México y la agenda de la cumbre sobre cambio climático

María Cristina Rosas

29/11/2010

Opinión

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El medio ambiente está colocado en el centro de la atención mundial debido a la urgencia de preservarlo. La reunión que se realiza en Cancún es buena oportunidad para establecer compromisos en esa dirección.

Pocas personas en el mundo negarían la importancia de la agenda ambiental y la necesidad de la cooperación internacional para enfrentar los desafíos del cambio climático y otros flagelos que ponen en peligro la vida en el planeta. Afortunadamente, el interés de la comunidad de naciones en torno a los problemas ambientales es cada vez mayor, entre otras razones por el fin de la Guerra Fría, situación que permite poner atención a temas distintos al militarismo y la carrera armamentista, como la creciente cantidad de información disponible sobre los desafíos que encaran los ecosistemas; la recurrencia de fenómenos naturales, trátese de huracanes, erupciones volcánicas o terremotos, los que, ante la escasa preparación de numerosos países, se convierten en desastres; el incremento de la percepción de que los problemas ambientales están fuertemente vinculados a otros desafíos para las sociedades —por ejemplo, los sanitarios y alimentarios—, así como los enormes costos económicos del deterioro ambiental.

La seguridad ambiental

Por estas razones se ha acuñado un concepto, aún en construcción, cada vez más usado por ecólogos y científicos sociales: el de “seguridad ambiental”. En él destacan los efectos del deterioro ambiental en las sociedades, al igual que el potencial de conflicto que generan. La idea central radica en que si el planeta se torna inhabitable, la vida humana estaría en riesgo. Sin embargo, pese a que se reconoce la gravedad del daño ocasionado al entorno natural, no existe una definición de consenso sobre la seguridad ambiental. Por ejemplo, una de sus acepciones la caracteriza como los efectos adversos de las actividades humanas sobre el medio ambiente, concebido éste como un bien público global, cuyo valor se expresa como contexto de la vida humana actual o futura. Otra definición pondera los efectos de los cambios ambientales, especialmente la escasez derivada de la degradación ambiental, en la estabilidad interna de los países más vulnerables. En este sentido, se reconoce que la degradación ambiental puede no ser la única causa de conflictos violentos, pero sí estaría en condiciones de contribuir a su estallido, especialmente cuando concurren elementos de vulnerabilidad o baja gobernabilidad. Asimismo, las conductas no sostenibles de empresas (petróleo, minería) y la corrupción relacionada con el uso de recursos naturales son otros factores a ponderar.

Otra definición más destaca los efectos de los cambios ambientales en la seguridad humana y en el bienestar de las poblaciones. Esto incluye, entre otros, los desastres naturales con grados variables de causalidad antropogénica. A pesar de que cada vez más las sociedades reconocen que la devastación ambiental pone en peligro la vida humana, razón por la cual el ecocidio constituye una amenaza a la seguridad, existen voces preocupadas por lo que consideran una “seguritización” de la agenda ambiental. Uno de los argumentos parte de la interpretación de que el concepto de seguridad ambiental fue acuñado con el solo propósito de ubicar el medio ambiente en el ámbito de la alta política. No es impensable, dicen algunos, el uso de la retórica de la seguridad ambiental para justificar operaciones militares en el nombre de la “protección de los recursos globales” (que es el caso de los soldados chinos emplazados en Darfur para proteger las plataformas petroleras). En el mismo sentido, hace algunos años se señalaba a propósito de la Amazonia que si Brasil no era capaz de resguardar adecuadamente esa reserva ecológica, entonces la comunidad internacional debería intervenir para “protegerla”.

También, a la visión de la seguridad ambiental amenazada por la degradación de los recursos, hay quienes oponen un análisis de las dinámicas de control de recursos como el petróleo, los diamantes o las maderas preciosas, puesto que, como lo han referido importantes especialistas como Michael T. Klare, las guerras presentes y futuras versarán en torno a los recursos naturales debido a la dependencia estratégica de las sociedades respecto a ellos.

