Colombia

Desmovilización en las fronteras: propuesta irrelevante ante el tipo de soluciones requeridas

Álvaro Villarraga Sarmiento

24/10/2010

Opinión

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Proponer como asunto novedoso e importante la desmovilización en las fronteras no es respuesta suficiente ni adecuada a la compleja problemática ocasionada por el conflicto armado y sus efectos. Por el contrario, ella misma ha merecido una discusión interna que exige rectificaciones y respuestas coherentes al seno del país, a la vez que no es asunto prioritario en la agenda con los países fronterizos sobre asuntos tan graves como el conflicto armado, las economías ilegales y la problemática humanitaria, entre otros. Antes de manera equivocada el Gobierno Uribe pretendió reducir el esfuerzo por la paz al empeño en la guerra y al estímulo a las desmovilizaciones, por lo cual el actual gobierno tiene la oportunidad de retomar una política y una actuación coherente hacia la paz, que considere diversos tópicos a tratar en los ámbitos interno e internacional.

Esta semana el gobierno realizó una reunión en Bogotá con delegaciones de varios países fronterizos para buscar persuadirlos de las bondades del programa de reintegración de excombatientes y pedirles apoyo para facilitar desmovilizaciones de integrantes de las guerrillas en las fronteras, alentado por una treintena de casos sucedidos en zonas fronterizas en lo corrido del año. Al respecto puede decirse que sin duda es positivo que ex combatientes de las guerrillas retornen a la vida civil y acojan una dinámica de paz y retorno a la civilidad, pero vale aclarar que ello no puede exactamente así y que no se puede sustituir una estrategia de mayor alcance requerida para lograr la solución política del conflicto armado presentar como panacea un asunto afectado de notable problemáticas advertidas tanto por autoridades estatales como por organizaciones civiles, tanto en lo relativo a las desmovilizaciones colectivas que se aplicaron con las AUC como con las desmovilizaciones individuales de guerrilleros.

En los últimos años han surgido valiosos informes sobre el desarrollo de los llamados procesos de DDR –Desmovilización, Desarme y Reinserción o Reintegración de ex combatientes- en Colombia, producidos por entidades estatales, gubernamentales, académicas, de investigación y organizaciones internacionales. En lo referido a las desmovilizaciones individuales su aplicación se hace desde el Gobierno Gaviria, por todos los gobiernos sucesivos, de forma que los guerrilleros que deseen retornar a la vida civil y no estén comprometidos con graves violaciones pueden ser acogidos con beneficio de indulto y atención por programas de reincorporación. No obstante, esta figura asociada entre 1994 y 2002 a programas de reinserción orientados a la construcción de la paz bajo los mandatos del presidente Uribe adquirió un enfoque funcional a la guerra, de estímulo a la deserción para la colaboración activa con la desintegración de las organizaciones insurgentes. De esta política ha discrepado el Ministerio Público, varias administraciones locales, instituciones académicas y organizaciones de derechos humanos y sociales, que argumentan la inconveniencia de reciclar personas reincorporadas a la vida legal para las acciones militares, en términos de la aspiración de la construcción de la paz. Pero además, se ha argumentado con fundamento que ello constituye una violación al derecho humanitario por cuanto transgrede su condición de población civil y desconoce la protección reforzada que les otorga el Protocolo II y otros instrumentos, para convertirlos en objetivos militares.

De hecho, como lo denunció en su momento la Procuraduría General de la Nación, se han producido numerosas víctimas fatales y se han configurado violaciones a los derechos humanos de los desmovilizados y de sus núcleos familiares por tal circunstancia. En consecuencia, los informes de 2007 y 2009 de éste ente de control exigen la corrección y toma de medidas, que cuestionan la existencia del decreto que habilita el pago de recompensas como mecanismo de motivación a los desmovilizados para que se presten a tal tipo de colaboración. Y se señala que si bien se han expedido dos directivas del Ministerio de Defensa para contrarrestar esta situación, ello no basta mientras existan en paralelo políticas oficiales y disposiciones gubernamentales para implementarlas.

