El mundo se queda ciego

Carlos Miguélez Monroy

07/07/2011

Opinión

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Desde 1994 se han jugado cinco mundiales de fútbol y se han celebrado cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos. El mexicano Humberto Leal García esperó esos mismos años en una cárcel estadounidense para recibir la inyección que le arrancó la vida.

Esa espera de 17 años en el corredor de la muerte constituye un trato cruel, inhumano y degradante que proscriben principios bien establecidos en derecho internacional, afirma Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre torturas y malos tratos.

El Estado de Texas se negó a suspender la ejecución y a admitir la realización de pruebas de ADN que no estaban disponibles cuando se cometió el delito por el que se le acusa: participación en el secuestro, la violación y el asesinato de una menor de edad. Los familiares de Leal y distintas organizaciones humanitarias argumentan que el Estado no informó al preso de su derecho a protección consular, prevista en el artículo 36 de la Convención de Viena, antes de confesar el crimen. El abogado que le fue adjudicado había sido inhabilitado dos veces por desobediencia y sancionado tres veces por violar normas de ética.

El gobernador de Texas, Rick Perry, ignoró la decisión de la Corte Internacional de Justicia para el Caso Avena en 2004, que ordenaba la revisión de los expedientes de otros 50 mexicanos que no recibieron protección consular adecuada y que fueron condenados a muerte. Aún esperan.

El gobernador cita una supuesta decisión del Tribunal Supremo, según la cual los tratados internacionales y las decisiones de cortes internacionales no vinculan a los Estados. El mismo presidente Obama pidió que se detuviera la ejecución al entender que violaba normas internacionales, pero Perry sostiene que el gobierno federal no tiene autoridad para ordenar la revisión de los expedientes a los estados.

Otras 23 personas más esperan ejecución en una cárcel de Estados Unidos antes de que termine 2011. Desde que se reinstaurara la pena capital en 1976, el 80% de las ejecuciones han tenido lugar en los estados del Sur. La aplicación de la pena capital aún tiene tintes racistas. Un tercio de los negros en el corredor de la muerte habrían recibido condenas de cadena perpetua si hubieran sido blancos, según información de Amnistía Internacional. Desde 1977, casi un 80% de las acusaciones que han resultado en pena capital obedecían a delitos de sangre contra blancos, aunque la mitad de las víctimas de homicidios por ese mismo periodo han sido negros. Las mayorías blancas en las fiscalías y los jurados contribuye a la petición de la pena de muerte, con mayor frecuencia, cuando se trata de un acusado negro que cuando se trata de un blanco.

Desde 1973, más de 130 personas condenadas a muerte han sido liberadas por errores en sus condenas; diez de ellas fueron liberadas sólo en 2003.

“Hasta que pueda tener la certeza de que todos los condenados a muerte en Illinois sean verdaderamente culpables, hasta que pueda tener una certeza moral de que ningún hombre o ninguna mujer inocentes se enfrentan a la inyección letal, nadie se enfrentará a ese destino”. Esto lo decía en 2000 George Ryan, el entonces gobernador de Illinois al declarar una moratoria pública a todas las ejecuciones, después de que se liberara a un condenado que resultó ser inocente.

La aplicación de la pena de muerte también se relaciona con el nivel económico de los acusados. Casi ninguno de los ejecutados ha podido pagarse su propio abogado durante el juicio. Los abogados que designan las cortes para la defensa en estos casos suelen tener poca experiencia en casos de esta gravedad, tienen sueldos bajos y jornadas laborales que impiden mayor dedicación a cada caso, según Amnistía Internacional. La arbitrariedad de muchas sentencias conduce a que, por un mismo delito, uno de los acusados sea sentenciado a muerte y el otro a cadena perpetua.

Estos atropellos han conducido a una creciente oposición por parte de la sociedad civil al “ojo por ojo”, pues entiende que, así, el mundo se quedará ciego. Esto pudo haber influido a que, en los últimos años, las sentencias a pena de muerte tendieran a bajar en Estados Unidos y en otros países.

- Carlos Miguélez Monroy es Periodista, coordinador del CCS

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), España.

https://www.alainet.org/es/articulo/151053