Conciencia ambiental y relaciones internacionales

En la segunda mitad de los años ochenta, el informe “Nuestro futuro común” introdujo el concepto de “desarrollo sustentable” como una práctica encaminada a asignar responsabilidades a las generaciones actuales en torno a la interrelación que tienen con el entorno natural, la cual es, a todas luces, destructiva. Así, el “desarrollo sustentable” se define como aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones”. Aun cuando para algunos especialistas —como Enrique Leff— la noción de desarrollo sustentable no postula un cambio en el modelo económico, el concepto es aceptado por gobiernos y organismos internacionales. Pese a sus limitaciones, implica un cambio muy importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente ecológica, y propone un marco de análisis que pone también énfasis en el contexto económico y social del desarrollo.

El objetivo del desarrollo sustentable es la satisfacción de las necesidades humanas cuando se asumen las siguientes restricciones: ecológicas, es decir, la conservación del planeta Tierra; morales, sobre la base de renunciar a los niveles de consumo a los que no todos los individuos puedan aspirar; crecimiento económico, en los lugares donde no se satisfacen las necesidades más básicas, es decir, en los países pobres; control demográfico, referido principalmente a las tasas de natalidad, y no poner en peligro los sistemas naturales que sostienen la vida en la Tierra. De esa manera, la conservación de los ecosistemas debe estar subordinada al bienestar humano, pues no todos los ecosistemas pueden ser conservados en su estado virgen, pero el uso de los recursos no renovables debe ser lo más eficiente posible.

Pese a que la conciencia ambiental ha crecido a escala mundial, no ha ocurrido lo mismo con las instituciones necesarias para atacar el problema. Baste mencionar que, a la fecha, no existe ningún organismo internacional multilateral específicamente abocado a los problemas ambientales: en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sólo existe el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con sede en Nairobi, Kenia. Fue creado a recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano de Estocolmo, efectuada en 1972. Empero, el PNUMA no es un organismo internacional capaz de generar compromisos vinculantes para la comunidad de naciones, de manera que las negociaciones más importantes en materia ambiental han debido efectuarse fuera de dicho programa.

Temperatura a la alza

A falta de un organismo internacional, es necesario reposar la responsabilidad ambiental en instrumentos como el Protocolo de Kioto, acuerdo internacional que tiene por objeto reducir las emisiones de seis gases responsables del calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). La meta es una reducción aproximada de un cinco por ciento dentro del periodo que va de 2008 a 2012, en comparación con las emisiones del año 1990.

Este instrumento se encuentra en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita en 1992 dentro de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El Protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese entonces no pudo hacer la CMNUCC. El objetivo principal es disminuir el cambio climático de origen antropogénico, cuya base es el efecto invernadero. Según las cifras de la ONU, se prevé que la temperatura media de la superficie del planeta aumente entre 1.4 y 5.8 grados centígrados de aquí a 2100, lo que podría hacer inviable la vida en el mundo. “Estos cambios repercutirán gravemente en el ecosistema y en nuestras economías”, señala la Comisión Europea a propósito de Kioto.

Así, puesto que el compromiso de Kioto debe ser renovado a fin de evitar que el calentamiento global avance, se han llevado a cabo conferencias internacionales sobre cambio climático organizadas por la CMNUCC desde 1995. El año pasado Copenhague fue sede de la 15ª Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP 15), donde se propuso consensuar un acuerdo jurídicamente vinculante en torno a las medidas conducentes a mitigar el cambio climático a partir de 2012.

La Cumbre de Copenhague se centró en la reducción de las emisiones de bióxido de carbono (CO2) de los países desarrollados; la Unión Europea, por ejemplo, anunció un plan (adoptado en 2008) de reducción de sus emisiones de CO2 en un 20 por ciento para 2020, pero ningún otro país ha expresado metas concretas para una reducción. El presidente estadunidense, Barack Obama, también dio a conocer el deseo de que Estados Unidos reduzca sus emisiones, y prometió fuertes inversiones en fuentes renovables de energía, meta considerada insuficiente por los países en desarrollo. En cuanto a la reducción de las emisiones por parte de estos países, el dilema es cómo promover el crecimiento sin dañar el entorno natural; su punto de vista es que la mayor parte del cambio climático fue alimentado por las emisiones sin control de los países ricos.

En marzo de 2009, México fue el primer país en desarrollo en proponer una drástica reducción de los gases contaminantes, y se comprometió a recortar en 50 por ciento sus emisiones contaminantes para 2050. Así, nuestro país ha introducido en el debate el tema de los compromisos “voluntarios”, adicionales a los compromisos vinculantes-contractuales que se espera concretar de cara a la 16 Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP 16), a celebrarse en Cancún. El país manifiesta dotes de liderazgo al proponer el establecimiento de un nuevo mecanismo, el Fondo Mundial para el Cambio Climático —o Fondo Verde (FV)— para complementar el sistema actual. México es responsable, a escala mundial, de 1.6 por ciento de emisiones contaminantes generadoras de efecto invernadero.