En lo referido a las desmovilizaciones colectivas de las AUC, aunque ello no constituyó propiamente en un pacto de paz, pues se trata de un fenómeno paraestatal y no del tratamiento de alzados en armas frente al Estado, constituyó una forma de buscar desarticular la faceta de la contrainsurgencia ilegal, pero ignoró el tratamiento que habría sido necesario frente a su fuerte articulación con instancias estatales y con activas alianzas con determinados actores políticos y sociales así como con profundos compromisos con el narcotráfico y otras expresiones de ilegalidad. Por tanto, sus resultados han estado afectados de parcialidad y altos riesgos. Además, en lo referido propiamente a la desmovilización, si bien existe un sector significativo de población desmovilizada positivamente reintegrada y cierto aporte al esclarecimiento de lo sucedido en virtud de la Ley 975, el saldo general es precario, sobresalen altos niveles de reincidencia en el delito, rearmes, reactivación de grupos armados ilegales que pretenden prologar la expresión armada del narco-paramilitarismo y se evidencian notorias dificultades y fracaso de los programas implementados en varios aspectos.

Como lo señalaron el primer informe de la CNRR, los sucesivos informes de veeduría de la MAPP/OEA, los informes anuales de la OACNUDH y dos informes de la CIDH, permanecieron activos varios grupos armados disidentes del proceso y surgieron rearmes en distintas regiones, con liderazgo y participación decisiva de ex jefes y ex integrantes de las AUC que no se desmovilizaron o que rompieron con el proceso de DDR tras haberse desmovilizado. Tales grupos no conforman en la actualidad una estructura nacional, por el contrario varios de ellos pugnan violentamente por mantener control territorial, espacios de poder, rehacer las alianzas y disputar el control del narcotráfico y de otras economías y formas de actuaciones ilegales y delincuenciales en las zonas de presencia anterior de los bloques y frentes de las AUC. Al mismo tiempo, se inscriben en el contexto del conflicto armado interno, de forma que son combatidos por la fuerza pública pero también mantienen colaboraciones por vía de la corrupción y los acuerdos con agentes de ella en varias regiones. Ahora tales grupos armados ilegales chocan o en ocasiones se alían con frentes guerrilleros, en medio de disputas y transacciones interesadas en factores de poder, control territorial y negocios ilegales.

En un contexto tan complejo resultan muy altos los retos para lograr la reintegración positiva de los ex combatientes y su inserción y relacionamiento con las comunidades afectadas por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario sucedidas, de las cuales con mucha frecuencia son responsables. Pero más allá de algunos logros significativos en núcleos de desmovilizados, principalmente ubicados en los centros urbanos, predominan las dificultades y la ausencia de medidas y soluciones suficientes y viables para la reintegración económica y laboral de los desmovilizados, dada la escasa oferta de soluciones así como de políticas que hagan posible enfrentar la marcada desventaja que afrontan con respecto a la atención estatal y gubernamental las víctimas del conflicto armado, las comunidades de impacto o receptoras y las amplios sectores de pobres históricos. Además, antes que conseguir la necesaria recuperación institucional bajo los preceptos constitucionales para hacer viable éstos procesos, persiste la presencia de estructuras políticas y financieras ligadas a la ilegalidad, el rearme de grupos armados ilegales que pretende ocupar los espacios de dominio de anteriores estructuras de las AUC y las serias limitaciones o la ausencia de contribuciones desde el proceso de reintegración experimentado.

