El juicio que el Tribunal Supremo de España está instruyendo contra el juez Baltasar Garzón se ha convertido ya en un asunto que trasciende las fronteras de ese país europeo y que no se limita a una cuestión judicial. Tiene implicancias políticas de todo orden, así como también legales e internacionales.

 

Garzón inició una investigación sobre los crímenes cometidos en España durante la Guerra Civil,que se inició en 1936,y la dictadura de Francisco Franco-”Caudillo de España por la Gracia de Dios” según decía en las monedas de ese país- dictadura que comenzó en 1939 cuando las tropas franquistas derrotaron a las fuerzas del gobierno republicano y que se prolongó hasta 1975,año de la muerte del dictador.

 

Los crímenes cometidos durante y después de la guerra fueron masivos, nunca han sido investigados, se desconoce qué sucedió con más de 100 mil personas y todo se ha ocultado argumentando que no se puede poner en peligro la democracia, sin aceptar que eso es un lastre para la democracia. Pese al tiempo transcurrido, año con año se ha estado demandando una investigación, a que nunca se había iniciado.

 

El juez Garzón, en uso de sus atribuciones, decidió hacerlo, pero sus pares de la Audiencia Nacional se han propuesto impedírselo, argumentando que no tiene facultades para eso por lo que lo acusan de prevaricación. Pero detrás de esto hay un asunto netamente político.

 

Buena parte de los magistrados provienen del franquismo, fuerza que hoy está representada por el Partido Popular, cuya figura más conocida es José María Aznar,ex presidente del gobierno. Dentro de poco habrá nuevas elecciones y esta investigación, que está planteada desde hace casi dos años, podría afectar las posibilidades de ese partido de retornar al gobierno.

 

 Trasciende a España

 

Lo que ya es un debate nacional en España, trasciende a ese país y es un tema que se analiza en muchas partes. porque a pesar de que existe la Carta Internacional de Derechos Humanos aprobada en las Naciones Unidas, su contenido se aplica a conveniencia de determinados países o grupos de poder.

 

Los crímenes del franquismo son equiparables a lo sucedido en América del Sur desde mediados de la década de los sesenta hasta fines de los ochenta. Anulación de derechos políticos, conculcación de las libertades, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas de personas. Nuestra región agrega pactos entre gobiernos dictatoriales para perseguir, asesinar o desaparecer a sus opositores, como fue la Operación Cóndor, y España los entierros masivos de personas en fosas comunes.

 

El juez Garzón logró en 1998 que fuera detenido en Londres el dictador chileno Augusto Pinochet,contra quien se había abierto un juicio en su país. Pese al revuelo y apoyo de la opinión pública internacional, Pinochet no fue extraditado a España, sino que devuelto a Chile donde murió sin ser juzgado ni condenado.

 

Se impusieron las “razones de Estado”.Sin embargo, otros militares,tanto en Chile como en los demás países latinoamericanos han sido juzgados, condenados y están en la cárcel. Algunos acumulan juicios y los procedimientos siguen pese a que las dictaduras habían aprobado leyes de amnistía. Es que esta clase de delitos,en particular las desapariciones forzadas son imprescriptibles y eso también rige para España.

 

La creación del Tribunal Penal Internacional,TPI, al que se opuso y se opone Estados Unidos,introdujo cambios importantes,aunque algunos países y gobiernos no los respeten.La Audiencia Nacional de España,máximo organismo judicial de ese país está poniendo en una compleja situación al Estado español,ya sea por cuestiones políticas o por rivalizar con Garzón.

 

Mientras, en España crece el respaldo a Garzón,lo mismo ocurre en los comentarios de la prensa internacional con excepción, no podìa ser menos, de The Wall Street Journal Europe. Pero veamos ahora por qué las organizaciones franquistas quieren sacar a Garzón de la jugada.

 

El juez abrió una investigación por corrupción que abarcaba acciones en Madrid, Valencia y Costa del Sol, en la que los implicados están acusados de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencia. Se le denomina el caso Gürtel, palabra alemana que significa correa, porque Correa es el apellido principal implicado. Los involucrados, muchos ya detenidos, pertenecen al Partido Popular.

 

En respuesta, a Garzón se lo quiere acusar de peculado por el financiamiento que él habría solicitado al presidente del Banco Santander para un seminario de derecho iberoamericano, aunque ese dinero se habría canalizado a través de una entidad que depende del rey de España. El juez estaba citado al tribunal para el jueves recién pasado.

 

Todo el caso contra Garzón tiene por objeto evitar un debate político sobre los crímenes del franquismo porque hasta el momento el Partido Popular lleva una leve ventaja sobre el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, que ejerce el gobierno y las elecciones ya están próximas.

 

Esto no quiere decir que la motivación del juez sea de orden político, porque aunque Garzón fue en algún momento miembro del PSOE, su acción como juez perjudicó a ese partido durante el gobierno de Felipe González, cuando investigó y estableció que se estaba desarrollando una “guerra sucia”,ilegal, contra ETA a través del ministerio del Interior.

 

El episodio se conoce como el caso GAL, sigla que quiere decir Grupos Antiterroristas de Liberación que eran un organismo paraestatal que actuaba en forma encubierta. Se supone que por ese motivo, entre otros, Felipe González perdió, por un punto, las elecciones de 1996.

 

Ahora, mientras crece el apoyo nacional e internacional a Garzón, José Luis Rodríguez Zapatero, actual presidente del gobierno, pide respeto para los tribunales y para las instituciones centrales del Estado de Derecho. Por su parte, el Fiscal General del Estado, dice que si bien respeta la decisión del Tribunal Supremo, mantiene su criterio en cuanto a que “los hechos no son constitutivos de delito”