El gobierno español y las empresas transnacionales:

Del eje del mal a la rentabilidad económica

Erika González, Juan Hernández Zubizarreta

06/08/2009

Opinión

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“Se alternan las oportunidades de negocio y el palo entre las ruedas, la verdad es que Venezuela mantiene su innegable atractivo. Santander, Repsol, BBVA, Elecnor, Iberdrola, Técnicas Reunidas, CAF... estarán este domingo en plena misión empresarial al país encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos”

(“Una Venezuela bipolar”, El País Negocios, 26 de julio de 2009).

La visita del ministro Miguel Ángel Moratinos a países como Venezuela pone en la agenda pública la inseguridad jurídica para las multinacionales españolas. Sólo hace un mes, Moratinos pidió al Gobierno de Bolivia seguridad jurídica para las corporaciones españolas ante el contexto de aplicación de la nueva Constitución de este país.

Lo descrito nos sitúa ante algunos hechos sorprendentes: el Gobierno español equipara la defensa de los intereses de las empresas transnacionales con los del conjunto de la ciudadanía, estableciendo de facto que los consejos de administración de Repsol, Iberdrola, Santander, BBVA, etc., representan al pueblo español. Sin embargo, la inseguridad jurídica que en teoría genera el gobierno de Chávez o de Morales se transforma en un sistema pleno de garantías legales cuando estas empresas obtienen jugosos beneficios, reflejados en sus contratos de explotación. En esos casos, los medios de comunicación pasan de ver sólo sombras legales en países que califican de dictaduras populistas, a deslumbrase por la eficacia de la diplomacia española.

Lo importante para el Gobierno español reside en tutelar los intereses de las multinacionales y de sus principales accionistas. En este sentido, las vinculaciones existentes entre los sucesivos gobiernos y las transnacionales se ponen de manifiesto por medio de diferentes mecanismos directos e indirectos, que conforman una política exterior muy anclada en el modelo neoliberal. Ya lo dice el presidente de Repsol YPF en una entrevista para la revista del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: “Hoy, tener como aliadas a las Embajadas que el Gobierno de España tiene por todo el mundo, es un importantísimo activo que tienen las empresas españolas.” (Miradas al exterior nº 10, abril – junio de 2009).

La promoción y la diplomacia comercial, los instrumentos financieros y de política de cooperación; el apoyo directo logístico y la expansión exterior; la composición de las delegaciones en viajes oficiales y comerciales, donde las grandes corporaciones siempre están presentes, y las entrevistas y acuerdos bilaterales con gobernantes conforman el Derecho Comercial Global de las multinacionales. Este ordenamiento normativo se impone al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ojalá los hombres y mujeres explotados del planeta tuvieran a su favor algún mecanismo jurídico- político similar. Sus derechos son reenviados a grandes declaraciones, encuentros, foros, etc., donde su protección legal queda diluida en la voluntariedad y unilateralidad de la Responsabilidad Social Corporativa. El Gobierno español ni siquiera es capaz de establecer fórmulas que incorporen a las inversiones privadas el respeto de los derechos humanos.

Sería un gran avance si el ministro Moratinos organizara una visita a Colombia para exigir al presidente Uribe que respete la seguridad jurídica de miles de hombres y mujeres desaparecidos, desplazados y afectados por las prácticas de las multinacionales que violan los Derechos Humanos. La verdadera seguridad jurídica es la que sitúa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por encima del Derecho Comercial Global, es decir, de los intereses de las mayorías frente a los de las minorías, y ahí, la diplomacia española brilla por su ausencia.

Juan Hernández Zubizarreta (profesor de la Universidad del País Vasco UPV-EHU) y Erika González (investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad)

https://www.alainet.org/es/articulo/135562?language=es