Perú

Peruanas reclaman vigencia de sus derechos

Julia Vicuña Yacarine

09/10/2009

Opinión

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Hasta el Ministerio de Salud (MINSA) se movilizó un nutrido grupo de peruanas para exigir al titular del sector, Oscar Ugarte, el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la aprobación del protocolo para la atención del aborto terapéutico legal en el Perú desde 1924.

El plantón fue promovido por el colectivo Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, fecha instituida en el V Encuentro Feminista Latinoamericano para centralizar las demandas de las mujeres respecto a esta práctica, penalizada en el Perú, a excepción de la realizada para salvar la vida de la gestante o evitar en su salud física y mental un daño permanente.

Jeannette Llaja, directora de DEMUS y vocera de la Campaña 28 de Septiembre, dijo a SEMlac que existe una propuesta de protocolo para la atención de aborto terapéutico en los hospitales del país que, lamentablemente, las autoridades de Salud no han aprobado por presiones de índole confesional.

"Demandamos la vigencia de un Estado laico donde se gobierne en base al respeto de los derechos de las personas y también exigimos la aprobación del protocolo, nosotras como sociedad civil asistimos el 5 de abril de este año a una reunión en el Ministerio de Salud y nos expusieron la propuesta, hicimos nuestros comentarios, pero hasta la fecha no ha sido aprobada", señaló.

En el plantón, las mujeres vocearon lemas que hacían alusión a su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, a la importancia de garantizar el Estado laico, la despenalización del aborto, y rechazaban la intromisión de la jerarquía católica en asuntos públicos.

En Perú, anualmente 7.000 mujeres exponen sus vidas al recurrir a abortos clandestinos por razones de salud y el índice de mortalidad materna, en este país, es el segundo más alto en América Latina.

Se estima, extraoficialmente, que cinco ciento de esas muertes es consecuencia de abortos realizados en condiciones inseguras a mujeres con gestaciones riesgosas, que no pudieron acceder a la interrupción legal de su embarazo para preservar sus vidas.

Según la normatividad del MINSA, el aborto terapéutico debe ser regulado a través de una Guía de Práctica Clínica (o protocolo de atención) y es el ministerio, como máximo ente rector normativo en materia de salud a nivel nacional, el que tiene la obligación de establecer los procedimientos a seguir en qué casos y cómo debe ser realizado.

Susana Chávez, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, dijo a SEMlac que han demandado al Estado peruano ante las Naciones Unidas (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas - CEDAW) por no permitirle a una menor de 16 años realizarse un aborto terapéutico, que hubiera impedido la invalidez permanente que hoy padece.

La joven, proveniente de una familia humilde, a los 13 años de edad fue violada por dos sujetos y quedó embarazada. Asustada, trató de quitarse la vida y se arrojó de un segundo piso; no murió, pero sufrió el desprendimiento de la sexta cervical y un desplazamiento de la médula.

En el hospital, se negaron a practicarle una operación de emergencia porque estaba embarazada. Los doctores del hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, ubicado en la provincia Constitucional del Callao, a 12 kilómetros del centro de Lima, la mantuvieron en cama por más de 16 semanas, hasta que se produjo un aborto espontáneo.

"La operaron cuando ya no tenía arreglo y hoy vive postrada porque sufre una gravísima discapacidad, no puede controlar esfínteres ni movilizarse. Por eso, hemos presentado una demanda en contra del estado peruano frente a la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque es una violación flagrante de los derechos humanos de esta menor de edad", dijo Chávez.

Asimismo, señaló que otro tema son los embarazos productos de violación, "un drama para muchas mujeres que son condenadas a culminarlos, aunque algunos terminan en un aborto clandestino. Estos también deberían ser incluidos en el marco del aborto terapéutico".

La demanda exige al Estado reparaciones para que la menor pueda recuperarse y tenga una vida digna. Además, piden la sanción para los responsables de no darle a la niña el tratamiento de urgencia que esta requería.

https://www.alainet.org/es/articulo/137040