En el caso particular de las desmovilizaciones paramilitares la situación resultó radicalmente distinta a lo sucedido con los anteriores procesos de paz con la insurgencia, en los casos del M19, el EPL y grupos de guerrillas menores. Ahora se carece de un sujeto político que alimente de manera sana el pluralismo, la participación política y las dinámicas sociales constructivas. Por el contrario, en las AUC y grupos similares se produjeron desde las negociaciones disputas internas a muerte, guerras entre bloques y frentes, y el asesinato de negociadores y voceros por sus mismas estructuras. Luego de las desmovilizaciones la mayoría de los jefes mantuvieron compromisos con la ilegalidad y las expresiones de rearme, por lo cual terminaron capturados, criminalizados y buena parte de ellos extraditados por cargos de narcotráfico. Se hizo creciente el rechazo en la conciencia ciudadana, interna e internacional, al terror y la masiva tragedia humanitaria ocasionada, lo cual trascendió en las versiones libres de los postulados a la Ley 975, con el agravante de sus responsables habían actuado con apoyo y colaboración de determinados agentes estatales, integrantes de la fuerza pública y de algunos sectores sociales y políticos. La aplicación del marco legal de sometimiento a la justicia ha sido en buen grado ineficaz y dista aún de brindar la necesaria atención a los derechos de las víctimas. En consecuencia, el perfil y el alcance de los acuerdos con las AUC sufrieron marcado deterioro.

La reintegración de ex combatientes desmovilizados afronta a la vez riesgos y dificultades que pueden menoscabar los avances en parte logrados. Ello hace referencia especialmente a altos márgenes de reincidencia delincuencial y de rearme de desmovilizados que según el segundo informe nacional de la CNRR tiene una base verificada del 15.5% y expresiones reales en varias regiones y localidad significativamente mayores; porcentajes preocupantes de desmovilizados no vinculados a los programas; muy bajos resultados en materia de empleabilidad; escasos o fracasados proyectos productivos; persistencia de escenarios de conflicto armado, violencia, ilegalidad y consecución parcial o no consecución de la recuperación democrática del Estado en zonas de impacto del llamado DDR. Pero así mismo, se han sucedido presiones, ataques y numerosos homicidios y desplazamientos forzados contra los desmovilizados, la mayoría según fuentes oficiales en represalia o para impedir la colaboración con la justicia, pero también producto de los niveles de reincidencia y de rearme en grupos enfrentados y de situaciones como la colaboración con la fuerza pública en acciones militares, estimulada precisamente por el pago de recompensas establecido.

La contribución posible de los procesos de DDR de actual aplicación en el país debería residir, ante todo, en contribuir a una perspectiva de desmantelamiento del fenómeno paramilitar. Por tanto, el retorno a la vida civil de personas que provienen de la ilegalidad y el restablecimiento del Estado constitucional en las zonas de impacto del proceso, son propósitos que implican el desmantelamiento integral del fenómeno paramilitar. Para tal efecto, deberían obrar medidas tendientes a desarticular todas las estructuras armadas que subsisten, depurar sus nexos con los ámbitos estatales y de la fuerza pública y promover la reintegración de los desmovilizados con base en compromisos civilistas y de ruptura con la violencia y el uso de las armas.

En consecuencia, no puede sin fundamento presentarse ante las autoridades de los países vecinos los procesos de desmovilización actual en Colombia como carta de solución ante problemáticas mucho más complejas y de fondo. Por supuesto, se requiere más bien fundamentar una política de paz interna, paz en las fronteras y paz en el concierto internacional. Atención debida a la crisis humanitaria y a asuntos como el refugio de colombianos ocasionada por el conflicto armado interno en los países fronterizos. Cooperación activa frente a todas las formas de ilegalidad, de manera que se avance constructivamente en camino hacia la normalización de las relaciones políticas y diplomáticas con todos los países fronterizos, sobre bases de respeto fundadas en ideales democráticos, civilistas, pacifistas y de respeto y acatamiento del derecho internacional.

Bogotá, octubre de 2010

- Álvaro Villarraga Sarmiento es Presidente de la Fundación Cultura Democrática

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 229, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

https://www.alainet.org/es/articulo/145079