Argentina

El fallo de la Corte Suprema dejó muy contento al monopolio Clarín

Emilio Marín

09/10/2010

Opinión

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La Corte falló por mantener la medida cautelar de Clarín. Eso movió a varias polémicas porque hasta el gobierno dijo estar satisfecho. El principal ganador de la decisión judicial fue el monopolio Clarín.

La semana anterior a que se diera conocer el fallo del tribunal, la plaza Lavalle, adyacente a los supremos, se pobló de ciudadanos que requerían una resolución favorable a la ley democrática de medios. Joaquín Morales Solá, en su columna de “La Nación”, llamó a esa multitud “un acto de fanáticos y rentados en apoyo de la ley de medios”. La descalificación del acto fue también el sentido de las notas de “Clarín”, para el que todo fue armado por el aparato kirchnerista y dirigido a control remoto por Cristina Fernández y Néstor Kirchner desde Nueva York.

Era inminente que la Corte dijera esta boca es mía. La mayoría de sus miembros había tomado posición favorable a Clarinete y mantener la medida cautelar dispuesta en primera instancia por el juez Edmundo Carbone. Si se daba ese pronóstico, entonces el recurso interpuesto por Joaquín da Rocha, procurador general del Tesoro, no habría tenido éxito. Estaba en juego el artículo 161 de la ley Nº 26.522, que establece un lapso de un año para que las empresas que hoy controlan más de diez licencias de radio y televisión deban desprenderse del excedente.

Como es público y notorio, hay un holding que domina 260 licencias en violación de la flamante ley de la democracia, de la vieja ley de la dictadura y de cualquier criterio mínimamente pluralista. Los abogados de Héctor Magnetto seleccionaron el juzgado de Carbone para pedir una medida cautelar, el año pasado. Y el mediocre magistrado no los defraudó: según su criterio, estaba afectado el derecho de propiedad.

En mayo de este año fue el turno de la Cámara Civil y Comercial, que ratificó la cautelar porque el plazo de un año para vender el sobrante le pareció “sorpresivo, breve y fatal”.

Morales Solá tenía información de adentro de la Corte y había arriesgado que seis de los supremos fallarían a favor de Clarín. Suponía que el séptimo, Raúl Zaffaroni, lo haría por el recurso del procurador Da Rocha. Casi acertó pues el martes 5 se difundió la resolución, que resultó unánime. Hasta Zaffaroni había firmado el acuerdo; los mal pensados, incluso algunos kirchneristas, interpretaron ese voto final como resultado de los brulotes de Hebe de Bonafini en su discurso del acto de referencia.

No parece ser esa la causa de ese voto. El penalista había declarado que no se sentía ofendido por la titular de Madres, tanto en el reportaje de Canal 26 (Eduardo Valdez) como en el de Canal 9 (Bajada de Línea, de Víctor Hugo Morales).

Tanto Zaffaroni como otros miembros de la CSJN de opiniones progresistas sobre otros temas de la agenda, en esta oportunidad optaron por una posición centrista aunque más cercana a Clarín. Dejaron constancia que se mantiene la cautelar, para beneficio del monopolio, pero a la vez instruyeron al juez Carbone para que falle en un “tiempo razonable” de modo que aquella medida no equivalga a un fallo definitivo.

La venda caída

La interpretación oficialista de aquel fallo dejó mucha tela para cortar. Para sintetizarlo, hay que decir que tanto Cristina Fernández vía Twitter desde Alemania como Néstor Kirchner en actos públicos en Buenos Aires y Santa Cruz, lo valoraron como positivo. Para la presidenta, se trató de un fallo que no firmaban Clarín ni Magnetto. Para el ex presidente, en un año se terminan los monopolios.

Tanto para esas primeras espadas como para algunos funcionarios de menor jerarquía, lo positivo fue que el tribunal dejó en pie la ley de medios, aunque “pateaba para arriba” el famoso artículo 161.

Pero resulta que no estaba en juego la validez de la norma legal; si había alguna duda al respecto la había despejado la propia Corte en junio pasado, al rechazar el planteo de una jueza y la cámara mendocinas. Lo que se discutía concretamente ahora era si el monopolio debía vender sus posiciones de más en el espectro audiovisual en un año o no. Y Carbone, la Cámara y ahora la Corte le dieron la razón a Magnetto.

En consecuencia, si se toma un año a partir de ahora, como imaginó Kirchner, recién esa parte de la ley se aplicaría al beneficiado en octubre de 2011, cuando se votará y habrá un recambio gubernamental.

Pero puede ser peor, porque Carbone ni nadie han dicho cuál es un plazo razonable, y puede ser superior al estimado, con lo que los plazos se estirarían. Y todo lo que ocupe entre tanto el grupo Clarín significará una barrera para el arribo de nuevas voces y puntos de vistas como opciones en el dial y el control remoto.