Compromisos voluntarios y vinculantes

El FV busca crear un esquema de financiamiento, al amparo de la Convención y con la participación de todos sus miembros, que aumente la escala de los esfuerzos globales de mitigación. Dos son las cosas que están en juego en las negociaciones actuales: la mitigación y la adaptación. La primera se refiere a acciones concretas para atacar el problema, y la segunda se basa en un paquete financiero para ayudar a los países a adoptar dichas medidas.

Ciertamente se han dividido las posturas entre los que apoyan la propuesta del FV y quienes muestran reticencias, en particular en la asignación de recursos financieros. Para resolver este problema, México propuso el concepto de “responsabilidades diferenciadas”, para que todos los países desarrollados que busquen beneficiarse del FV participen y contribuyan a él. De forma excepcional, aquellos países reconocidos oficialmente como “menos desarrollados” podrán beneficiarse igualmente del FV sin tener que aportar recursos financieros al mismo. Este sistema de financiamiento sería motivo de un intenso escrutinio, a fin de garantizar que se le emplee adecuadamente.

El papel de México en el proceso de negociación para apoyar las políticas que combatan el cambio climático queda de manifiesto igualmente en esta celebración actual de la COP 16, que se lleva a cabo en Cancún, y en la que se espera llegar finalmente a un compromiso vinculante. Como se sugería líneas arriba, hay un conjunto de países que pugnan por compromisos voluntarios, muchos de ellos discretos, que es una situación preocupante, toda vez que ante el posible no cumplimiento de lo prometido, no tendrían responsabilidad jurídica ni estarían obligados a rendir cuentas. En todo caso, los compromisos voluntarios deberían “complementar” y no “sustituir” a los compromisos vinculantes, porque la ausencia de los segundos no permitirá una gobernabilidad ambiental apropiada de cara al desafío del calentamiento global.

Vale la pena recordar que México, por cierto, cuenta con una buena experiencia en el tratamiento del tema ambiental, inclusive en negociaciones comerciales, como quedó de manifiesto en el acuerdo “paralelo” en materia ambiental suscrito al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, del cual deriva la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA). Ésta se propone atender los asuntos de preocupación común, contribuir a prevenir posibles conflictos derivados de la relación comercial y promover la aplicación efectiva de la legislación en los tres países, los tres aspectos en materia ambiental. Sin ser una entidad supranacional sino intergubernamental, la CCA tiene como objetivos estratégicos la búsqueda de la sustentabilidad ambiental en los mercados y la protección regional del medio ambiente.

Cabe destacar que la CCA no es sólo importante por vincular la actividad económica y comercial con el entorno ambiental, sino que también plantea una serie de oportunidades a favor de las tecnologías “ambientalmente amigables”, las cuales, en las condiciones actuales, generan un creciente abanico de oportunidades en un mundo necesitado de “opciones económicas limpias”. Propuestas como lograr que quien contamina pague por el daño ambiental causado encuentran eco en el espíritu del acuerdo referido.

Desafortunadamente son pocos los acuerdos comerciales preocupados por la agenda ambiental, por lo que México posee una importante experiencia en la materia que está en posibilidades de compartir con otras naciones, justo cuando la comunidad internacional está obligada a sumar esfuerzos para garantizar la derrota de los flagelos ambientales que la agobian. Si la COP 16 fracasa al no generar acuerdos vinculantes entre la comunidad de naciones, ello no debe inhibir nuevos esfuerzos encaminados a colocar a la agenda ambiental en la lista de prioridades internacional, al mismo nivel, o quizá más allá, de la lucha contra el terrorismo.

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María Cristina Rosas

Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su libro más reciente se titula La seguridad internacional en el siglo XXI: Retos y oportunidades para México (México, UNAM, 2010). Preside el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme A.C. Correo electrónico: mcrosas@correo.unam.mx, página electrónica: http://www.paginasprodigy.com/mcrosas

Fuente: http://www.msemanal.com/node/3315

https://www.alainet.org/es/articulo/145837?language=en