Temas pendientes a cien años de luchas de las mujeres

Jenny Ybarnegaray Ortiz

08/03/2010

Opinión

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Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Mujeres. Este año la fecha cobra particular relevancia porque se cumplen 100 de su primera declaración. Este día fue propuesto por primera vez en 1910 por Clara Zetkin (socialista alemana), durante la Conferencia de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague. La propuesta llegó al comienzo de un periodo de gran transformación social y política en el mundo, el movimiento feminista de “primera ola”, además del derecho a voto y a ocupar cargos públicos, demandaba el derecho a trabajar, a la enseñanza vocacional y el fin de la discriminación en el trabajo.

Desde entonces ha transcurrido un largo siglo de luchas feministas en todo el planeta y la ocasión se hace propicia para un balance de nuestros avances. Sin duda, lejos estamos de aquellas primeras reivindicaciones, particularmente la del derecho al voto femenino, reconocido y aplicado en casi todos los países del mundo, salvo excepciones donde aún predominan regímenes abiertamente patriarcales y fundamentalistas. Tampoco es novedad que las mujeres ocupen cargos públicos, incluida la primera magistratura de los estados, que tengan acceso a la educación o que realicen trabajos antes considerados “propiamente masculinos”. Sin embargo, es preciso remarcar que ninguno de estos avances ha sido concesión gratuita de nadie, peldaño a peldaño las mujeres venimos conquistando nuestros lugares en la sociedad y aún resta un largo camino que recorrer para lograr la plena igualdad de derechos entre mujeres y hombres, como también de las mujeres entre sí.

En Bolivia, a diferencia de otros años, este día no pasará desapercibido, diversos actos conmemorativos y de movilización están sucediendo hoy porque, así como reconocemos nuestros importantes avances, también levantamos una amplia agenda de conquistas por lograr. Cómo no celebrar un gabinete paritario, cómo desconocer los avances alcanzados en la representación política dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional y particularmente en el Senado, cómo no alegrarnos de cuanto espacio abierto a la participación política de las mujeres.

Sin despreciar los múltiples temas de la agenda de las mujeres, en lo particular y por el trabajo que realizo, continuaré insistiendo puntualmente en la necesidad de jerarquizar el mecanismo público nacional destinado a desarrollar las políticas públicas conducentes al cumplimiento de la Constitución Política del Estado. En este sentido, es preciso recordar una vez más, que su creación data de 1993 y que desde entonces, se formularon seis planes nacionales de desarrollo orientados a mejorar la situación de las mujeres. Lamentablemente, todos se ejecutaron parcialmente, porque los gobiernos nunca tuvieron una auténtica voluntad política para llevarlos adelante, retacearon la inversión pública –al punto de que su financiamiento dependió en proporciones mayores al setenta y cinco por ciento de contribuciones de la cooperación internacional–, manosearon el mecanismo público llevándolo de un ministerio a otro y subiéndolo y bajándolo de rango cuantas veces quisieron, y todavía en algunos círculos, se preguntan por qué se insiste en “la misma agenda” después de casi veinte años.

La respuesta no se deja esperar, la violencia contra las mujeres sigue vigente, se acrecienta día a día el número de denuncias, pero los casos no pasan del “confesionario” de los servicios públicos a los estrados judiciales, ni siquiera los múltiples casos de feminicidio (asesinatos a mujeres) cuyos perpetradores continúan impunes. Existen datos preocupantes reportados (y en revisión) por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) que indican que la tasa de mortalidad materna puede haberse incrementado de 230 por 100.000 nacidos vivos en 2003 a 310 en 2008. Se espera el próximo censo nacional de población y vivienda para confirmar datos referidos al decremento sustancial del analfabetismo en general y del femenino en particular como resultado de las campañas de alfabetización en curso. Las mujeres continúan percibiendo salarios inferiores a los que reciben los hombres por el mismo nivel y tipo de trabajo. Las costumbres no han variado significativamente en lo que corresponde a la redistribución de las cargas del trabajo dentro del hogar.

Si bien es cierto que las modificaciones esperadas sólo serán posibles cuando el estado en su conjunto asuma las responsabilidades pertinentes a cada caso, ya que ninguna entidad pública puede sustraerse de cumplir la Constitución, también es cierto que sin un ente público específicamente mandado a realizar las tareas necesarias para ello, se demorará mucho tiempo, quizás otro siglo, para ver plasmados los derechos conquistados en la Carta Magna.

Por eso, requerimos una entidad que se ocupe de:

a. Formular y ejecutar políticas públicas, normas, planes, programas y proyectos nacionales que promuevan la implementación efectiva de los derechos de las mujeres establecidos en la Constitución Política del Estado.

b. Promover el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el Estado Plurinacional en materia de derechos de las mujeres.

c. Promover y coordinar con organismos públicos y de la sociedad civil organizada, la transversalización de los derechos de las mujeres en las políticas públicas sectoriales y multisectoriales y respectivos planes de desarrollo e institucionales.

d. Coordinar con las instancias autónomas del nivel departamental y municipal, la formulación e implementación articulada de políticas públicas, planes, normas, programas y proyectos que garanticen la vigencia efectiva de los derechos de las mujeres.

e. Implementar políticas, planes y programas de institucionalidad y fortalecimiento organizacional en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado.

f. Promover el fortalecimiento institucional de todas las instancias creadas y por crear con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres.

g. Promover, en coordinación directa con organizaciones sociales de mujeres de todos los sectores laborales, de todas las clases sociales, de todas las identidades étnicas y culturales, la construcción sostenida de un movimiento de mujeres sólido, solidario, plural y democrático.

h. Rendir cuentas de manera pública, participativa y transparente por resultados alcanzados.

Lo mismo requerimos en los otros niveles de la gestión pública. El proceso autonómico avanza, se está construyendo la nueva arquitectura estatal y en ella ya no se puede tolerar la existencia de “unidades de género” u “oficinas de la mujer” sin recursos, sin personal idóneo, sin jerarquía institucional para tomar a cargo la responsabilidad de ejecutar políticas públicas a favor de las mujeres.

En este Día Internacional de las Mujeres, el Presidente bien pudo regalarnos la decisión de constituir una entidad de estas características; lamentablemente, en los círculos palaciegos continúa vigente el discurso en contrario. Todas esperamos que las ministras (como también los ministros) desarrollen acciones orientadas a mejorar la situación de las mujeres, en ello tienen un enorme desafío; pero, un gabinete paritario no es necesariamente garantía de una gestión pública a favor de las mujeres, porque los cargos públicos suelen ser transitorios, mientras que una sólida institucionalidad pública tiene proyecciones de continuidad. En verdad, lo uno no contradice lo otro, mas al contrario un gabinete paritario podría ser bien orientado por una entidad pública que se ocupe de las políticas públicas a favor de las mujeres.

Continuaré insistiendo en este propósito con la seguridad de que un día no muy lejano veremos constituirse una entidad pública que se ocupe seriamente de hacer cumplir lo que manda la Constitución Política del Estado en lo que a derechos de las mujeres corresponde.

- Jenny Ybarnegaray Ortiz, La Paz

https://www.alainet.org/es/articulo/139901