Al actuar de esa manera, los supremos se han hecho en parte acreedores al mote de “turros” que les puso Hebe de Bonafini. Algunos de esos personajes han cumplido 92 años y siguen en sus tronos, como Carlos Fayt, violando las disposiciones legales (dispensado por sus colegas, en un acto cuestionable).

Los monopolios de la comunicación juzgan los fallos que salen de Tribunales como químicamente puros cuando son contrarios al gobierno que combaten. Desde esa trinchera se dispararon cuatro que sonaron como obuses: la queja por un recorte presupuestario que no era tal, el destinado a reponer al procurador Eduardo Sosa en Santa Cruz, el fallo adverso al Ejecutivo en el caso Apablaza y la confirmación de la cautelar.

Según la visión atropellada de Bonafini, esas cosas ocurrieron porque se pagaron “sobres por debajo de la mesa” a la Corte. No parece ser esa la explicación adecuada; más bien hay que pensar que los supremos están poniendo una de cal y otra de arena ante la posibilidad de que en diciembre de 2011 haya un gobierno de otro signo político.

Son juristas a los que se les ha caído la venda y están oteando el horizonte.

Según la cara del cliente

Con la venda caída, muchos jueces –por supuesto no todos- fallan según la cara, la billetera o el poder político del cliente.

Por ejemplo, el discurso de la presidenta de Madres en el acto del 28/9 tuvo pasajes poco felices, como esa referencia no probada a los “sobres por debajo de la mesa”. Aceptado. ¿Pero qué delito cometió Hebe al decir que si la justicia no convalidaba la ley de medios la gente debía arrancársela, hacer una marcha por mes e incluso tomar Tribunales?

Hasta hoy hay cinco denuncias penales contra la dirigente de Madres y se espera una sexta, si el senador radical Gerardo Morales concreta la suya (alentado por la promoción de juicio que logró contra la piquetera jujeña Milagro Sala).

Una de esas denuncias fue avalada por el fiscal Gerardo di Masi, quien pidió al juez Claudio Bonadío cite a indagatoria a la mujer del pañuelo blanco. Feliz, el diario de la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio sacaba cuentas: “la pena por los hechos que se le adjudican a Bonafini podría ser de hasta 16 años de prisión”.

Aunque es muy poco factible que ocurra eso con Bonafini, da una idea muy precisa de lo inflexible y sesgada en política que es una buena parte del Poder Judicial.

Se puede contrastar esa velocidad de relámpago para perseguir a luchadoras de derechos humanos con la marcha de la tortuga o aún del cangrejo para citar a los grandes evasores. Esos, con sus delitos, generan mucha pobreza, enfermedades y muertes en los sectores más humildes, a los que el Estado podría ayudar más con ese dinero evadido.

En estos días se supo de la denuncia de la AFIP contra la cerealera Bunge, por una evasión de 1.200 millones de pesos. No es la única. Ricardo Echegaray, de esa dependencia, se quejó de que hay centenares de compañías que han ganado millones de pesos y no han tributado ganancias. ¿Qué hace la justicia?

CFK desde Twitter lo puso en claro en 40 caracteres: “el 15/6/10 la CSJN dictó un fallo que impide a la AFIP trabar medidas cautelares sobre los bienes de evasores del fisco. La medida va contra efectividad de la cobranza de morosos, permite desvío de bienes e insolvencia simulada”.

Entonces, ¿hay turros o no?

Y no sólo en el cuarto piso de Tribunales sino en tantos otros estrados. Por caso, la Cámara Federal de Mendoza separó al juez Walter Bento que tramitaba una causa contra los jueces Otilio Romano y Luis Miret por complicidad y participación en delitos contra los derechos humanos durante la dictadura. Uno de los que apartó a Bento es el camarista Petra Fernández, acusado como sus amigos Romano y Miret de favorecer a los represores que violaron esos derechos. Mendoza tiene un triste récord: es la única provincia sin ex militares presos en esas causas. La justicia lo hizo…

Aunque el Procurador general de la Nación, Esteban Righi, pidió al Consejo de la Magistratura urgentes medidas para superar la crisis de la justicia federal de Mendoza, es dudoso que de allí salga el remedio.

El gobierno debería quejarse menos de esos grandes bolsones de injusticia en los Tribunales y autocriticar lo poco que hizo en siete años para disolverlos. Esto es así, aún teniendo en cuenta lo positivo de los cambios inducidos en la composición de la Corte, con los límites que se vieron en estas semanas. Si los Kirchner creyeron que con tres o cuatro supremos nuevos era suficiente y que lo demás vendría por decantación, ya saben que fue una apuesta errónea con los privilegiados que no pagan impuestos a las ganancias.

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