La ley 26.485 comprende que en el concepto de violencia contra la mujer se incluye también la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres.

 

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es otro sostén del decreto, ya que en sus artículos se refiere a la defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos; la actuación de los medios de comunicación sobre la base a principios éticos y la promoción de la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual.

 

Con todos estos fundamentos, el decreto presidencial prohibió “todos los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual. Dentro de esta prohibición quedan incluidos, en este régimen, todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas resulten engañosos”.

 

Asimismo, dispone la creación de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, que será la Autoridad de Aplicación del presente decreto que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

 

Esa oficina será la encargada de verificar el cumplimiento del decreto, monitorear los medios gráficos a fin de constatar la presencia de avisos de oferta y/o solicitud de comercio sexual e imponer o requerir las sanciones por incumplimientos a lo establecido en esta medida.

 

El decreto fue bien recibido por la mayoría de la sociedad, pero las críticas no tardaron en llegar y se focalizaron en que la medida sólo incluye a los avisos de la prensa gráfica e ignoran otros soportes publicitarios en los que se apoya la trata, como los avisos de Internet y se criticó que tampoco es una medida de fondo para combatir la trata.

 

Frente a esas reacciones, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, respondió, en declaraciones al diario Página 12, que también avanzará contra las páginas de Internet en las que haya oferta de comercio sexual, y adelantó que “el Gobierno promoverá la penalización del cliente de prostitución”.

 

La psicóloga Patricia Gordon, integrante de La Alameda de Mar del Plata, organización que lucha contra la trata, dijo a SEMlac que el decreto significa un “logro de la fuerza y el trabajo de las organizaciones que luchamos contra la trata de personas”.

 

Sin embargo, agregó, “queda un largo recorrido en cuanto al tratamiento y la modificación de la ley actual, en especial en lo referente a las condenas a los proxenetas y la asistencia a las víctimas. Los cambios resultan procesos culturales que se vienen dando en nuestra sociedad en materia de género, de derechos humanos y perspectivas actuales en la conceptualización de todas las formas de violencia hacia las mujeres”.

Gordon manifestó que se necesitan medidas que conduzcan a la resolución inmediata de las verdaderas causas de la esclavitud moderna y que se “condene con mayor rigor a un tratante, rufián o proxeneta, que a quien roba una vaca”.

 

 

Fernanda Gil Lozano, de la fuerza opositora Coalición Cívica, es una de las diputadas que se ha dedicado a estudiar este aspecto de la problemática y en 2010 presentó un proyecto de ley similar al reciente decreto 936.

 

En declaraciones a la prensa, la diputada sostuvo que hubiese sido importante que la medida saliera como ley y no como decreto presidencial, “porque de esta manera hay muchos actores que no son consultados. Va a venir una reacción fuerte de mujeres en situación de prostitución y que están sindicalizadas. Mi idea era hacer una audiencia pública para poder conversar y escuchar a las actoras implicadas”, detalló.

 

En tanto, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) aseguró, en un comunicado, que el reciente decreto es “un avance en la lucha contra los delitos de trata de personas y el delito de proxenetismo”, pero considera “que debe ser complementado con medidas de persecución penal efectivas y coordinación en políticas públicas de todos los estamentos y niveles del Estado (nacional, provinciales y municipales), que demuestren voluntad y ejecución política efectiva en esta materia”.

 

Por su parte, la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Naddeo, consideró que la Presidenta supo “interpretar el reclamo y las propuestas del movimiento de mujeres, que son quienes están luchando por la erradicación de la explotación sexual y la trata de personas. Cuando hay coincidencias entre el poder ejecutivo y diputados de los ámbitos legislativos, no importa el sector político partidario o el punto de origen de la iniciativa”, comentó.

 

Junto a otros legisladores y legisladoras, Naddeo presentó en 2010 un proyecto de ley para eliminar la promoción de la prostitución y la explotación sexual en los medios de comunicación. El proyecto proponía, entre otros puntos, que “el gobierno de la ciudad retire la pauta de propaganda oficial en aquellos medios de comunicación que publiquen avisos de oferta sexual”.

 

Durante 2010, Fopea hizo un llamando de atención solicitando   a los medios y a la opinión publica que “revisen sus criterios de publicación de avisos, a fin de no ser cómplices de un delito aberrante”. Fueron un pequeño puñado de medios del interior los que se unieron a este llamamiento, entre ellos La Arena (La Pampa), La República (Corrientes), La Mañana (Neuquén), El Tiempo (Pergamino) y El Diario de la República (San Luis).

 

Medidas similares se han desarrollado en Europa, donde varios diarios han decidido no publicar avisos de servicios sexuales, entre ellos The Internacional Herald Tribune, Frankfurter Allegemeine, The Guardian, Le Monde y el Daily Telegraph.

En España, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución solicitó a la Fiscalía que investigue los anuncios que ofrecen servicios sexuales.

 

 

El anuncio de este decreto se da en paralelo al enfrentamiento entre el grupo Clarín (dueño de diarios, radios, canales de TV y la red de internet y televisión por cable más importante del país) y el gobierno nacional.

 

Esta puja se inició en 2008, en el comienzo de las discusiones que finalmente le dieron lugar a la Ley de Servicios Audiovisuales, que limita el poderío y el alcance de las empresas de medios audiovisuales.

 

Clarín es el diario de mayor alcance nacional, con una circulación semanal cercana a un millón 100.000 ejemplares y, a su vez, es el medio que mayor cantidad de avisos de contactos sexuales publica; equivalente en espacio al rubro de Computación y video juegos, Celulares y telefonía, Tecnología, Música y películas, Hogar, Artículos personales, Industrias, oficinas, negocios y consultorios y Ofertas, trueques y permutas; tal como lo revela un informe realizado por el Grupo de Estudios Sociales (GES) en 2009.

 

María Eugenia Aravena, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas de Córdoba en la región mediterránea argentina), afirmó en un comunicado que es una medida discriminatoria y que va en contra del sector de las trabajadoras sexuales porque no todo lo que está en los diarios es trata. “Creo que de alguna manera era una fuente para poder investigar direcciones y teléfonos y, por otro lado, jamás se nos tuvo en cuenta en el debate”, aseguró.

 

“Tenemos compañeras que publicaban sus avisos porque se habían independizado y hoy se ven perjudicadas. Se les está negando un derecho y hoy no tienen para darle de comer a sus hijos", agregó.

 

Aravena consideró que el decreto de la presidenta Fernández enmarca las diferencias entre trabajo sexual y trata de personas.

 

“Nos parece importante remarcar que el trabajo sexual no es igual a la trata de personas. No mezclemos todo porque así se pierde el eje de buscar a las verdaderas víctimas", afirmó.

 

Corresponsalía Cuba