No era la seguridad, sino los intereses
26/11/2010
- Opinión
La OTAN sale reforzada con la vigencia del artículo 5 del Tratado de Washington y con la definición de “nuevas amenazas” que se desprende del nuevo “concepto estratégico”. Un ataque contra un miembro es un ataque contra todos que ha de tener respuesta militar. Se confirma la tendencia de los países con mayores cuotas de poder en la escena internacional a incrementar el gasto militar para defender sus intereses estratégicos y geopolíticos.
Las “nuevas amenazas” pueden llevar a la OTAN a realizar operaciones de defensa fuera de sus fronteras, como ha sucedido ya en Afganistán y en el Golfo de Adén, en Somalia. Los ataques del 11-S se utilizaron para emprender una ofensiva militar contra los talibanes que entrenaban terroristas en Afganistán. Por su parte, los “piratas” somalíes amenazan intereses comerciales de los países ricos y la soberanía nacional al atacar sus buques mercantes.
“Para adaptarse a las nuevas amenazas, la OTAN incrementará su papel en la lucha contra la insurgencia, desarrollaremos una capacidad fija para entrenar fuerzas y crearemos una célula para estudiar cómo relacionarse con otros socios en el mundo”, aseguraba el secretario general de la Alianza, Anders Fogh Rasmussen.
Con estas declaraciones, el secretario general reconoce que la Alianza no vela por la seguridad de sus Estados miembro, que no se ven amenazados en sus fronteras, sino por los intereses que tienen en otras regiones. Esto contradice la retórica que muchos gobiernos han utilizado ante sus ciudadanos para justificar gasto militar y recortes de derechos. Por otro lado, deja abierta la posibilidad de nuevas respuestas militares contra países que albergan grupos terroristas si se produjera algún atentado como los de Nueva York, Londres y Madrid.
La lucha contra la insurgencia a la que alude Fogh Rasmussen tendrá como consecuencia un incremento en los gastos en defensa. La experiencia afgana demuestra que los contingentes militares no han terminado de superar obstáculos geográficos para aplastar a sus enemigos, que se esconden en las montañas y en terreno difícil de dominar. Para ello, es posible que se gasten millones de dólares en sistemas de espionaje y en ciberdefensa.
La relevancia de la Unión Europa en su “relación de privilegio” con la OTAN consiste en dar apoyo en materia de ciberdefensa, “ayuda humanitaria” y “desarrollo”. Los mismos que pagan los sistemas para divisar al enemigo se encargarán de poner parche a la destrucción y al sufrimiento humano. Se utilizarán cada vez más los servicios de empresas de seguridad y militar privadas para proteger al personal de las ONG. Pero como demuestra el caso de Afganistán, la utilización de seguridad privada en estos supuestos ha acercado los impactos de bala a la sociedad civil, pues las organizaciones humanitarias que atienden a los civiles se han convertido en diana para los “insurgentes”, que las consideran una herramienta imperialista de los países invasores.
La nueva estrategia de la OTAN pasa por mantener la tendencia de privatizar el uso de la fuerza. Las experiencias de los Balcanes la década pasada, de Irak y de Afganistán demuestran que la capacidad fija para entrenar fuerzas locales depende cada vez más de empresas militares privadas como MPRI, DynCorp y Xe Services, antes Blackwater.
Esto ha disparado el despilfarro militar y el fraude por medio de contratos que dejan mucho margen a la hora de gastar el dinero de los contribuyentes. La gran mayoría de los crímenes de tortura y muerte indiscriminada de civiles cometidos por personal de estas empresas no han sido siquiera investigados por las cortes de los países que las contratan. De los que se han llegado a investigar, las cortes estadounidenses se han declarado incompetentes para juzgar esos crímenes salvo en el caso de David Passaro, un antiguo militar que mató a golpes a un civil afgano durante un interrogatorio que duró dos días.
La ONU pierde cada vez más relevancia a la hora de solucionar conflictos armados y hacer frente a amenazas para la paz y la seguridad internacionales. En lugar de revivir a un muerto político que se creó para hacer frente a la “amenaza comunista”, habría sido mejor llevar a cabo una necesaria reforma del Consejo de Seguridad y de plantearse objetivos en la búsqueda de la paz, que no es sólo ausencia de guerra.
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Carlos Miguélez Monroy
Coordinador del CCS y periodista
https://www.alainet.org/es/articulo/145795?language=es
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